Casi mes y medio después, el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa vuelven a reunirse. La cita está programada para este lunes en la mañana, en la Casa de Nariño.
A esta se llega luego de que ambos expresaron diferencias en algunos aspectos jurídicos de la ‘paz total’, los cuales finalmente llevaron a Petro a darle la razón a Barbosa en “algunas cosas”.
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Al menos así lo expresó a través de su cuenta de Twitter, en la que admitió que el fiscal general tiene razón en ciertos puntos. Este lunes, sin embargo, se reunirán para buscar consensos jurídicos tras la negación de la Fiscalía General de levantar órdenes de captura a varios jefes de bandas criminales.
Esta vez, al encuentro en el Palacio de Nariño, Barbosa llegará con el respaldo del fiscal de Estados Unidos, Merrick B. Garland, quien la semana pasada le agradeció, en su visita a ese país, la cooperación jurídica que ambos han tenido.
“El firme apoyo del fiscal general Barbosa al Estado de derecho, respetando al mismo tiempo los compromisos bilaterales, ha sido la piedra angular de nuestros esfuerzos en materia de aplicación de la ley con Colombia”, dijo Garland.
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Este diario conoció que Barbosa le reiterará al Presidente que su intención es que se mantenga
Gustavo Petro en Cali, Valle.
Eso sí, el jefe del ente acusador reiterará que está comprometido con la paz –algo que el Gobierno le ha agradecido–, pero ajustada a la normativa legal. De hecho, en este contexto, ya hubo obstáculos jurídicos, como los presentados al negar 16 suspensiones de órdenes de captura de cabecillas de las ‘bacrim’ que no contaban con estatus político e, incluso, algunos de ellos son extraditables, algo de lo que el Gobierno dijo que no tenía conocimiento.
“Los otros criminales –los narcotraficantes y disidentes que incumplieron sus compromisos con el Acuerdo de Paz– deben ir a la justicia retributiva, y ellos deben pagar cárcel, pero además cárcel efectiva. Esta es la diferencia entre un proceso de paz y uno de sometimiento”, comentó el Fiscal.
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Las diferencias entre la Presidencia y la Fiscalía
Hace dos semanas, antes de pactar la cita, se llegó a hablar de un choque de trenes tras la negativa de levantar las órdenes de captura, pero Petro le bajó el tono a la polémica y dijo que solo había diferencias de conceptos que esperaban aclarar, pues el Gobierno sustentaba su petición en la prórroga y modificación de la Ley 418 de 1997.
No obstante, en los últimos días reapareció la tensión. El jefe del ente acusador comentó desde Washington que “nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el cartel de Cali. En ese orden de ideas, nosotros lo que tenemos que decir es que estos decretos tienen que ser revisados desde lo que implica para la operatividad del país”.
Y Petro afirmó el sábado desde Siloé, Cali, donde se reunió con la comunidad y algunos jóvenes que lideraron las protestas del 2021, que los jueces fueron presionados para no liberar a más de 200 jóvenes procesados por vandalismo.
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“Se impartió la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes, cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra”, aseveró el jefe de Estado, y agregó que esas presiones venían de algunos sectores del Estado.
A propósito, este ha sido otro de los temas del enfrentamiento: la intención del Presidente de liberar a los jóvenes de la primera línea que no hayan cometido delitos graves y que, según él, la Ley 418 lo faculta para hacerlo, algo que fue cuestionado por la Fiscalía y motivó la reunión de diciembre.
De ahí la importancia de la cita de este lunes. De los resultados de la cita se podrá medir cuánto podrá avanzarse en los diálogos de paz y sometimientos.
No obstante, hay que tener presente que el Gobierno viene trabajando en una ley de sometimiento que espera llevar al Congreso este semestre. Incluso ha trascendido que se espera contar con la opinión del ente acusador antes de presentarla, lo que podría ser uno de los temas por discutir.
¿Hubo presiones a los jueces?
Según el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), el magistrado Hermens Darío Lara, la ley de orden público “no contempla nada para la primera línea porque no es ni una estructura delincuencial de alto impacto ni una organización política”.
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Por eso, indicó: “Los jueces no harán caso a algo que está por fuera de la Constitución y de la ley, es una interpretación malintencionada por parte del Gobierno”.
Pero Lara afirmó que también ha habido presiones del otro lado, en la orilla de la Fiscalía y la Procuraduría, que anuncian investigaciones a jueces para buscar que asuman una posición, refiriéndose al proceso contra la juez coordinadora de Paloquemao, que firmó las órdenes de libertad de dos jóvenes de la primera línea.
Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra
“Lo que queda muy explícito es que tanto la Procuraduría como la Fiscalía han presionado a los jueces y una democracia no puede permitirse eso. Nadie puede estar por encima de un juez cuando va a decidir un tema, ni el Presidente, ni la Procuraduría ni la Fiscalía”, sentenció.
En ese sentido, para el presidente de Corjusticia, las cosas no son solo como las anunció Petro, pues las presiones a la Rama Judicial “son en dos vías, para que sí y para que no”.
REDACCIÓN JUSTICIA Y POLÍTICA
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