Las Malvinas es uno de los bloques más conocidos de la plaza Mayorista. Muchos lo recuerdan porque se incendió por completo en julio de 2017 y dejó en la calle a cerca de 400 vendedores de abastos.
Hace poco más de un año volvió a abrir sus puertas y lo que era una buena noticia se ha convertido en un gran malestar por el alto costo de los arriendos de los cubículos. EL COLOMBIANO recogió quejas de comerciantes que dicen tener que pagar ahora hasta cuatro veces más por el alquiler de los locales (ver ‘Descuadre en las cuentas’).
De entrada, en la medida en la que el arriendo es más alto, a los comerciantes les toca subir el precio de los alimentos hasta en un 30% según cálculos de la propietaria de uno de los puestos. Pero lo que llama poderosamente la atención es que la única que sale ganando, y logra utilidades millonarias, es una empresa inmobiliaria, Arrendamientos La Mota, que ha tenido lazos con la administración del alcalde Daniel Quintero.
La plaza Mayorista está compuesta por muchos bloques que son propiedad de privados, pero el Municipio de Medellín posee dos, uno de ellos, el que interesa en este caso, es el llamado bloque 27 (Las Malvinas): una bodega de 3.661 metros cuadrados, dividida en cubículos de 4, 8 o 16 metros cuadrados. Y por cada uno de esos locales hay un pequeño o mediano comerciante que paga arriendo.
El Municipio, que antes del incendio alquilaba directamente los puestos, decidió entregarle esa tarea a la Mayorista. Y esta a su vez firmó otro documento autorizando a Arrendamientos La Mota para que subarriende los módulos.
La agencia del contrato
Pero ojo al detalle. La Mayorista le paga al Municipio de Medellín —según el contrato firmado— 196 millones de pesos al mes y no gana nada porque recibe prácticamente ese mismo valor de parte de Arrendamientos La Mota que es la que se queda con la tajada más grande: recibe alrededor de 564 millones de pesos al mes.
Es como si usted tuviera una casa que la inmobiliaria alquila y le da solo una tercera parte de lo que recoge por el arriendo. Con el agravante de que en este caso se trata de un bien público.
En 10 años que dura el contrato La Mota podría recoger más de de $67.000 millones y de ellos ganarse más de $44.000 millones simplemente porque tuvo la fortuna de que la Alcaldía, por intermedio de la Mayorista, la eligió para arrendar los locales de Las Malvinas.
¿Cómo se dio esa escogencia? Después del incendio del bloque, en 2017, los venteros fueron reubicados en los alrededores del bloque siniestrado haciendo uso de carpas sin servicios públicos y en la medida en que avanzaba la construcción se organizaron en la cooperativa Coomalvinas.
Su objetivo era postularse para que les permitieran administrar directamente la nueva infraestructura, pues creían tener un derecho adquirido debido a que la mayoría llevaba hasta tres décadas en el lugar. Sin embargo, según le contó a EL COLOMBIANO un líder de los comerciantes, en noviembre de 2020, faltando unos pocos días para la reapertura, circuló la noticia de que la Alcaldía no había considerado la propuesta.
En efecto tres meses atrás, el 20 de agosto de ese año, y en medio de un gran sigilo, el Municipio de Medellín le había entregado el manejo de Las Malvinas a la Central Mayorista de Antioquia, y apenas siete días después esta le transfirió el contrato a Arrendamientos La Mota, con sede principal en la zona central de Itagüí.
Hay varias cosas extrañas en esa especie de triangulación. Para empezar, se desconoció la aspiración de los dueños de negocios de Las Malvinas. La secretaria de Suministros y Servicios de Medellín, Karen Bibiana Delgado, asegura que nunca recibieron una propuesta de Coomalvinas, mientras que las directivas de la Mayorista dicen que no era posible dársela en subarriendo porque carecía de experiencia y solidez financiera. “Es una organización que apenas se creó en 2018 y sus activos escasamente llegaban a 20 millones de pesos”, añadieron.
¿Relación política?
Sin embargo, esa no parece razón suficiente para descartar a la cooperativa de comerciantes y preferir a una firma privada. Ahí llaman la atención ciertos vínculos o relaciones de afinidad de La Mota con el alcalde Daniel Quintero o con uno de sus aliados políticos en particular, el exalcalde de Itagüí León Mario Bedoya.
Es el caso, por ejemplo, de Ana Camila Salazar Palacio, quien fue secretaria de Gestión Humana de la Alcaldía de Medellín entre enero de 2020 y agosto de 2021, pero antes de eso había sido asesora de Arrendamientos La Mota y además su suegro, Jaime Alberto Garcés Picón, es el dueño de la firma en cuestión. Ella, curiosamente, renunció a la Alcaldía justo cuatro días después de que la Mayorista firmó el contrato de Las Malvinas con la Alcaldía y tres días antes de que se rubricó el trato con La Mota.
Ana Camila está casada con Alejandro Garcés, el hijo del dueño de La Mota, y su marido, según versiones recogidas por este diario, ha tenido cercanía con Juan David Quintero, hermano del Alcalde de Medellín. En 2019 gracias a esa cercanía un poderoso comerciante ligado con el centro comercial Obelisco habría permitido publicar propaganda del entonces candidato Daniel Quintero a través de pantallas electrónicas y vallas móviles.
Alejandro Garcés dio una versión algo confusa de su relación con el hermano del alcalde. “Lo conozco de vista, tampoco es que tenga una relación con él. No he tenido contacto directo con él, ni siquiera tengo su celular”, dijo.
Pero tal vez la relación política más fuerte de varios protagonistas de esta historia está ligada con el conservador León Mario Bedoya, exalcalde de Itagüí (2016-2019). No solo la ya mencionada Ana Camila Salazar también trabajó en su administración, sino que el presidente del consejo directivo de la Mayorista, Evelio Pérez Arboleda, fue concejal de Itagüí, también de la línea de Bedoya.
Y como si fuera poco, otro personaje, Diego Alejandro Taborda, que trabajó tanto con Bedoya en su alcaldía como con Evelio Pérez en el Concejo, fue uno de los que llegó en nombre de Arrendamientos la Mota a organizar el bloque de las Malvinas antes de su reapertura. Evelio Pérez conceptuó que no ve razón de suspicacia en que su viejo amigo Taborda trabaje con Arrendamientos La Mota.
Evelio Pérez es además miembro de la junta de Promedellín, una agremiación empresarial creada por uno de los escuderos del alcalde Quintero, Diego Romero, para hacerle contrapeso a Proantioquia como tanque de pensamiento. De hecho, hay una foto de Romero sentado a manteles con Evelio Pérez.
El gerente de la Mayorista, Juan Orlando Toro, sostuvo que no hubo ningún tráfico de influencias alrededor del contrato. Según él se pidieron cinco propuestas, y se escogió a La Mota no solo por ser una firma con arraigo en el vecindario -su sede queda en Itagüí- sino porque fue la única que accedió a hacer una inversión de entrada para algunas adecuaciones que faltaban después de la reconstrucción del bloque 27.
EL COLOMBIANO solicitó el registro de las discusiones sobre el tema en el consejo de dirección de la Mayorista y si bien en el acta del 24 de agosto de 2021 se menciona que se analizaron varias propuestas, no se especifican ni anexan. Silvia Sierra, miembro del consejo y crítica de la administración actual de la Mayorista, aseguró que en realidad no se dio ningún debate al respecto y que, de hecho, por eso su voto fue negativo en aquel momento.
En últimas, para solventar el alto costo del arriendo, los vendedores se han visto obligados a transferir la diferencia a los compradores de sus productos, otros han acudido más al paga diario y unos más se retiraron, según pudo conocer este diario.
“Todos aceptamos las condiciones que nos impusieron porque no teníamos alternativa, porque otro nos podía quitar el puesto y era preferible eso a quedarnos sin trabajo”, explica un vendedor de verduras y frutas, refiriéndose a las tarifas del alquiler de locales en el bloque 27. Y otra comerciante concluye: “Éramos reconocidos como el bloque de la Mayorista que llevaba la delantera en precios bajos y terminamos siendo los que más caro tenemos que vender”.
Alejandro Garcés, el hijo del dueño de Arrendamientos La Mota, dice que el descontento ha coincidido con el retorno a la Mayorista de Alirio Rendón alias ‘El Cebollero’, un personaje que en el pasado tuvo mucho poder en la Mayorista y especialmente en Las Malvinas. Rendón había sido condenado a 13 años y 3 meses de prisión por sus presuntos vínculos con la Oficina de Envigado pero en abril de 2018 obtuvo la libertad condicional .
Descuadre en las cuentas
La administradora de un puesto en Las Malvinas indicó que por 16 metros cuadrados (dos locales unidos) paga $4’080.000, es decir $255.000 por metro cuadrado y le parecen exorbitantes frente a $1’354.000 que cancelaba por el doble de esa área antes de la conflagración, es decir que se le encareció más de cinco veces el canon. Y la explicación que da es que “esto lo cedió la Alcaldía a terceros y ellos lo cobran como quieren”.
No obstante, Alejandro Garcés, que dentro de Arrendamientos La Mota se ocupa de lo que tiene que ver con Las Malvinas, niega que la ganancia por el contrato sea exorbitante, aunque no reveló cuál es el monto del recaudo. Acotó que el valor cobrado incluye el IVA del 19% —que es requisito de ley y asciende a más de $70 millones—, lo mismo que el costo de la electricidad, agua, limpieza, vigilancia, administración y, dice, los costos de financiación sobre unos $4.000 millones que invirtió la empresa en adaptaciones internas del bloque, porque le entregaron el solo cascarón y les tocó, según él, hacer la red contra incendios, redes hidráulicas y de energía —con transformadores incluidos—, arreglar los pisos, poner escaleras y hacer las divisiones de los locales.
La cartera, apunta, oscila entre el 20% y 30% porque dada la tradición de informalidad de Las Malvinas, los contratos de los subarrendatarios no se parecen a los convencionales que involucran fiadores y garantías de pago.
Enfatizó que la asignación del contrato no tuvo que ver con el paso de su esposa por el Gabinete de Quintero y destacó que Arrendamientos La Mota es una empresa de 35 años y administra más de 1.500 inmuebles.
Por su parte, el gerente de la Mayorista, Juan Orlando Toro, sostuvo que si bien el contrato de Las Malvinas le deja un ingreso mínimo a la copropiedad —unos $18 millones mensuales que se van en administración—, sí le ayudó a resolver varios problemas. Uno, dice él, era la excesiva informalidad pues en algunos casos había incluso cinco niveles de subarriendo o muchos subarrendaban hasta por un día, obteniendo ganancias astronómicas mientras que le pagaban una suma irrisoria al Municipio.
Pero el punto más importante, según el directivo, es que existe una demanda de los comerciantes de Las Malvinas por los perjuicios y lucro cesante que sufrieron con el incendio de 2017 y si bien todavía está vigente con pretensiones que ascienden a $72.000 millones, al apurar la reapertura con La Mota se evitó que siguiera creciendo una suma que podría ir en contra de la Mayorista si pierde el pleito. Toro reconoce que en este caso les han puesto cinco tutelas invocando el derecho al trabajo, pero la Mayorista ha salido airosa.
