Después de años en tribunales, por fin este próximo 6 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el tema de la planta de fertilizantes de GPO y lo relativo a la posible consulta indígena, que determina informar a las comunidades tradicionales los alcances del proyecto y los beneficios que traerá para su futuro desarrollo.
Los magistrados analizarán el futuro de la inversión privada más grande en la historia de Sinaloa, y una de las más importantes del sexenio, que creará un nuevo polo de desarrollo en la industria petroquímica en el Pacífico mexicano.
De acuerdo a nota publicada este sábado por el periódico Reforma, la Segunda Sala de la Corte analizará confirmar el amparo concedido en febrero de 2021 por un juez federal de Los Mochis en favor de la comunidad pesquera Mayo Yoreme de Lázaro Cárdenas, municipio de Ahome, y podría determinar que se realice la consulta a los pueblos indígenas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la planta de amoniaco en 2014, con ciertas condicionantes que ha cumplido la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo Proman.
De acuerdo al contenido de la nota informativa, el proyecto del Ministro, Alberto Pérez Dayán, rechaza o declara insuficientes los argumentos de Semarnat para defender su oficio de 2014, lo que obligaría a la dependencia federal a realizar la consulta indígena.
De esta forma, la Semarnat tendrá que coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para celebrar una consulta con todas las comunidades indígenas dentro del área de influencia del proyecto, no sólo con Lázaro Cárdenas.
Es decir, la dependencia federal tendría que informar a las comunidades tradicionales cercanas al proyecto los temas medioambientales relativos a la planta de fertilizantes, así como las condicionantes que puso al proyecto, y que se han ido cumpliendo en tiempo y forma.
Cita la nota que, de ser confirmado el amparo, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa deberá ser actualizada, de acuerdo a los requerimientos que plantee la Corte.
El proyecto de GPO más vigente que nunca: Arturo Moya Hurtado
Luego de conocer la decisión de la Corte respecto a la fecha para revisar en el pleno el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente, su director general, Arturo Moya Hurtado, manifestó su beneplácito por esta determinación, ya que después de varios años de estar en tribunales este tema podría ya destrabarse en el Poder Judicial.
“Lejos de afectarse al proyecto, se va a destrabar, y es algo que desde hace mucho tiempos hemos estado pidiendo: que se defina de una vez por todas el futuro de nuestro proyecto.”
Dijo que, si la decisión de la SCJN es de que se realice la consulta indígena, la empresa está preparada porque desde hace por lo menos ocho años se han implementado las políticas sociales de la empresa, que buscan mejorar las condiciones de los habitantes de las comunidades tradicionales.
No se trata de programas eventuales, sino que forman parte de una política integral de fomento de la buena vecindad, que han permitido beneficios tangibles a los pueblos tradicionales.
Moya Hurtado reiteró que están listos para iniciar la construcción de la planta de fertilizantes, porque consideró que la consulta indígena recibirá el apoyo de las comunidades, puesto que desde hace por lo menos cinco años se les ha venido informando de todo lo relacionado con el proyecto.
Asimismo, porque los habitantes de los pueblos tradicionales serán beneficiados con empleos bien remunerados y capacitación para el desempeño de su trabajo.
Afirmó que el proyecto de la planta de fertilizantes no está en peligro, porque se han cumplido con todas y cada una de las normativas mexicanas e internacionales en materia medio ambiental, y con todo aquello que les ha exigido la Semarnat para garantizar que se cuide la flora y fauna de la bahía.
