Por qué Estados Unidos empezó a deportar a venezolanos a Colombia

La agencia “se compromete a garantizar que cada migrante encontrado sea procesado de manera segura, ordenada y humana”, añade el comunicado oficial.

La nota recuerda que el DHS ha expulsado a otros migrantes a terceros países de la región en los que anteriormente residían, como Guatemala, Honduras, El Salvador o Brasil.

El gobierno colombiano, a través de la oficina de Migración, confirmó la llegada de los ciudadanos venezolanos expulsados el 27 de enero.

“Estos extranjeros, quienes llegaron con su documentación en regla, habían salido del territorio nacional rumbo a México y posteriormente cruzando de manera irregular hacia los Estados Unidos”, le dijo un vocero de Migración Colombia a la agencia de noticias AFP.

En su comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. subrayaba que la decisión de deportar a venezolanos a territorio colombiano se tomó tras “mantener conversaciones con Colombia”.

En relación a esto, medios colombianos informaron que en diciembre ambos gobiernos habían mantenido conversaciones para explorar esa posibilidad, pero la canciller colombiana —y vicepresidenta—, Marta Lucía Ramírez, aseguró este martes que no había un acuerdo sobre el tema con EE.UU.

“No hemos firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para recibir a 6.000 venezolanos deportados como lo señalan algunos medios”, le dijo a la cadena Blu Radio.

“Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos, que han llegado con colombianos, de manera irregular, los vayan a deportar. Si son colombianos, depórtelos, si son venezolanos, que hacen parte del Estatuto de Protección Temporal, y ya no quieren vivir en Colombia, pues lo analizaremos“, agregó.

BBC Mundo se comunicó con la Cancillería colombiana para conocer más detalles sobre la cuestión, pero hasta el momento de publicar esta nota no ha recibido respuesta.

Colombia ha sido el gran receptor de la migración venezolana debido a la crisis económica que ha golpeado al país vecino en la última década. Alberga a más de 1,7 millones de venezolanos.

Pero el creciente flujo de venezolanos que salen de su país también tiene otros destinos.

En diciembre, las autoridades estadounidenses encontraron a venezolanos cruzando la frontera mexicana de forma ilegal en casi 25.000 ocasiones, la segunda nacionalidad después de los mexicanos. La cifra fue más del doble que la de sólo tres meses antes y muy superior a las cerca de 200 del año anterior.

Y desde que rompiera relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, los funcionarios de migración estadounidenses no tienen forma de procesar las deportaciones de venezolanos a su país de origen.

La Embajada de Venezuela en Estados Unidos, que se encuentra en poder del grupo opositor de Juan Guaidó, reconocido por Washington como “presidente interino”, exhortó este martes al gobierno de EE.UU. en un comunicado a que permita que “los migrantes venezolanos puedan presentar su solicitud de asilo”.

Asimismo, advirtió de que la imposición de mayores restricciones para los venezolanos “solo profundizará la crisis y acrecentará negocios ilegales como la trata y tráfico de personas”.

Tal como apunta el DHS en su comunicado, las deportaciones de venezolanos a Colombia se están llevando a cabo siguiendo las indicaciones del llamado Título 42.

Se trata de una excepción a la ley de salud del país que permite restringir la entrada de extranjeros por vía terrestre por motivos sanitarios (incluso para quienes tienen visa).

Fue emitida en la década de 1940 y establecía que si algún médico certificado por el gobierno determinaba que una persona presentaba un riesgo de introducir una enfermedad contagiosa en el país, esta persona debía ser expulsada de inmediato.

Esa decisión después pasó a ser competencia exclusiva de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y fue muy pocas veces puesta en práctica durante las distintas administraciones.

Pero en marzo de 2020 el entonces presidente Donald Trump lo reactivó en el contexto de la pandemia, despertando la polémica porque la norma restringía el derecho a buscar asilo en el país.

Y en septiembre del año pasado la radio estadounidense NPR reportó que el gobierno de Joe Biden había solicitado ante una corte mantener el Título 42 activo para temas migratorios con el fin de “ralentizar la expansión del covid-19 en el país”.

Olga Byrne, directora de asuntos migratorios del Comité Internacional de Rescate, critica la medida.

“A pesar de los compromisos anunciados por la administración de Estados Unidos en los primeros 100 días, las políticas dañinas como el Título 42 siguen vigentes más de un año después de asumir el cargo”, señaló este martes en un comunicado.

“Las expulsiones por Título 42 privan a los solicitantes de asilo del debido proceso y, en cambio, los envían de regreso a condiciones peligrosas, similares, si no peores, a aquellas de las que escaparon. En ciertos casos, los envían a terceros países, como Colombia, que durante años han dado un paso adelante para recibir a los solicitantes de asilo venezolanos”.

Los venezolanos se han convertido en la segunda nacionalidad, detrás de los mexicanos, que buscan cruzar la frontera sur de EE.UU., de acuerdo a datos de las propias autoridades estadounidenses.

Según los reportes entregados por la Patrulla Fronteriza, los pasos donde se han identificado más inmigrantes han sido los de Yuma, en el estado de Arizona, y Del Río, en el estado de Texas.

Los venezolanos suelen viajar hasta Mexicali, en México, y de ahí intentan cruzar por el paso de Yuma.

El pasado septiembre, la ONU confirmó que cerca de seis millones de venezolanos habían salido del país en los últimos años. Muchos de ellos señalaron que habían emigrado por causa de la crisis económica que atraviesa el país sudamericano.

Colombia, el principal receptor de esa migración, activó un ambicioso plan de naturalización de los migrantes venezolanos, que se estima representan una población de cerca de un millón y medio de personas.

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