“El arquitecto e historiador Benjamín Barney lo dice con claridad: “San Antonio es el barrio patrimonial más importante de Cali, porque es el más viejo que queda en la ciudad, lo que le da una importancia enorme no solo en la región sino en Colombia”.
Sin embargo, el caos vehicular, el ruido, la invasión del espacio público y la destrucción de sus predios tienen amenazada esta ‘joya’ histórica declarada en 1985 área de interés patrimonial y preservación urbanística, mientras la capilla y su Colina, monumento nacional en 1997.
El arquitecto Samuel Castro, actual presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, y residente de toda la vida en San Antonio, advierte que el auge sin control del sector comercial ha generado toda esta problemática, pese a que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) estipula unas restricciones para usos del suelo en la zona y lo reduce a 49 actividades enfocadas a la supervivencia de las familias asentadas en el barrio como negocios de modistería, zapatería, tiendas, artesanías, etc.
Los fines de semana pueden llegar hasta 12 mil visitantes, colmando las pequeñas calles del vecindario y la Colina de San Antonio con sus carros y motocicletas.
“En el 2010 se realizó un censo que arrojó que el 85 % de los predios eran residenciales y el restante 15 %, comerciales. Como la norma solo permitía el 5 %, congelaron los usos del suelo. Sin embargo, en el 2014, cuando se revisó el POT, fueron descongelados. En el 2017 los predios comerciales aumentaron a un 25 %”, expresó el profesional.
Según Jorge Gamboa, presidente de Funvesan, la iniciativa ‘Camina San Antonio’, atraerá aún más visitantes de los que hoy día impactan la Colina.
Además, pocos empresarios respetan la norma que establece que solo una cuarta parte del predio puede ser usado para comercio de uso tradicional de barrio residencial.
El arquitecto Diego Carrejo, coordinador del Observatorio Ciudadano del Patrimonio de Cali, aseguró que todo esto ha ido transformando los usos del suelo que rebasan el nivel de barrio hasta escalar el de ciudad, pues algunos establecimientos ofrecen servicios que no son para los residentes en San Antonio sino para todo Cali.
“Un ejemplo son los restaurantes que ofrecen platos de $70.000, que hace imposible que un habitante del barrio vaya a comer allá ”, indicó.
Este tipo de negocios trae consigo un perfil de cliente que usualmente se moviliza en vehículos de gran tamaño, acompañado de escoltas, los cuales parquean en las estrechas calles provocando un gran caos vehicular.
“Cuando no son los vehículos, son los mismos negocios con mesas y sillas los que ocupan el espacio público y los moradores debemos dejar parqueados los carros a dos cuadras de nuestras casas cuando no quedamos atrapados dentro de ellas. No hay un control de las autoridades en esta zona”, manifestó por su parte la comunicadora social, Paola Lenis.
Aunque la norma también prohíbe bares y gastrobares en San Antonio, los vecinos se quejan de que algunos establecimientos ponen música a alto volumen y contratan música en vivo, mariachis y hasta parrandón vallenato , que no les deja conciliar el sueño.
“Manejan horarios prácticamente 24/7 porque los que bajan de la colina, a la madrugada, están embriagados, cantan, gritan, otros tocan las puertas y así es imposible dormir”, reitera Adriana Bedón, propietaria de un negocio de artesanías.
Por su parte, Jorge Gamboa, presidente de la Fundación Vecinos de San Antonio, Funvesan, señaló que cansados de que la Administración y demás autoridades “hicieran oídos sordos” a sus reclamos y derechos de petición, recurrieron a la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, que expresó la necesidad del cumplimiento de la norma para salvaguardar y proteger el patrimonio cultural.
La Fundación Vecinos de San Antonio, Funvesan, desde el 2017 viene denunciando irregularidades en este predio considerado como Bien de Interés Cultural, BIC.
El País
“La Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura solicitó a la Administración que remita información de los proyectos aprobados o en curso de aprobación en la Zona de Influencia de la iglesia San Antonio, -Bien de Interés Cultural, BIC, del ámbito nacional-, además de un informe pormenorizado de las intervenciones en la zona de influencia de la iglesia, en los predios de los restaurantes La Boheme, Sisa Atahualpa y Zaguán de San Antonio, entre otros”, subrayó el líder cívico.
Entre tanto, Mauricio Duque, empresario del sector gastronómico, anotó que es innegable que el barrio ha tenido una transformación hacia lo comercial que genera impactos a la comunidad, pero recalcó que la ciudad no tiene una política clara de parqueaderos, lo que agrava la problemática frente a unas iniciativas que resultan inadecuadas y terminan por desinformar y confundir aún más a todos los habitantes y visitantes del barrio.
La peatonalización del sector, un piloto que arrancó hace seis meses, en la Carrera 6, entre calles 5 y 2, no contó con la participación de la comunidad y tampoco ha recibido ninguna retroalimentación de sus habitantes, según afirman.
“Falta pedagogía, seguimiento y que estas iniciativas se socialicen con los residentes”, dijo el arquitecto Castro.
En ese sentido, se pronunció también el concejal Richard Rivera, quien sostuvo que el gobierno distrital -en cabeza de Planeación- tiene que hacer un proceso de concertación, de socialización con la comunidad, para definir qué manzanas podrían cambiar el uso de suelo tomando como base el proyecto del Bulevar de San Antonio.
“Aquí el gobierno peca, porque no socializa, no concerta con las comunidades, para que conozcan más del tema y no con unas jornadas que les han llamado Camina San Antonio que poco eco han tenido”, afirmó.
El barrio San Antonio ubicado al occidente de Cali tiene alrededor de 4500 moradores en 27 manzanas, en donde se estiman hay unos 800 predios.
Responden las autoridades
El director de Planeación, Roy Alejandro Barreras, reconoció que San Antonio está siendo impactado de manera desmedida por la actividad comercial, sobre todo en el tema de movilidad con el parqueo de vehículos, además del ruido
“Esos impactos estamos trabajando para mitigarlos. Precisamente, lo que estamos haciendo con la estrategia ‘Camina San Antonio’ es tratar de avanzar en la peatonalidad del barrio, de educar a los visitantes para que entiendan que no deben ir en carro, porque están afectando a los vecinos y para tratar de proteger la residencialidad del barrio”, enfatizó.
La JAC y la Administración conformaron una mesa técnica para concertar los proyectos. JAC propone ubicar el comercio en plazoletas y en esquinas del barrio como solución a la problemática.
Añadió que los vecinos son los que dan vida a un barrio, pues cuando un sector se reduce a solo comercio se convierte en un barrio fantasma los domingos y es cuando llegan fenómenos de inseguridad, escombros, etc.
De ahí la necesidad, insistió, de construir una sana convivencia entre el comercio y los vecinos. Por eso, y ante las limitantes de la Administración para ubicar guardas en cada esquina, están haciendo uso de otras estrategias como Urbanismo Táctico para ampliar los andenes y evitar el parqueo de vehículos.
Leonardo Medina, subscretario de Patrimonio, indicó que de acuerdo con las denuncias recibidas alrededor de la vulneración del patrimonio en barrios protegidos, han adelantado algunas investigaciones y sanciones que se encuentran en cobro coactivo por parte de la administración.
“Tenemos además un equipo de arquitectos que hacen visitas semanales y recorridos en los barrios protegidos para establecer dónde se están haciendo obras civiles que vulneren el patrimonio arquitectónico de la ciudad para abrir procesos legales y sancionar a los responsables”, acotó.
No obstante, los moradores insisten en que no hay un verdadero control, vigilancia, ni presencia gubernamental en San Antonio.
Dicen estar solos.
