La erradicación del poblado chabolista El Walili en Níjar «no tiene marcha atrás». Así lo ha confirmado la alcaldesa socialista Esperanza Pérez durante el pleno celebrado este viernes. Una veintena de personas se ha manifestado a las puertas del Consistorio nijareño para pedir una solución habitacional al asentamiento donde viven alrededor de 500 inmigrantes.
La regidora ha informado que se está elaborando un censo, una lista abierta para posibles alegaciones, de quiénes podrán optar a soluciones temporales de vivienda si trabajan en la comarca. Este poblado es uno de los más grandes de la comunidad andaluza, donde se han registrado sucesivos incendios por la precaria situación de las chabolas.
El asentamiento se ubica en una de las carreteras que conecta con el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Una imagen que choca con las paradisiacas playas que el turista se encuentra cuando llega al destino. Más de 200 chabolas construidas con plásticos, maderas y restos de materiales de construcción, sin agua, luz ni otros servicios básicos.
El desmantelamiento del poblado está previsto para el 30 de enero, esa es la fecha tope. «Si hay alguien que se considera que es morador y no está recogido en el listado que lo acredite», ha dicho Pérez. Desde el Ayuntamiento nijareño instan a los inmigrantes afectados a que vayan a los servicios sociales para solicitar una alternativa habitacional.
La propia alcaldesa reconoce que «en Níjar se lleva veinte años mirando hacia otro lado en relación con la inmigración». Ante esta situación pide consenso entre las administraciones. «¿Por qué el tema de la inmigración está abandonado? Porque me lo he encontrado en todos los pasos que he dado, hay polarización social y grupos radicales que mienten», ha dicho.
En los últimos días se han sucedido diversas críticas en relación con los planes relativos a la inmigración en la localidad. La petición para frenar el desmantelamiento del poblado chabolista ha sido respaldada por diez entidades eclesiásticas, entre ellas varias parroquias, la Diócesis de Almería y Cáritas. Además, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y formaciones como IU, Adelante Andalucía y el sindicato SOC-SAT.
«El posicionamiento de la Iglesia de Almería respecto al desalojo y derribo del asentamiento de El Walili (Los Nietos) en el que viven 500 personas y que está previsto para el 30 de enero por el Ayuntamiento de Níjar, es muy claro: es estar siempre al lado de las personas cuyos derechos están siendo más vulnerados», dicen en un comunicado.
Desde APDHA afirman que, en estos momentos, se están construyendo unas cajoneras con 62 habitáculos, que estarán terminadas posiblemente para junio. «Servirán para alojar provisionalmente, previo pago por nómina y limitado a dos meses, a trabajadores temporales, obviando que las personas migrantes que trabajan en la agricultura de esta zona residen de manera permanente en el municipio», trasladan.
Para la asociación, el desalojo lo único que va a conseguir es que se formen nuevos asentamientos en otra zona, ya que las personas trabajan en un territorio aislado, limítrofe con el Parque Natural del Cabo de Gata, y sin transporte público.
