El 9 de febrero de 2022, el enviado especial presidencial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry, estuvo en nuestro país para dar seguimiento a los acuerdos relativos al combate al cambio climático de la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, que se llevó a cabo entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, así como el primer ministro canadiense Justin Trudeau, en noviembre de 2021.
Algunos de los convenios generales tomados en la Cumbre fueron la colaboración para el despliegue de energías renovables en América del Norte, acelerar la transición hacia el transporte sostenible, y la creación de una estrategia norteamericana sobre metano y carbono.
La cancillería mexicana indicó en un comunicado que los temas de esta visita giraron en torno a la cooperación regional; acelerar el despliegue de energías renovables; avanzar en la implementación de programas de soluciones basadas en la naturaleza, como Sembrando Vida; colaborar en la transición hacia el transporte eléctrico sustentable, y consolidar el interés de México en posicionarse como el punto focal para el suministro de paneles solares en el mercado norteamericano, entre otros.
Si bien en el marco de esta visita hubo una agenda temática amplia, la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica que se debate en el Congreso mexicano acaparó la atención de diversos medios de comunicación y diferentes actores políticos y económicos.
John Kerry expresó “preocupación” por acelerar la transición hacia energías limpias, y por que la iniciativa de reforma en curso no afecte al T-MEC ni represente un obstáculo para un mercado abierto y competitivo en materia de electricidad y energías limpias. Todo ello bajo el total respeto de la soberanía de México, indicó.
En este contexto se acordó instalar un Grupo de Alto Nivel de Energías Renovables y Cambio Climático, que involucrará a las principales agencias de México y Estados Unidos y en el que serán abordados los temas de la visita antes referidos.
Sin duda, la transición energética hacia energías limpias es importante para combatir el cambio climático; sin embargo, ésta se debe realizar de manera planificada, progresiva y ordenada. Asimismo, tiene que atender al interés nacional, con base en las capacidades de cada país y sin complicidades mal entendidas entre los sectores público y privado, que generen nuevas acumulaciones de riqueza o de otra naturaleza, así como nuevas dominaciones derivadas de lazos perniciosos entre ambos sectores. No hay que ver la transición energética como un gran negocio para el sector privado en acuerdo con el poder político.
La transición tampoco puede atentar contra la capacidad económica de las familias, ya que en un sistema eléctrico desregulado como, por ejemplo, el alemán, los costos de los recibos de la luz se han incrementado sensiblemente, debido a que integran los subsidios a las energías renovables, los planes de desmantelamiento de las centrales nucleares, y las ayudas a las regiones afectadas por la clausura de centrales térmicas.
La transición que contempla la iniciativa mexicana de reforma constitucional en materia eléctrica da prioridad en el despacho a las centrales hidroeléctricas y otras fuentes de generación limpia de electricidad.
Además, no contraviene el T-MEC ni socava el mercado abierto y competitivo. Todo lo contrario, lo hace real y no ficticio, para que existan procedimientos de verdadera competencia. Asimismo, el Estado recupera la conducción del sistema eléctrico nacional, a través de la Comisión Federal de Electricidad.
Aquí cabe preguntarse qué pasaría si en nuestra región geográfica hubiera un potencial escenario de guerra como en Ucrania, el cual ha generado, por ejemplo, un incremento en los precios de la energía a nivel mundial. La respuesta no es difícil de imaginar.
Si nuestras fuentes de energía y sistema eléctrico fueran controlados por el mercado, nuestra capacidad soberana en materia energética y eléctrica estaría comprometida y sometida, sin duda, a intereses que no son necesariamente propios.
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