Un juez de distrito de Ohio falló el martes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene autoridad para modificar las leyes de aprehensión, detención y deportación de extranjeros aprobadas por el Congreso. Por tanto, las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, centradas en aquellos extranjeros peligrosos o con antecedentes criminales graves, no tienen validez.
Las prioridades de deportación fueron anunciadas en enero de 2021 y ajustadas el 30 de septiembre en un memorando firmado por el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas. El documento, en resumen, instruye a las agencias y a los oficiales de inmigración cómo debían evaluar y decidir los diferentes casos para proceder a la expulsión de un extranjero.
El juez Michael J. Newman no aceptó las explicaciones dadas por los abogados del DHS y concedió la demanda a los estados demandantes, Arizona, Montana y Ohio, los tres gobernados por republicanos, quienes argumentaron que:
1. Las prioridades eran ilegales porque el ejecutivo cambió leyes de inmigración, algo que solo le compete al Congreso. Únicamente se puede hacer en el marco del debido proceso legislativo; y
2. Las prioridades fueron caprichosas y arbitrarias porque el Ejecutivo no tomó en cuenta, ni consideró los daños que causa a los Estados la presencia de extranjeros criminales con orden de deportación que fueron permitidos permanecer en Estados Unidos porque no constituyen una prioridad de expulsión.
El juez Newman dictó que el secretario del DHS y todos los funcionarios y agentes de ese departamento “tienen prohibido” hacer cumplir la Sección 2 del memorando del 30 de septiembre, es decir, priorizar las deportaciones de extranjeros indocumentados con orden de deportación.
Eso significa que el gobierno debe proceder con las deportaciones y no puede “autorizar la liberación de, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un no ciudadano (extranjero indocumentado) con una orden final de deportación”.
Tampoco puede dilatar o suspender la expulsión de un individuo en la medida “en que no haya otra disposición” establecida en la ley de inmigración. Y agregó que “esta Orden no limita ni impide que el DHS haga cumplir o implemente la orientación permanente en una forma no prohibida en el presente”.
La decisión de la corte se aplica a nivel nacional y en todos los lugares, territorio o jurisdicción donde el DHS tiene autoridad para hacer cumplir la guía del 30 de septiembre de 2021, “a menos que la Corte de Apelaciones del 6to Circuito o la Corte Suprema establezcan lo contrario”, precisó.
¿Cuáles son las prioridades?
“La decisión del juez de Ohio creó un conflicto serio porque empuja al DHS a actuar en un escenario donde todos los extranjeros indocumentados con una orden de deportación son prioridad para ser deportados”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
“Y todos sabemos que el DHS no puede cumplir el fallo porque no tiene los recursos para hacerlo. El dictamen es una razón política porque el DHS no puede deportar a todos los que tengan una situación indocumentada o irregular en Estados Unidos”, agregó.
Barrón dijo además que, “en este punto, las expectativas es que haya más litigio. Es humanamente imposible y al mismo tiempo inhumano cumplir la totalidad del fallo. Por esa razón, en enero del año pasado el gobierno de Biden estableció prioridades. El gobierno dijo: primero los delincuentes, los depredadores, los criminales. Todos ellos antes que los demás”.
En noviembre del año pasado, el secretario Mayorkas dijo ante los miembros del comité judicial del Senado que el ministerio bajo su mando no tenía ni la infraestructura, ni los recursos para ir por los 1.2 millones de inmigrantes indocumentados que en ese momento tenían una orden final de deportación que no se había ejecutado. Y que por tal motivo se fijaron prioridades.
También advirtió que no estaba seguro si la totalidad de las órdenes de deportación existentes habían sido emitidas correctamente “en el marco del debido proceso migratorio”.
En abril de 2021 la Corte Suprema fallo que los Avisos o Notificaciones de Comparecencia (NTA) incompletas o con información errónea no eran válidos, decisión que favorece a miles de indocumentados que recibieron una orden de deportación inválida y pueden seguir luchando por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
Abogados consultados por Univision Noticias señalan que, tras el fallo, el ejecutivo deberá publicar una lista con nuevas prioridades de deportación “de acuerdo con la decisión de la Corte de Ohio”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
En esa política, agrega, “deberá detallar que hará con los miles de inmigrantes indocumentados que están detenidos y qué procedimiento llevará a cabo con los inmigrantes que tienen
una orden de deportación”, agregó.
La nueva publicación, regla o memorando de instrucción “debe estar acorde con la decisión de la corte”, apuntó Guerrero. Y recordó que “cada gobierno en turno tiene la facultad, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), de dictar su política migratoria.
“Lo que no puede hacer es cambiar la ley del Congreso, como señala el fallo”, precisó. “La ley solo puede cambiarse en el marco del debido proceso legislativo. Y en cuanto a la arbitrariedad y capricho señalado en el fallo, pues deberá analizar cuál es el impacto negativo que pueden tener los estados con la no deportación de algunos extranjeros y/o la liberación de no ciudadanos que no constituyan una prioridad de expulsión”.
A la pregunta respecto a cuáles son las prioridades de deportación en este momento estando canceladas las prioridades, Guerrero dijo que “todo depende de la discrecionalidad de los agentes federales de inmigración. Cualquier persona detenida en estos momentos o que tenga una orden de deportación final, puede ser expulsada del país”.
El argumento de los Estados
De acuerdo con el fallo, los tres estados que demandaron las prioridades de deportación de Biden (Arizona, Montana y Ohio) basaron sus argumentos en el precedente jurídico y lo que dicta la ley de inmigración en cuanto a los extranjeros deportables.
Por ejemplo, señalaron que el DHS debe “tomar bajo custodia” a los no ciudadanos con ciertas condenas y “expulsarlos” dentro de un plazo de 90 días si tienen órdenes finales de deportación.
Citan las preocupaciones de los años 90 cuando el legislativo “perdió la confianza” en la capacidad del entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) “para hacer frente a las crecientes tasas de actividad delictiva por parte de extranjeros” o que el sistema de inmigración de aquel entonces estaba en desorden “y los extranjeros delincuentes constituían una parte irritante del problema”.
Aunque los abogados coinciden en que muchos de los argumentos presentados contienen una narrativa similar al discurso mostrado por el partido republicano, no deja de ser preocupante que, 30 después de haberse sentado aquellos precedentes, pareciera que nada ha cambiado respecto a la opinión que se tiene de los indocumentados y el aporte que hacen cada año al desarrollo del país.
“La manera en cómo describen el problema es parte de una estrategia para acusar al otro partido (demócrata) de débil en torno a este tema. Usan argumentos para desacreditar”, dice Barrón.
Para la abogada de inmigración Rebeca Sánchez-Roig, quien ejerce en Miami, Florida y fungió 15 años como fiscal de inmigración del Departamento de Justicia en tres gobiernos, en el fallo del juez Newman “no existe una base legal para sugerir que el gobierno de Biden haya entrado en conflicto con la intención del Congreso” cuando aprobó la ley de inmigración vigente.
“Pero eso es exactamente lo que el Newman, nombrado por Trump, intenta sugerir con su manipulación política de la ley”, agrega.
Sánchez-Roig explica que en Estados Unidos existe un dicho que se usa en el mundo de la política que dice: “What’s good for the goose, is good for the gander” (“Tal parece que lo que es bueno para el ganso de un partido no es bueno para el ganso del otro partido”).
Y que “los funcionarios que afirman ser fiscalmente responsables y conservadores, pero luego se oponen a las prioridades de aplicación más estrechas de la administración de Biden —enfocadas en el uso responsable de los recursos limitados para arrestar, detener, y expulsar delincuentes peligrosos u otros- son hipócritas”.
En cuanto a las prioridades, dijo que cada administración “tiene la autoridad para establecer las suyas”, y el gobierno de Biden “no es diferente”.
“Si bien no existe una base legal para sugerir que la Administración Biden hayan entrado en conflicto con la intención del Congreso, eso es exactamente lo que Newman, un juez nombrado por Trump, intenta sugerir con su manipulación política de la ley”, señala Sánchez.
Recordó que la decisión de Newman “se produce días después” de que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) diera a conocer un informe donde indica que los arrestos y deportaciones de inmigrantes civiles desde el interior del país “habían alcanzado sus niveles más bajos en décadas”.
Quiénes están en la mira
Pero la pregunta tras el fallo es: quién está en la lista de prioridades de deportación del gobierno ahora que el juez Newman canceló las prioridades del gobierno de Biden.
“La detención obligatoria, de la cual se habla en la orden del juez, se refiere a una disposición de la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad) que establece que los no ciudadanos con ciertas condenas penales deben ser detenidos por ICE”, explica Sánchez-Roig.
Dijo además que “las personas que están sujetas a detención obligatoria no tienen derecho a una audiencia de fianza y deben permanecer detenidas mientras los procedimientos de deportación están pendientes en su contra”. Pero aclara que la detención obligatoria “nunca se ha dejado de usar. Estos inmigrantes son trasladados de la prisión (una vez concluidas sus penas) a los centros de detención de ICE”.
La orden también refiere la prohibición de conceder audiencias de fianza a los extranjeros deportables. Pero en este caso Sánchez-Roig también aclara que “esta situación no ha cambiado ni tampoco se modificó con las prioridades de Biden. De acuerdo con la ley federal de inmigración, un extranjero debe de ser expulsado del país 90 días después de haber recibido una orden final de deportación. Si bien esa es la regla, a menudo no se implementa fácilmente debido a las reglas que ICE debe seguir para obtener documentos de viaje de otros países”, indicó.
Otra de las preocupaciones sobre el alcance de la orden del juez Newman tras anular las prioridades de deportación se centra en los tribunales de inmigración y el beneficio del cierre administrativo.
“Hay muchos casos en los que se pide a los jueces cerrar administrativamente un caso de deportación porque la persona no representa una amenaza ni a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos”, explica Barrón.
“Los jueces de inmigración tienen la discreción de hacerlo basados en los méritos del caso y en las prioridades de deportación de la política migratoria del gobierno. Al no haber prioridades pareciera que todo se vuelve confuso y caótico, pero básicamente muchas de estas batallas jurídicas seguirán librándose”, agrega.
“Sólo que con esta decisión se complica la cosa, sin embargo es un recurso legal que sigue estando disponible”, apuntó.
En 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, emitió una orden provisional que estableció un nuevo estándar de “buena causa” para que los jueces de inmigración pospusieran o cancelaran un proceso de deportación.
Contrario al debido proceso en el sistema criminal, las cortes de inmigración funcionan bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia y el fiscal general tiene facultades para intervenir.
Sessions halló la manera de revertir los dictámenes de los jueces utilizando su poder para desautorizar decisiones, impactando en unos 350,000 casos de deportación que habían sido cancelados por las cortes de inmigración en los últimos cinco años (2012 al 2017).
El fiscal general de Trump puntualizó en aquel momento que “en el alivio colateral de inmigración el juez debe considerar, principalmente, la probabilidad de que se otorgue este beneficio y si este afectará materialmente el resultado del procedimiento de deportación”. Es decir, el fin del proceso es la expulsión del extranjero.
El 15 de julio del año pasado, el actual fiscal general, Merrick Garland, devolvió a los jueces de inmigración la autoridad para ordenar el cierre administrativo en ciertos casos de deportación, la valiosa herramienta discrecional que había sido retirada por Sessions bajo el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.
“Estamos esperando el reglamento que debe emitir el DHS en respuesta al fallo del juz Newman”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Sólo así sabremos con certeza cómo proceder y si el dictamen impactará en la capacidad de discreción de los jueces de inmigración”, Indicó.
Gálvez también recomendó que, mientras continúa la disputa legal sobre las prioridades de deportación del gobierno, el mejor consejo es cuidarse y no cometer errores “que lo conviertan en deportable” (por haber cometido un crimen). “Y aquellos que tienen duda o un antecedente, busquen de inmediato consejo legal para revisar el caso”, concluyó.
