En el 2021, el 92% de los frijoles y el 69% del arroz provenían del extranjero y este año se produjeron 78 mil toneladas de arroz nacional menos: la Ruta del Arroz es para las familias agricultoras la última estocada al sector agrícola.
En el 2022, Costa Rica alcanzó una inflación interanual de 22%, la más alta en cerca de una década y la quinta alza más importante entre los países de la OCDE, desnudando la volatilidad a la que los mercados internacionales someten los alimentos de consumo interno.
Antes de la llegada de Rodrigo Chaves al poder, el consumo de alimentos en Costa Rica ya era altamente dependiente de las importaciones, por ejemplo, el 92% de los frijoles, el 69% del arroz y el 99% del maíz (concentrados que influyen en el precio de los huevos) es importado, según datos históricos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) analizados por el Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial (CIEDA).
Aunado a esto, la administración de Rodrigo Chaves tomó la misma ruta de los gobiernos de los últimos 40 años: el impulso de una apertura comercial sin políticas públicas que apoyen al productor nacional y que, por lo tanto, los empuja a abandonar la actividad y profundiza la dependencia de Costa Rica a los excedentes de otros países para importar.
“El agro en este país es una bomba de tiempo a punto de estallar, hay invitaciones a dejar de sembrar de parte de las autoridades de este Gobierno, porque es muy riesgoso, porque deja pérdidas, porque eso no los va a sacar de la pobreza, pero ¿a cambio qué?”, Fernando Zamora
Esto se reflejó en decisiones como la Ruta del Arroz, que a escasos dos meses del nuevo Gobierno —sin previa conversación o preparación del sector arrocero— redujo los aranceles al arroz importado en más de un 30%. También, con el anuncio de incorporación a la Alianza del Pacífico que promoverá el comercio con Asia.
El impacto de los decretos de la Ruta del Arroz llevaron a los productores a abandonar a pasos agigantados la actividad: desde su anuncio la cantidad de toneladas de arroz producido en territorio nacional cayó un 52%.
Fernando Zeledón, politólogo e historiador de la Universidad de Costa Rica (UCR), dijo que las últimas décadas “nos hemos dedicado a menospreciar al agricultor” e hizo referencia a un discurso por el que Chaves fue criticado en el plenario, por sindicatos y por los agricultores, por despreciar el trabajo agrícola en las zonas rurales:
“Ya no es el sudor de la frente que se va a ganar el pan nuestro de cada día, la gente que no tiene las herramientas mentales e intelectuales ya nunca va a poder salir de pobre, vean que triste, yo no tengo nada contra el trabajo manual, pero cargar racimos de banano en un bote no va a sacar a nadie de pobre”, fue lo que dijo Chaves en noviembre ante un grupo de estudiantes que viajarían a las Olimpiadas de Robótica y que le generó ácidas críticas, que recuerda Fernando Zeledón.
El politólogo explicó que el ajuste estructural de los años 80 “entregó la seguridad alimentaria” al mercado internacional, alegando que producir en territorio nacional era muy caro y dejando sin alternativa al sector.
“Como sabemos, no era que los agricultores iban a dejar de sembrar e iban a ponerse a importar, ¿verdad? Habían importadores, había un negocio interesado en que estas cosas sucedieran”, dijo Zeledón.
“Estamos hablando de un grupo político, de una élite que son los ganadores de la apertura comercial y que han ido haciendo lobby y presión a los diferentes gobiernos. No veo ningún cambio en este Gobierno”, agregó.
Entre los ganadores de las políticas en el sector agro de este año está el importador de arroz y financista de campaña de Chaves, Bernal Jiménez, así como Importadora el Armenio y La Maquila LAMA, empresas importadoras que acaparan el 82% del mercado arrocero, según revelan datos de Conarroz.
Para el dirigente agricultor, José Oviedo, el tema se resume en esta frase: “se nota el interés de ayudarle a los importadores y a las cadenas de supermercados”. Oviedo lo dice en referencia a las tres grandes cadenas que dominan el 80% de los anaqueles en el país según datos de la FAO: Walmart con el 56%, Megasuper el 14% y Gessa el 10%.
También, la familia Arias Sánchez, cuya empresa Ingenio Taboga recibió la primera licencia para producción de cáñamo en el país y cuyo negocio de la caña de azúcar no se verá afectado por la incorporación del país a la Alianza del Pacífico, al ser este producto la única excepción contemplada por el Gobierno.
Las familias agroproductoras, sin embargo, enfrentaron un año bajo una alta incertidumbre y alza de precios históricos en insumos agrícolas como los agroquímicos (derivados del petróleo) y los concentrados para alimentar animales (como el maíz que es 99% importado en el país) sin los subsidios estatales con los que cuentan su competencia extranjera dentro del país, como es en el caso de los productos que ingresan desde Estados Unidos.
“¿Qué resultados tenemos de estas políticas en el campo y en la gente que cultiva? Pues una pérdida lamentable de la cultura agrícola. El agro en este país es una bomba de tiempo a punto de estallar, hay invitaciones a dejar de sembrar de parte de las autoridades de este Gobierno, porque es muy riesgoso, porque deja pérdidas, porque eso no los va a sacar de la pobreza, pero ¿a cambio qué?”, lamentó Zeledón.
“Si los agricultores dejan de cultivar no sé qué va a pasar con el tema del consumo, si hay un problema de desabastecimiento, no sé que van a ser los importadores cuando les empiecen a vender por escasez producto de mala calidad y a más precio y haya que meterlo aquí”, agregó.
Para Zeledón, también es perjudicial que el abandono político del sector agrícola va de la mano de una desconexión entre los alimentos y las políticas de salud pública, por ejemplo, en cuanto al arroz fortificado: “¿qué tipo de salud colectiva estaría brindando con el ingreso de un arroz no fortificado?”
“En la dinámica particular de este Gobierno se plantean medidas populares, como, por ejemplo, bajar el costo de la luz, que puede beneficiar a los sectores más pobres de este país, pero se plantea como un negocio que beneficia a una, dos o tres personas. En el arroz, no es como que se dice que vamos a sembrar más y generar un músculo ¿Porque no se discute cómo se discuten en los países de los cuales nosotros importamos, todo el esquema de incentivos que hay para para la producción en estos otros países?”, cuestiona el politólogo.
CNP asfixiado, movimientos de jerarcas y protestas
Además de la inestabilidad en precios por la crisis mundial, los movimientos de puestos sacudieron al sector agrícola: la ministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Laura Bonilla, renunció el 9 de setiembre en medio de una seguida de renuncias dentro del gabinete.
Bonilla es una empresaria exportadora que escaló en puestos dentro de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) en los últimos 20 años hasta ocupar la presidencia en el 2014 y sus escasos cinco meses dentro de la cartera no fueron de gran recibo por los dirigentes campesinos.
Un día antes de la salida de Bonilla renunció su viceministro, Edgar Mata, alegando que no entendió la forma de “gerenciar” de su superiora y el 27 de setiembre renunció la otra viceministra de la cartera, Rocío Valerio, la tercera salida en menos de un mes.
“Nosotros nos ilusionamos con la viceministra de Agricultura, empezó a atendernos y preocuparse por proyectos que hemos planteado, como el de soberanía en el que participa la Iglesia, la academia y la dirigencia campesina. Lo revivimos, sentíamos que íbamos por buen camino, sin embargo, no fue así con la ministra de Agricultura”, lamentó el dirigente campesino José Oviedo.
Bonilla fue inmediatamente reemplazada por el hasta entonces presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), Víctor Carvajal, sin embargo, este fue sustituido hasta 14 de octubre por Adolfo Ramírez, lo que significa que el CNP se mantuvo un mes sin cabeza.
Carvajal sufre de la misma impopularidad dentro del sector que su antecesora, Oviedo describe su atención al sector como prepotente y dijo que tiene poca disposición a recibir al sector: “Está mal ubicado. El próximo año es el año de pedir la renuncia de ese ministro de Agricultura”.
“Él no tiene ningún interés, cree que podemos vivir importando productos. Le preguntaron sobre la soberanía alimentaria y dijo «¿Qué es? ¿Qué productos hacen falta en los supermercados? Si yo voy y ahí hay de todo»», contó Oviedo, quien lamentó el desconocimiento del jerarca sobre la soberanía, en medio de tensiones de guerra que podrían afectar el abastecimiento de alimentos.
El dirigente asegura que son las zonas rurales las que más sufren por el abandono al sector, en donde es más representativo el trabajo de campo que el presidente “menosprecia” y que abandona sin dar una alternativa”.
“La alternativa que han dado es sembrar cáñamo y ya sabemos que no es factible por los costos y porque el mercado se ha caído a nivel internacional. Nos venden la idea de importar y de que se va a comprar más barato, pero eso no ha pasado con el arroz y productos como el cerdo y los frijoles demuestran que no es cierto”, dijo Oviedo.
A raíz de las decisiones del Gobierno y por efectos acumulados de décadas en abandono, se convocaron múltiples protestas del sector en Casa Presidencial que Oviedo califica como “movimientos de desesperación de la gente que tiene deudas”.
Estas protestas se hacen “al calor de una emoción”, lo que afecta las convocatorias, según Oviedo, quien pronostica mayores movimientos y más organizados durante el próximo año.
Mientras tanto, el último salvavidas para los micro, pequeños y medianas empresas agrícolas nacionales es el mercado institucional que resguarda el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del CNP, sin embargo, la institución tiene sus ingresos propios (utilizados para pagar a productores) restringidos por la regla fiscal y al cierre del año no se ha aprobado la reforma —propuesta por el Gobierno— que los libera.
Ramírez asumió la presidencia del CNP con los recursos restringidos, incremento en el endeudamiento y una sobre oferta del arroz de producción nacional para el PAI, ya que los arroceros recurrieron de forma masiva a este órgano por invitación del presidente y ante los precios ruinosos que ofrecían los importadores tras la implementación de la Ruta del Arroz.
En el último año el CNP reporta una reducción en compras por ₡25 mil millones y deudas por otros ₡25 mil millones.
A pesar de esto, el ingeniero en agronomía tiene perspectivas positivas sobre el sector, al que aspira apoyar expandiendo el PAI hasta abarcar todo el mercado institucional para que las empresas agrícolas crezcan y aspiren a otros mercados —eso sí— estos planes siguen dependiendo de que los ingresos a los fondos del CNP sean liberados de la regla fiscal.
