Las escuelas porteñas regresaron sus actividades tras las tomas, aunque el conflicto que se extendió desde finales de septiembre hasta el 14 pasado está lejos de resolverse. En su pico, la situación escaló a un total de 11 instituciones tomadas por los estudiantes que, con el correr de los días, fueron abandonando la medida. Ahora el enfrentamiento se trasladó de las aulas a los tribunales. El gobierno porteño, que puso como condición para sentarse a dialogar que los alumnos liberaran los colegios, avanzó con diferentes acciones administrativas y legales. Primero, en materia educativa, con la decisión de recuperar de manera obligatoria los días perdidos y en lo judicial, mediante la radicación de denuncias penales a los padres que ya se tramitan en la justicia y de demandas civiles que se presentarán en los próximos días.
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En el plano penal, de acuerdo al Ministerio de Educación porteño, ascendieron a 25 las denuncias realizadas contra 366 adultos que habrían avalado que sus hijos participen de las tomas. Por el lado civil, la Ciudad cursará 21 demandas por daños y perjuicios por el costo laboral que implicó el cierre de las escuelas. El monto reclamado a los padres es de $50.538.442,85. En la comunidad educativa las posiciones se bifurcan entre padres autoconvocados que solicitan un cambio en la reglamentación porteña para evitar que vuelvan a ocurrir las tomas, y aquellos que rechazan el avance judicial de las autoridades de la ciudad.
Según consignaron fuentes del gobierno porteño, las demandas civiles todavía no fueron presentadas porque el ministerio recién terminó hoy de elaborar el informe técnico que cuantifica con exactitud el costo que significó el cierre de escuelas, principalmente por el pago de haberes al personal docente y al no docente. En el dictamen administrativo se individualizó también a los más de 300 padres de 21 escuelas contra quienes se va a dirigir el reclamo económico.
Reclamos
“Después de años de pandemia con las aulas cerradas, que volvieran a cerrar por las tomas es desesperante. Tiene que haber sanciones”, dice a LA NACIÓN Alejo Signorelli, miembro de Voces No Escuchadas, el grupo de padres autoconvocados de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida coloquialmente como Lengüitas, que se organizó para reclamar contra las tomas. “Las escuelas tienen que estar abiertas. Después discutimos lo que quieran. Es todo un tema digitado desde la política utilizando a los chicos. Los que están a favor de las tomas no aceptan que hayan otras formas de pensar y en vez de ir por la vía legal imponen su mirada única. ¿Qué tiene de democrático que unos pocos decidan dejar sin clases a toda una comunidad educativa? El Lengüitas tiene 3000 estudiantes, pero solo 200 participaron de una votación que afectó a toda la escuela”, agrega.
Este grupo de padres se reúne semanalmente con legisladores de la comisión de Educación de la legislatura porteña para reclamar cambios que endurezcan el protocolo de actuación contra las tomas que forma parte de las “Pautas de la Convivencia Escolar”. La resolución en la actualidad dispone para estos casos de un procedimiento en el que se le da intervención al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al SAME, y por último se cita de forma inmediata a las familias para informarles que en esas condiciones el establecimiento no puede asegurar el cuidado de los alumnos, por lo que tienen que retirarlos.
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Protocolo
La activación de aquel protocolo fue lo que derivó en las denuncias penales que siguen tramitando en la unidad Fiscal Este que está investigando si hubo una violación al Código Contravencional porteño. Se les imputa a 366 adultos haber violado el artículo 60 de ese cuerpo normativo, que sanciona el ingreso o la permanencia en contra de la voluntad de un titular del “derecho de admisión”. Quien detenta el derecho en esta oportunidad son los directores de las diferentes escuelas y, por tratarse de establecimientos públicos, este recae finalmente en el gobierno de la ciudad.
La norma no prevé penas de cárcel, sino que establece como sanción que quienes sean hallados culpables realicen tareas comunitarias o paguen una multa. Respecto de los servicios a la comunidad, el castigo establece un máximo de cinco días, mientras que los montos de las multas oscilan entre los 200 y los 1000 pesos.
Diferentes padres del Lengüitas que fueron denunciados penalmente sostuvieron que están a la espera de las notificaciones de las demandas civiles para evaluar los pasos a seguir en la Justicia.
“Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”, expresó hoy la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.
Desde la cartera educativa señalaron a LA NACIÓN que los alumnos que participaron de las tomas se les computarán las faltas como injustificadas, mientras los que se quedaron sin clase pero no tuvieron participación estarán justificados. Por otro lado, aquellos que no cumplan con el 85% del presentismo del bimestre van a perder la regularidad escolar.
