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hectáreas de hoja de coca es el máximo histórico que registró la ONU en las últimas dos decadas.
El Gobierno de Gustavo Petro ya contempla la posibilidad de comprarle a los cocaleros el cultivo de la hoja de coca, pero todavía no es claro cómo serán los mecanismos que pretenden transformar el uso ilícito de la planta a productos que aprovechen sus principios activos.
Dicha propuesta se remonta al pasado 16 de diciembre cuando, desde el municipio de El Tarra, Petro anunció que se crearía un programa para avalar que los campesinos sigan cultivando coca mientras se pone en marcha la política pública de sustitución de siembras ilícitas.
Pero ya le ha saltado polémica y precisamente, quien ha sido escéptico con este tema es Estados Unidos, quien advirtió que esto podría desencadenar problemas de ilegalidad mayores y sugirió que se realice una transición planeada.
Frente a eso, el director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Felipe Tascón, aseguró que se está valorando la idea de compra porque buscan aprovechar los usos legales de la hoja de coca que tiene 14 principios activos. En este sentido, lo que propone el Gobierno nacional es industrializar los cultivos ilícitos y crear planes alternativos para sacar otros productos con la hoja de coca.
Sin embargo, según Daniel Mejia, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y exdirector del centro de estudios de seguridad y drogas – CESED -, esta propuesta no es viable en el sentido de que “el mercado de la hoja de coca es muy pequeño, no llega al 1 o 2% y tenemos más de 200 mil hectáreas sembradas. En ese sentido, no hay un mercado fuerte para hacer derivados legales”, apuntó el especialista.
Y en eso difiere Tascón, pues según él, en el país ya existen emprendimientos que le dan uso legal a esos cultivos transformándolos en medicina o productos alimenticios como la harina y el mambe.
“No puede ser la sustitución de una mata por otra. En términos prácticos, la hoja de coca tiene una ventaja enorme sobre otros productos del agro colombiano”, apuntó.
Sin embargo, la polémica se mantiene porque analistas como Mejía contemplan riesgos y señalan que “como estrategia antidrogas no funcionaría. Los narcos que demandan la hoja de coca tienen todo el margen de maniobra para subir los precios que el gobierno decida pagarle a los campesinos”.
La posición de Tascón es diferente. Según él, los campesinos acuden a los cultivos de hoja de coca como una salvación en medio de una crisis económica porque “los campesinos no se meten a la coca porque tengan vocación delincuencial. Los narcotraficantes son otros”.
A fin de cuentas, la propuesta también tiene como propósito proteger a los campesinos del estigma que han cargado históricamente por cultivar coca y en palabras de Tascón perseguir a “los grandes propietarios capitales que mueven este negocio”. Sin embargo, todavía queda la incógnita de cuáles serán los mecanismos de transformación para uso legal de la hoja de coca y los caminos jurídicos que se tendrían que abrir para hacerlo.
