El Presidente no querría sacrificar al fiscal general de la República que él mismo propuso. Una y otra vez ha expresado que Alejandro Gertz Manero es un hombre merecedor de su confianza. Pero tras el fallo de la Suprema Corte que desnuda la persecución judicial ejercida en contra de los ex familiares sujetos a la acusación del propio Gertz, parecería que el resto de la opinión pública no comparte tan generosa apreciación del personaje. Me pregunto, incluso, si en su fuero interno Andrés Manuel López Obrador aún la mantiene. Este martes, ante preguntas insistentes reiteró ese aparente apoyo; “yo tengo confianza en el fiscal”, dijo escuetamente, pero acompañó la frase de otra que en cierta manera la contradice: “… y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros. Ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades”. Sobra decir que el caso que aplaude el Presidente es la resolución de los ministros tomada por unanimidad, gracias a la cual se exhiben las irregularidades que dan cuenta de un montaje judicial y un abuso de poder encaminado a beneficiar a Gertz Manero en sus empeños para encarcelar a sus demandados.
Más revelador es el planteamiento que hizo AMLO al ofrecer protección por parte de la Segob a las víctimas, Laura Morán y Alejandra Cuevas. ¿Protección contra qué? Eso no lo dijo el Presidente, pero es obvio que no puede ser otra que protegerlas contra alguna represalia de parte de su fiscal. Implícitamente el propio López Obrador estaría reconociendo que no confía en que la obsesión de Gertz Manero se limite a los conductos legales.
A estas alturas el resto de la sociedad confía aún menos. Hace mucho que una votación de la Suprema Corte no arrojaba un voto unánime tratándose de un tema relevante. Pero las violaciones al proceso fueron tan absurdas que no admitían dudas. Para castigar a estas mujeres hubo que recurrir a la invención de un delito que no existe y los ministerios públicos que se negaron a otorgar una orden de aprehensión improcedente, a su vez, fueron obligados a renunciar y debieron huir para no terminar en la cárcel. En suma, una afrenta vergonzosa para el sistema judicial en su conjunto.
En circunstancias normales, cualquier funcionario habría renunciado ante la evidente imposibilidad de seguir ejerciendo sus funciones con el mínimo de credibilidad que estas exigen. Por desgracia, la línea de conducta mostrada por Gertz Manero corresponde a alguien que suele operar más en función de sus intereses, filias y fobias que por un predicamento ético o incluso legal. La obligación moral o lealtad hacia la corriente que lo instaló en la Fiscalía tendría que llevarlo a la conclusión de que manteniéndose en su puesto daña al propio Presidente. Pero me temo que los impulsos honorables de Gertz no son su fuerte. Su comportamiento con respecto a las rencillas familiares, por no hablar de otros temas controversiales en los que se ha visto envuelto, así lo sugieren.
Siendo así, todos los caminos conducen a Palacio. Si lo único que sostiene a Gertz es la voluntad del Presidente, habría que preguntar: ¿quiere López Obrador mantener a un fiscal que ya no es funcional al discurso de un gobierno comprometido con la justicia? Porque no nos engañemos, pese a la cacareada autonomía de poderes, bastaría una conversación privada en Palacio para que fuera insostenible la posición del fiscal o, en su defecto, un extrañamiento a través del Senado, dominado por el partido oficial.
La polarización que tan buenos dividendos ha generado en términos de apoyo popular, en ocasiones se vuelve en contra de los intereses del Presidente. En situaciones como esta, suele asumir que toda rectificación que pueda ser destinada por sus rivales equivale a una derrota política. López Obrador podría asumir que precipitar la salida de un funcionario que él propuso, y al que apoyó reiteradamente, mostraría una vulnerabilidad indeseable. Quizá. Pero el costo de retenerlo supone una derrota política de mayor magnitud. La permanencia en el máximo puesto de la procuración de justicia de un personaje con la reputación destruida, produce un daño incalculable a un gobierno que desea hacer las cosas de manera diferente.
Independientemente de que los actos de la Fiscalía estarán comprometidos por la eterna sospecha de que incurre en agendas personales, impulsos vengativos y prácticas legales dudosas, la imagen misma del Presidente y su compromiso con la tarea del combate a la corrupción quedarán en entredicho.
López Obrador puede apostar a la posibilidad de que este escándalo sea dejado atrás, pero el inevitable protagonismo de una institución como la Fiscalía hará de Gertz Manero un elefante rosa imposible de invisibilizar. Tomar distancia personal, como parece haber decidido AMLO, no funciona en este caso, porque para tirios y troyanos resulta evidente que el fiscal sigue en el puesto gracias al apoyo que le otorga el soberano, pese a las irregularidades cometidas.
El combate a la corrupción por parte de la 4T nunca será verosímil mientras las leyes se cumplan en los bueyes de mi compadre, pero no en los propios. En la medida en que se solapen casos como este y carezca de consecuencias, quedan comprometidas las buenas intenciones del obradorismo en materia de limpieza de la administración pública. Y eso es una derrota política más grande que aquella que supone rectificar a tiempo. En eso no hay vergüenza alguna.
Por el contrario, creo que la situación le ofrece a AMLO la posibilidad de mostrarse como un jefe de Estado dispuesto a barrer las propias escaleras desde arriba y no solo hablar de ello. El Presidente no es culpable de los errores que pueda cometer un colaborador o un aliado, pero sí es responsable de mantener en el poder a alguien que ha traicionado la confianza que le había depositado.
En suma, el obradorismo afronta un momento decisivo para mostrar que no son lo mismo. Lo que sucedió con Gertz abolla la confianza de los que lo creen y nutre el criticismo de los que afirman lo contrario. Ahora AMLO tiene la palabra para abonar en un sentido u otro.
Un último comentario. No podemos dejar de lado el costo político que la decisión de la Corte tiene para la fiscalía de la Ciudad de México y los jueces capitalinos. Si hay un autor intelectual del probable delito, también hay un autor material. El despropósito jurídico con el que se fincó la acusación por parte de la Fiscalía capitalina y posteriormente la condena por parte de un juzgado local, arrojan enormes dudas sobre la imparcialidad de estas instancias y la manera en que podrían haber cedido a una presión. La fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy, se ha ganado a pulso la reputación de ser una mujer valiente y honesta, pero tal reputación ha salido raspada. Entendíamos que en Ernestina Godoy había material para convertirse en la fiscal federal que el país necesita. Le quedan dos años para mostrar que tales presunciones no eran equivocadas.
Jorge Zepeda Patterson
@jorgezepedap
