De cara a las trascendentales citas con la democracia en este 2022, que se inician el próximo 13 de marzo, cuando el país elegirá Congreso y podrá participar en tres consultas presidenciales, la atención de los colombianos se concentra en la efectividad del enorme dispositivo institucional necesario para garantizar la transparencia en el proceso y blindar el derecho al voto en todas las regiones.
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Ese fue el tema que esta semana congregó en un foro de EL TIEMPO al Registrador Nacional y a las cabezas de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. En ese escenario se hizo un profundo diagnóstico de las amenazas que rondan nuestro proceso electoral, pero también quedó claro que hay planes concretos y suficiente capacidad institucional para enfrentarlas adecuadamente.
No significa esto que la situación no sea compleja. Así, como lo alertaron la Defensoría y la Fiscalía, hay muy graves riesgos de seguridad en al menos 13 departamentos, especialmente en Arauca y Norte de Santander, donde la violencia de los grupos armados ilegales ha restringido la posibilidad de hacer campaña. De la misma manera, existen advertencias serias sobre el riesgo de ataques cibernéticos desde terceros países que estarían, como ya sucedió en Estados Unidos, encaminados a difundir falsas noticias y afectar el juego político, así como también a tratar de afectar los complejos sistemas de conteo electoral.
El reto también es de la ciudadanía, que debe entender que su conciencia y su derecho a elegir bien no son negociables.
La indebida participación en política de funcionarios públicos –hay, según la Procuraduría, 92 indagaciones por este asunto, entre ellas algunas contra alcaldes de varias capitales– y el desvío de la contratación pública hacia campañas políticas –la Contraloría habla de una billonaria “feria de contratos” firmados poco antes de la vigencia de la Ley de Garantías– son otros frentes en los que se pone a prueba la democracia.
Ante este panorama, el registrador nacional, Alexánder Vega, garantizó que con los dispositivos ya en marcha de Fuerza Pública y autoridades no habrá ningún lugar de Colombia que no reciba el material electoral para las mesas de este 13 de marzo, y señaló que existe el blindaje técnico para mantener en todo momento incólumes la rapidez y confiabilidad del conteo de votos y su transparente comunicación a toda la Nación. La tradición de legitimidad de este proceso, que polémicas declaraciones de políticos e incluso de algunos altos funcionarios han tratado de poner en duda, ha sido uno de los mayores logros de nuestra democracia. Vale la pena mencionar aquí la postura del presidente Iván Duque al señalar que el sistema electoral colombiano es confiable y está preparado.
Frente a la amenaza siempre presente de la compra de votos, de la corrupción y de los delitos electorales, lo que procede es que todos los órganos de control cumplan cabalmente con la función de investigar y sancionar ejemplarmente esas conductas. Y, algo clave, que lo hagan a tiempo, porque desafortunadamente seguimos viendo muchas historias de personas que fueron elegidas con trampas o abiertos delitos y que completan sus periodos de cuatro años e incluso se lanzan a nuevas aventuras electorales sin que la justicia aparezca. El reto también es de la ciudadanía, que debe entender que su conciencia y su derecho a elegir bien no son negociables.
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