En la gran mayoría de procesos grupales, el conflicto entre dos o más partes del grupo surge a partir de la aparición de una diferencia previa. Esta diferencia puede tener que ver con nuestra identidad, nuestros valores, ideología… o con las distintas necesidades materiales de sus miembros.
Hay ocasiones, sin embargo, en las que -a pesar de que el ruido generado pueda ser estruendoso- nos resulta tremendamente difícil identificar las causas reales que están llevando al mismo. La polémica creada en las últimas semanas, en relación con determinadas concesiones de Medallas de Oro de Navarra, en tiempos de UPN, y también con el censo provisional de símbolos franquistas aprobado en 2016, es un triste ejemplo de esto.
En un ejercicio de malabarismo comunicativo, distintos grupos de interés, políticos y mediáticos, llevan semanas acusando al Gobierno de Navarra presidido por Uxue Barkos de no haber incluido en aquel censo inicial todos los nombres que figuraban en los diversos informes que por aquel entonces se elaboraron. Olvidando que hasta 2015 no había sino un folio en blanco, por lo que difícilmente pudo aquel gobierno hacer otra cosa que añadir nombres -nunca eliminar- a un listado hasta entonces inexistente. Ciertamente, la propuesta inicial que hizo el Gobierno de Navarra incluyó a los personajes más destacados de la represión franquista, casi siempre unidos por el denominador común de contar con delitos de sangre a sus espaldas. Apellidos como Franco, Mola, Sanjurjo, Primo de Rivera, Domínguez Arévalo (el conde de Rodezno), Solchaga y tantos otros fueron, gracias a ello, desapareciendo del lugar de honor que supone figurar en el espacio público navarro.
Y, es importante recordarlo, sin que ello supusiera una puerta cerrada a posteriores ampliaciones. Una rápida visita a la hemeroteca nos permite comprobarlo: el mismo 30 de noviembre de 2016, tras dar por buena la propuesta de censo aprobada por unanimidad en la Comisión Técnica de Memoria Histórica, el Gobierno de Navarra señalaba en una nota de prensa su carácter de “censo abierto y no definitivo”. Además, en su balance periódico de actuaciones, el Gobierno calificaba en junio de 2018 y en febrero de 2019 de “provisional” a dicho censo, así como su “voluntad de estar abierto a aportaciones”. La propia consejera Ollo destacaba el “carácter vivo y cambiante” de estos símbolos.
Siguiendo con la hemeroteca, es sencillo repasar las iniciativas (interpelaciones, mociones, preguntas orales en pleno a la consejera o a la presidenta, peticiones de comparecencia, artículos de opinión, ruedas de prensa…) que los grupos con representación parlamentaria realizaron entonces. La respuesta es rotunda: ninguna. Cero mociones, preguntas, ruedas de prensa, artículos… cero cuestionamiento hacia una propuesta de listado que en todo momento se ha mostrado receptiva a mejoras, desde la humildad, la sinceridad y el rigor de quien -como la consejera Ollo- siempre se ha caracterizado por la búsqueda del consenso en un tema que requiere especial sensibilidad.
Entonces, y volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué se ha abierto un conflicto público, con acusaciones cruzadas, entre grupos de izquierda que dicen apoyar las políticas en materia de Memoria del Gobierno de Navarra, y que en seis años no han mostrado ninguna preocupación respecto de cómo se estaba gestionando la dignificación del espacio público? Francamente, creo que solo la cercanía electoral explica ciertas -y novedosas- posiciones, que contrastan significativamente con el silencio mantenido en todo este tiempo.
Por lo que respecta a mi grupo, tenemos claro que los excelentes resultados de la gestión de la consejera Ollo reflejan por sí solos la ingente tarea desarrollada por su equipo: en lo relativo a la democratización del espacio público, desde 2015 se han retirado más de 400 símbolos y 100 menciones honoríficas de nuestras calles y plazas, en colaboración discreta con las entidades locales. Entre ellos, destaca la laureada que hasta el año 2016 presidió vergonzosamente la Diputación Foral, el Palacio de Navarra.
¿Cómo es posible que la principal institución pública navarra, casi cuarenta años después de la muerte del dictador Franco, siguiera estando presidida por un símbolo inequívocamente franquista? Lo cierto es que, hasta la llegada al poder de Geroa Bai, en el año 2015, las políticas públicas de Memoria brillaron por su ausencia en Navarra. Los sucesivos gobiernos de UCD, PSN y UPN no movieron un dedo, en lo que supuso una inacción dolosa totalmente vergonzante para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad democrática. Solo el impulso de personas anónimas y de las asociaciones de memoria histórica -a las que nunca podremos agradecer suficientemente su trabajo- permitió mantener viva la causa de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para las víctimas del horror franquista. Con una altura de miras realmente admirable, puesto que siempre lo han hecho poniendo los Derechos Humanos de todas las personas en el centro de sus reivindicaciones; impidiendo con su mirada crítica de la Historia que los crímenes del pasado se diluyan en el olvido; y teniendo siempre presente que la mirada hacia el futuro -hacia un futuro en paz, con la convivencia como elemento central del mismo- es la prioridad máxima y el principal objetivo de sus esfuerzos.
Así lo entendió aquel “Gobierno Barkos”, que con la creación de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos puso por primera vez una estructura pública al servicio de las políticas de Convivencia en nuestra tierra. Convirtiéndonos, en poco tiempo, en pioneros en impulsar exhumaciones y un banco público de ADN; en la colaboración con las asociaciones memorialistas; en impulsar actos de reconocimiento y reparación de víctimas; en la democratización del espacio público junto a las entidades locales, eliminando del mismo todo tipo de simbología franquista; en llevar adelante actividades de sensibilización; en trabajar con los y las jóvenes en el ámbito educativo; en aprobar una Ley propia de Lugares de Memoria; en realizar investigaciones y un fondo documental sobre todas las formas de represión, como el expolio económico, la violencia ejercida contra las mujeres o contra el colectivo LGTBI.
Pero, por ingente que haya sido el trabajo realizado, no podemos conformarnos ni caer en la autocomplacencia. Todavía queda mucho por hacer. Por eso, esta semana hemos anunciado que acompañaremos al señor Remírez, consejero de Presidencia y por tanto competente en esta materia, en la revisión de las concesiones de las Medallas de Oro de Navarra. Como acompañaremos a la consejera Ollo en la actualización del censo de símbolos franquistas que llevará a cabo a partir de enero de 2023, tal y como anunció en el Parlamento.
Porque, en la acción política comprometida con los derechos de las víctimas, con la memoria crítica respecto de todas las violencias vividas en nuestro pasado más reciente, con la construcción de una cultura de paz y, sobre todo, con la convivencia presente y futura, a medio plazo el rigor siempre acaba imponiéndose al ruido.
El autor es parlamentario foral de Geroa Bai
