Pese a que en el denominado caso Singue un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió de forma unánime declarar la nulidad procesal de todo lo actuado, para la defensa del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, uno de los siete beneficiados en esa causa, no es momento de pensar aún en la unificación de penas.
Miguel Revelo, defensor del exfuncionario petrolero, explica su punto argumentando que la realidad actual de su cliente es que mantiene cuatro penas en firme y una en la que están a la espera de conocer la decisión de un tribunal de la CNJ respecto a la apelación a la sentencia de primer nivel de diez años de cárcel que se le ordenó, en mayo de 2018, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Carlos Pareja Yannuzzelli, sin la pena de ocho años por el delito de peculado en el caso Singue, mantiene cinco sentencias vigentes. Cuatro de estas en firme: seis años y ocho meses de prisión por el delito de tráfico de influencias, cinco años de cárcel por el delito de cohecho, seis años de condena por asociación ilícita y diez años de privación de libertad por el delito de peculado.
El fallo que aún no está ejecutoriado es el de diez años de cárcel por enriquecimiento ilícito, ante la acusación de un incremento injustificado en el patrimonio de Pareja Yannuzzelli de más de $ 1,2 millones. Para la Fiscalía, este patrimonio no revelado ni justificado es producto de las funciones que él desempeñó como gerente de Refinación, gerente general de Petroecuador y ministro de Hidrocarburos, entre el 19 de marzo de 2012 y el 29 de abril de 2016.
“Mal podríamos hablar en este momento de una unificación (de penas) porque falta que se resuelva la apelación del enriquecimiento ilícito. Entonces, no podríamos hacer nada. Pero si se llega a resolver la apelación, en la práctica tendríamos ya las sentencias ejecutoriadas y podríamos esperar hasta el próximo año (2023), creo yo, cuando cumpla el 60 % de las penas, y ahí sí poder pedir la acumulación de penas y la mal llamada prelibertad”, indicó Revelo.
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Desde las 16:40 del 11 de julio pasado, el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli está a la espera de que un tribunal de la Corte Nacional, integrado por los jueces Byron Guillén (ponente), Daniella Camacho y Mercedes Caicedo, quien reemplaza en la Sala al presidente de la CNJ, Iván Saquicela, emita la resolución respecto a la apelación a la sentencia por enriquecimiento ilícito.
La audiencia ya se dio y lo que resta es conocer la resolución de Guillén, Camacho y Caicedo respecto a si aceptan o niegan el recurso de apelación. Aún no existe fecha para esa diligencia.
Aunque hasta el 2023 podrían pensar en solicitar que se unifiquen las penas, Revelo dibuja en el horizonte una dificultad que deberá ser analizada por los jueces de garantías penitenciarias. La situación a la que se refiere tiene que ver con que los tipos penales con los que se juzgó a Carlos Pareja Yannuzzelli en las cinco causas son del Código Penal derogado, pero se aplicó en estas el procedimiento del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por ser más garantistas.
“Lo que están haciendo los jueces ante esta situación es decir que el procesado debe tener cumplido el 60 % de la pena, independientemente con qué Código te juzgaron. Cumple el 60 % de la pena, no debe tener otra sentencia que esté en ejecución, deben estar todas las penas ejecutoriadas para que se proceda con la acumulación y con eso resolvemos. (…) Esto pasa porque son casos nuevos. El COIP entró en 2014, entonces hay muchas cosas que hasta ahora no se resuelven”, apuntó Revelo.
A finales de diciembre de 2021, por temas de salud y cercanía familiar, el exministro fue trasladado desde el Centro de Privación de la Libertad de Tungurahua a la denominada Cárcel 4, en el norte de Quito. Este último centro fue el primer lugar al que él fue ingresado luego que se entregó a la justicia en agosto de 2017, varios meses después de estar como prófugo en Miami, Estados Unidos.
Según la defensa de Pareja Yannuzzelli, su representado tiene 18 investigaciones previas aún abiertas por delitos como peculado, los cuales serían la mayoría, tráfico de influencias y concusión, es decir, delitos contra la administración pública. Revelo indica que son ahora 18, pero llegaron en algún momento a ser 30 las investigaciones que se generaron.
Las doce indagaciones previas restantes, refirió el abogado del experto petrolero, ya se habrían archivado y la mayoría estaban abiertas en la jurisdicción de Esmeraldas, pues todas tenían que ver con contratos que Pareja Yannuzzelli firmó en la refinería de esa provincia. Ese mismo rumbo, cree Revelo, seguirán las restantes investigaciones, además porque estas se iniciaron en el 2016.
“Ya ni los contratistas, ni los representantes legales de las empresas que firmaron los contratos con Petroecuador existen, entonces se le complica más a la Fiscalía buscar más indicios”, anotó. (I)
