La política urbana: lo que dicen los candidatos

Según el analista, hoy la ‘renovación urbana’ es presentada como sinónimo de demolición y desalojo de residentes.

Foto: Tomada de Pixabay

El olvido del urbanismo

La última vez que una propuesta de política urbana tuvo incidencia en la elección de un presidente en Colombia fue en los años 80. El candidato que ganó dijo “Sí se puede construir masivamente vivienda popular”. Desde entonces el tema urbano parece que perdió importancia.

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Los asuntos urbanos que ahora se incluyen en los programas de gobierno no son desarrollados ni discutidos en los debates. Parece que no es un tema de interés ni para los candidatos, ni para los periodistas que los entrevistan. Las razones:

• Primero, ante la urgencia de la corrupción, la inseguridad y el desempleo, el urbanismo—un tema complejo— se ha reducido a planteamientos tan simples que hacen que no valga la pena discutirlo.
• Segundo, los fenómenos urbanos cambiaron y ahora, con menos crecimiento de población y sin urgencia por responder a las demandas de migraciones masivas del campo a las ciudades, la política urbana se le deja a los gobiernos locales para que la definan con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Ingredientes para una política urbana

No obstante, el urbanismo contemporáneo es de importancia nacional y mundial. Éste maneja simultáneamente ingredientes técnicos, sociales y económicos, que son fundamentales para formular una política urbana. Pero así están abordando los candidatos dichos puntos:

• El ingrediente técnico lo reducen a la definición del número de viviendas que se espera construir durante el período presidencial. Si la cifra está alrededor de un millón de unidades con subsidios, nadie discute. Sin embargo, ni el gobierno ni los candidatos presidenciales usan conceptos como densidad de población y su relación con los índices de construcción y cubrimiento de servicios sociales. Para ellos, es suficiente decir que “las ciudades se deben densificar” con ‘viviendas dignas’.
• El ingrediente social de la participación ciudadana es mencionado, pero ninguna propuesta precisa si esto significa seguir con las mismas encuestas, y los mismos protocolos de socialización de los proyectos. Hasta el momento, estos instrumentos no favorecen la participación ciudadana, sino que validan —o disfrazan— como consenso las decisiones que se tomaron sin consultar a nadie.

Por otro lado, existe la creencia de que el mejor gobernante es el que más hace obras —claro está, sin la interferencia de las comunidades—. El orgullo de los políticos es presentar una lista larga de obras inauguradas o contratadas. No importa si los proyectos no están coordinados, no son bienvenidos por la ciudadanía, o si durante la construcción producen efectos irreparables en la economía de la ciudad. Tampoco importa si las obras no son sostenibles, y se convierten en cargas para las ciudades.

• El tercer ingrediente es el más complicado, pues determina el papel que deberían jugar las ciudades en el contexto del desarrollo del país. Este ingrediente es la relación entre lo urbano y lo rural, es decir, la creación de ciudades-región o polos de desarrollo, e implica precisar qué es ‘mejorar la calidad de vida’.

En los programas de gobierno, la política para las ciudades se reduce a un capítulo que se titula ‘vivienda’, independiente del tema rural. No he visto que exploren, por ejemplo, el provocador planteamiento del libro clásico La Economía de las Ciudades de Jane Jacobs, cuyo primer capítulo se titula: “Primero las ciudades – Desarrollo rural después”. Al contrario de lo que suele pensarse, dice ella, el mejor apoyo al campo parte de la mejora de las ciudades.

¿Qué deberían proponer los candidatos en política urbana?

Los programas de gobierno de los cuatro candidatos que van adelante en las encuestas coinciden, explicita e implícitamente, en la necesidad de actualizar leyes relacionadas con temas urbanos. Mencionan la Ley 388 de 1997 que, de ser preciso, puede ser el punto de partida para proponer una política urbana.

Caso interesante es la revisión del POT de Bogotá. Tres alcaldes recientes intentaron que el Concejo Distrital lo aprobara, pero ninguno lo logró. Fue adoptado por decreto (Decreto 555 de 2021) en contra de manifestaciones públicas de concejales, comunidades, expertos académicos y gremios. Para justificar esta imposición se menciona 57 veces la Ley 388 de 1997 y 28 leyes más.

Ante este panorama, observemos tres puntos técnicos urbanísticos de incidencia nacional que los candidatos podrían desarrollar para mostrar conocimiento, decisión y diferencias: facilitar la aprobación del POT y definir los pasos para conseguir un proceso coherente de planeación, densidad poblacional vs. ‘calidad de vida’, y renovación urbana vs vivienda digna.

Aprobación del POT

El primer punto es facilitar la aprobación de los POT y definir los pasos para lograr un proceso coherente de planeación.

La Ley 388 de 1997 determina que los POT deben tener un componente general con objetivos a largo plazo y un componente urbano que incluya las normas para el manejo local. Este es el primer obstáculo para su aprobación.

Las autoridades que formulan los POT ven la integración del componente general con el urbano como la oportunidad para dejar su ‘huella para siempre’. De esta forma, cambian todos los antecedentes normativos y refundan las ciudades con un nuevo Modelo de Ocupación Territorial (MOT).

Sería un gran avance si se determina por ley que el MOT no se modifique cada 12 años y que el POT apenas actualice el código de construcción —como ajuste a las necesidades circunstanciales—. Esto significa que el papel de las ciudades en el contexto nacional no cambiaría con cada POT.

Por ejemplo, en la ciudad de Chicago —un clásico en la historia de la planificación urbana— sigue vigente un plan urbanístico general que fue aprobado en 1909. Éste fue elaborado por los urbanistas más reconocidos de los Estados Unidos junto con empresarios y comunidades.

Este plan, que es equivalente al MOT, incluye:

• integración regional;
• la dirección de la expansión;
• el diseño de los sistemas de parques y transporte, y
• la ubicación de sitios para vivienda, producción, comercio y equipamientos sociales.

Después de su adopción, funcionarios de la administración elaboraron nuevas versiones del código de construcciones que se ajustan según las necesidades de la ciudad —conservar barrios tradicionales, preservar el frente público sobre el lago o promover construcciones comerciales, residenciales e institucionales—. Estas actualizaciones tienen hasta 47 años de diferencia entre ellas.

Densidad poblacional vs. ‘calidad de vida’

El segundo punto consiste en explorar y aclarar relación entre altas densidades poblacionales y mejor ‘calidad de vida’.

Decir que la ciudad debe ser ‘densa y compacta’ es un mantra sobre el cual no se pide explicación. Sin embargo, densidad adecuada es el resultado matemático de la confluencia de cantidad de población por unidad de área, existencia de espacio por persona, y la oferta de servicios.

Aunque este es un tema esencial del urbanismo contemporáneo, la Ley 388 de 1997 sólo menciona la palabra ‘densidad’ 4 veces y no define ni explica su uso. Así mismo, en los cuatro programas de gobierno revisados tampoco hacen mención del concepto ‘densidad urbana’.

Es importante destacar que las ciudades con más alta densidad poblacional en el mundo coinciden con las ciudades con peores condiciones de vida.

Según la encuesta anual sobre calidad de vida de la revista The Economist, antes de la pandemia de la COVID-19, las peores ciudades para vivir eran: Damasco con 144 habitantes por hectárea; Dhaka con 232; Lagos con 181, y Karachi con 189. Mientras tanto, ciudades con densidades hasta 6,8 veces menores, coinciden con las mejores condiciones para vivir. Los ejemplos son Viena con 34 habitantes por hectárea, Melbourne con 50, y Osaka con 64.

En este contexto, ¿cuál debería ser la política de densidad para las ciudades colombianas? Hoy Bogotá tiene 135 habitantes por hectárea y con la interpretación que le da el nuevo POT a la ley sube a 264. Esta sería la segunda densidad más alta del mundo.

Por esta razón, los candidatos deben preguntarse si esta ‘hiperdensidad’ se debe generalizar y ser meta nacional.

Renovación urbana vs. vivienda digna

El tercer punto estriba en la ‘renovación urbana’ y la ‘vivienda digna’ —mantras no menos complicados que la ‘densidad de la ciudad’—.

Hoy la ‘renovación urbana’ es presentada como sinónimo de demolición y desalojo de residentes, incluso, la Ley 388 de 1997 incita a la expulsión de residentes. El artículo 58 determina motivos para declarar un predio de ‘utilidad pública’ y con estos puede expropiar y desalojar. Pero también incluye un motivo sorprendente: “Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento”.

Esto lo interpretan los funcionarios que elaboran los POT como la oportunidad para declarar de ‘utilidad pública’ y ‘desarrollo prioritario’ predios que se destinan a centros comerciales, oficinas y viviendas de estrato seis.

Por un lado, hay circunstancias que hacen esta acción entendible. Por ejemplo, cuando se va a desarrollar infraestructura social, vivienda de interés social, espacio público, obras para suministrar servicios públicos domiciliarios, infraestructura vial, sedes administrativas, preservación del patrimonio, y protección del medio ambiente.

Por otro lado, con la idea de facilitar que los promotores inmobiliarios puedan ‘cerrar’ los cálculos económicos de sus proyectos, en otras ciudades del mundo son permitidas ‘hiperdensidades’ sin precedentes, siempre y cuando paguen unas cargas. No obstante, estas nunca se equipararán a los efectos negativos que estos proyectos producen: congestión, hacinamiento y sobrecarga en los servicios públicos. Sobre los candidatos algo deberían decir los candidatos.

Bogotá: cada vez con menos espacio

Por último, no existe en ninguna ley nacional vigente una política coherente para la creación de espacio público.

El POT más reciente de Bogotá aplica la legislación nacional para lograr la peor combinación:

• reducir el área privada de las viviendas para que los constructores con el subsidio existente puedan ganar más por metro cuadrado, y, adicionalmente,
• reducir el área existente de espacio público por habitante de 4,5 metros cuadrados a 1,14.

Hoy Madrid tiene 85 metros cuadrados de espacio público verde por habitante, Londres 31 y Auckland 357. Con estas referencias, ¿cuál debería ser la política nacional para producir ‘vivienda digna’?

*Arquitecto (Universidad de Los Andes), Master en Diseño Urbano (Rice University, USA). Ha sido profesor en las universidades de Los Andes, Javeriana, California (UCSD-USA) y Pennsylvania (USA). Miembro del Comité Asesor de Temas Urbanos del ‘Foro Económico Mundial’ (Abu Dhabi-2011), Coordinador técnico de la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca (2001-2005), y gerente de MN+A Arquitectos Urbanistas. Escribe sobre temas urbanos en El Tiempo y La Silla Vacía.

*Este texto forma parte de la Alianza Poder y Territorio para discutir asuntos territoriales en el contexto de las elecciones de 2022, establecida entre la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), el concejal Diego Cancino, y un grupo de académicos formado por Carmenza Saldías, Andrés Hernández, Mario Noriega, Alex Araque, José Salazar y Angélica Camargo.