De los más de un millón de procesos que evacuó el sistema judicial el año pasado, menos de 20.000 llegaron a un juicio, y de esos, solo 7.766 terminaron en una condena, versus los 11.650 casos en los que los jueces absolvieron a los procesados.
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Esa es una proporción del 60 por ciento de absoluciones y 40 por ciento de condenas, según cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) publicadas por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
Pero además de que la proporción de los casos que pierde la Fiscalía no es alentadora, hay otro dato inquietante: por lo menos desde 2011 las cifras de condenas vienen en picada, mientras que las de absoluciones siguen creciendo.
De acuerdo con las cifras publicadas por la CEJ, en 2011 de 1.786 procesos que llegaron a juicio, el 28 por ciento terminaron en absoluciones y el en el 72 por ciento de los casos la Fiscalía logró condenas.
Pero desde entonces las condenas han tenido una sostenida disminución, hasta llegar al 40 por ciento el año pasado. En el sentido inverso, las abosluciones pasaron de ser menos del 30 por ciento, al 60 por ciento tan solo el año pasado.
¿Qué puede explicar el fenómeno?
Consultados por el tema, varios expertos coincidieron en que cifras tan bajas de condenas en juicio no son posiivas y dieron algunas puntadas sobre qué podría explicar esos datos.
Hernando Herrera Mercado, director de la CEJ, indicó que entre los determinantes que se pueden atribuir a este fenómeno está, de un lado, la Ley 1453 de 2011, que redujo los beneficios por aceptación de cargos, lo que llevó a que menos personas acepten la imputación y más casos vayan a juicio, “lo que implica una mayor carga laboral para los fiscales, actualmente se estima que un fiscal puede tener a su cargo hasta más de mil casos”.
Pero Herrera también mencionó: “La gestión de los fiscales muchas veces es evaluada por el número de imputaciones y no por indicadores como la tasa de absolución o condena en juicio oral. Esto puede generar un incentivo a realizar imputaciones poco sólidas que al llegar a juicio oral se traducen en una absolución”.
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La gestión de los fiscales muchas veces es evaluada por el número de imputaciones y no por la tasa de absolución o condena. Esto puede generar un incentivo a imputaciones poco sólidas: Director CEJ
Manifestó que la falta de presupuesto para la justicia también influye: “No estamos siendo lo suficientemente eficientes como Estado frente a las investigaciones penales, en particlar por una falta de presupuesto adecuado para la justicia, que se refleja en la falta de investiadrores para los procesos penales”.
El abogado también se refirió a prácticas administrativas en la Fiscalía que dividen los fiscales y uno es el que se encarga de la investigación, la imputación y la acusación, pero luego el caso pasa a otro fiscal para el juicio. “Eso no es una buena práctica porque por regla general suben los indicadores de imputaciones pero bajan los de condena, porque las personas que tienen que defender ese caso en juicio no conocen bien el caso, no fueron quienes recolectaron las pruebas o no están convencidos de que la decisión del fiscal que imputó sea la correcta”, explicó.
Por su lado, la abogada penalista Dalila Henao expuso que el aumento de absoluciones demuestra serios problemas estructurales al interior de la institución, como falencias en la etapa de investigación de los delitos, que llevan a un juicio oral con bases débiles, pero también la sobrecarga laboral que hace que los fiscales no puedan asumir bien los miles de procesos a su cargo, más cuando los investigadores no están adscritos a un solo fiscal.
Por último, la penalista citó que hay una falla en la forma de elegir fiscales. Solo hasta el año pasado, tras 15 años, la Fiscalía realizó una nueva convocatoria para proveer los cargos de fiscales de distintos rangos, a través de concurso de méritos.
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“De lo anterior se extrae que, por un periodo prolongado de tiempo, la forma de vincular fiscales no ha respondido a la mejor aptitud que un aspirante pudiese tener en comparación con sus contendores, sino al nombramiento de funcionarios provisionales, y dicho sistema no permite garantizar que las personas que se nombren tengan las capacidades y los conocimientos técnicos suficientes para desarrollar a cabalidad su función, con la lógica consecuencia del desarrollo de procesos sin la rigurosidad técnica requerida, lo cual se traduce en fallos absolutorios”, consideró Henao.
¿Qué hacer para mejorar?
Frente a acciones que podrían llevar a una mejora, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia destacó dos. En primer lugar, incentivar la evacuación de procesos de forma anticipada, como la negociación de principios de oportunidad, de manera que el juicio oral sea un recurso de última instancia.
Y en segundo, sugirió adelantar un plan de descongestión de la Fiscalía, pues al 9 de febrero de 2021 la Fiscalía acumulaba 2,7 millones de noticias criminales sin evacuar.
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Por su parte, la penalista Henao destacó que podrían realizarse la capacitación de funcionarios, realización de concurso de méritos para llenar las plazas que están en provisionalidad, direccionamiento de políticas internas que privilegien la terminación anticipada de los procesos a través de mecanismos de justicia restaurativa, y de políticas que promuevan a la realización de preacuerdos y negociaciones con las partes.
También opinó que sería positivo limitar el uso de las medidas privativas de la libertad y aumentar la planta de investigadores. “Estas son algunas de las alternativas que, preliminarmente, debería adoptar la Fiscalía con la intención de lograr mejorar las estadísticas, eso sí, teniendo en cuenta que los resultados se verán a largo plazo”, señaló.
La gran mayoría de casos sigue siendo archivados
Más allá de las cifras que muestran que el trabajo de la Fiscalía de investigar y acusar no está llevando a condenas en el 60 de cada 100 casos, los datos que publicó la CEJ muestran otra situación sobre las noticias criminales (procesos que entran a la Fiscalía) que son evacuadas año a año.
Del total de 1’171.082 noticias criminales que salieron el año pasado, el 77,7 por ciento lo hicieron porque fueron archivadas (909.788 procesos).
Es decir, en casi 80 de cada 100 procesos que llegaron al ente acusador no se hizo una investigación exhaustiva, sino que se determinó su cierre.
Al respecto, Hernando Herrera detalló que, aunque es normal que haya procesos archivados, pues cerca del 36 por ciento corresponden a casos donde se determina la conducta atípica o inexistencia del hecho denunciado, a su vez es negativo “en la medida en la que la mayoría de los procesos archivados, cerca del 58 %, corresponden a casos donde la Fiscalía determina que fue imposible identificar a la víctima o victimario del hecho denunciado”.
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