La negociación final por el nuevo Plan Gas está trabada desde hace 10 días por una disputa entre petroleras acerca de cómo se repartirá el negocio de exportación de gas durante el verano. El contrapunto superó la instancia de la Secretaría de Energía y se resolverá directamente con el ministro de Economía, Sergio Massa. La mayoría de las empresas, a disgusto porque el programa favorece a YPF. Si no se descomprime, gobernadores de provincias petroleras podrían involucrarse en el conflicto.
El cronograma difundido hace tres semanas la Subsecretaría de Hidrocarburos, que dirige Federico Bernal, entre directivos de empresas petroleras preveía que la licitación para prorrogar por cuatro años la operatoria del Plan Gas.Ar iba a estar en la calle durante la primera semana de octubre. Esa hoja de ruta establecía, como paso previo al concurso, que la resolución oficial con la letra chica de la nueva versión del programa de estímulo al gas se publicaría la tercera semana de septiembre. Sin embargo, esos plazos expiraron y ninguno de esos hitos se cumplió. El tiempo es clave ya que la compulsa apunta a conseguir el gas que se transportará el próximo invierno por el gasoducto Néstor Kirchner siempre y cuando esa obra esté finalizada para esa fecha.
La principal razón de la demora, tal como publicó este medio el 16 de septiembre, se explica por la incapacidad del gobierno en lograr que los principales jugadores del mercado de gas —YPF, TotalEnergies, Wintershall Dea, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Pampa y CGC, entre otros— apoyen de forma conjunta los nuevos criterios que estableció la Secretaría de Energía para repartir entre los privados el mercado de exportación de gas a Chile durante el período estival.
Ese negocio es, para varios directivos consultados por EconoJournal, el único segmento que sigue funcionando como un mercado tradicional, dado que se expresa en dólares ‘reales’ y los precios se pactan entre privados. El resto de los segmentos, en especial el residencial y el de generación de energía, están pesificados y sus precios se definen en articulación con el Estado y no con los privados. Además, muchas veces esos cobros se atrasan durante meses porque el Tesoro no cuenta con la liquidez para hacer frente a sus obligaciones.
Esto último es, de hecho, lo que está sucediendo en estos días. A raíz de eso, la Ceph, una de las cámaras que nuclea a las empresas productoras de hidrocarburos, envió este martes una carta a la secretaria de Energía, Flavia Royón, para manifestar su preocupación por el atraso en los pagos del Plan Gas.Ar.
División de agua
Si no existe un acuerdo entre las partes, las esquirlas de la discusión podrían involucrar también a gobernadores de algunas provincias petroleras, como Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, que cuestionan que el nuevo Plan Gas que diseñó Nación fomentará la concentración de la inversión en Neuquén en lugar de impulsar una mirada federal que tenga en cuenta también a otras cuencas como la Austral o la del Golfo San Jorge.
En ese reclamo podría incluirse, además, la necesidad de contemplar un factor de ajuste por declinación para las empresas que desarrollen yacimientos convencionales, como por ejemplo los campos offshore del consorcio integrado por TotalEnergies, Wintershall Dea y PAE en la cuenca Austral.
En el contrapunto entre petroleras emerge una divisoria de aguas: la mayoría —PAE, TotalEnergies, Pampa, Wintershall Dea y CGC, entre otras— interpreta que los criterios que definió el gobierno para definir quién tiene la prioridad para exportar gas hacia Chile favorece de manera excesiva a YPF, el mayor productor de gas de la cuenca Neuquina, y en menor medida a Tecpetrol, el segundo.
“En la última versión del borrador que circuló sigue existiendo un sesgo excesivo en favor de YPF. Es lógico que la petrolera controlada por el gobierno tenga un beneficio, pero tal como quedó redactado el último borrador, YPF se quedaría con la mayor parte del mercado de exportación de gas hacia Chile”, explicó el director comercial de una productora.
Análisis técnica
La Secretaría de Energía quiere fijar tres nuevos criterios para asignar los permisos de venta gas durante los meses de calor:
a) Uno en función del volumen que produce cada empresa;
b) Otro vinculado con la mejora de precio que pueda ofrecer cada petrolera en comparación que con los importes vigentes (para lograr un ahorro fiscal, según la definición de las autoridades), que también pondera sobre el volumen que extrae cada una,
Y c) el precio de gas que subaste cada compañía para aportar los volúmenes incrementales de gas que requerirá el gasoducto Néstor Kirchner.
Cada mecanismo asigna un tercio del mercado de exportación. Los dos primeros favorecen a YPF, por lo que el resto de las empresas interpreta que la petrolera que preside Pablo González podría quedarse como mínimo con un 60% del volumen exportado de gas por cuatro años, entre enero de 2025 y diciembre de 2028.
Directivos de las empresas productoras intentaron las últimas dos semanas acercar posiciones con Bernal y sus colaboradores. Pero esa instancia de negociación parece estar agotada. Tres altos directivos del sector indicaron que la discusión la saldarán directamente los número uno de las petroleras con el ministro de Economía, Sergio Massa. Al estar involucrada YPF, es probable que la vicepresidenta Cristina Kirchner también se involucre en el cierre de la cuestión.
Problema de fondo
Más allá del revoque fino de esa discusión técnica, una clave de lectura más básica facilita la compresión del problema de fondo. El nuevo Plan Gas, que regirá una vez que finalice el que está vigente (se extiende hasta fines de 2024), presupone que las empresas accederán voluntariamente a prorrogar por cuatro años los contratos actuales con Cammesa, la encargada de comprar el gas para las centrales térmicas, y las distribuidoras.
Eso implica que los productores re-convaliden un precio de venta del gas en el mercado local inferior a los US$ 3,65 por millón de BTU. En enero de 2021, cuando se licitó la versión actual del Plan Gas.Ar, las empresas optaron por vender por debajo de ese techo porque a mayor descuento más chances tenían de acceder al mercado de exportación chileno.
Los nuevos tres criterios que quiere establecer ahora el gobierno terminan con esa lógica. Entonces, ¿qué incentivo tendrán las compañías para ser competitivas y ofrecer precios más bajos si el mercado chileno está tabicado de antemano para YPF?
Lo más probable, si no hay cambios, es que el resto de los productores termine cotizando su gas al precio tope que se fije en la subasta, que ascenderá a los 4 dólares. Una de las consecuencias directas de aplicar el modelo de Plan Gas que diseñó Energía será que el precio doméstico del gas aumentará.
Mercado imperfecto
Un representante del mercado de gas analizó el conflicto en estos términos: “La industria del gas no funciona como un mercado de competencia perfecta. Y menos en una economía tan frágil como esta. Las reglas de juego que define cada gobierno terminan beneficiando más a algunas empresas y perjudicando a otras. Es decir, muchas veces los ganadores y perdedores no surgen de una competencia pura o estricta, sino que son el correlato de un armado regulatorio”.
“El problema es que en este caso el desbalance parece ser excesivo en favor de YPF. Esta es una industria pragmática, tal vez no es posible llegar a un equilibrio, pero sí a un esquema más parejo”, afirmó.
¿Cómo podría saldarse el contrapunto?
Fuentes del mercado coinciden en que lo más accesible sería recalibrar el porcentaje que tiene cada criterio de asignación de exportaciones o, en todo caso, fijar topes para limitar la cuota de mercado al que puede acceder cada productor.
La quinta versión del borrador del nuevo Plan Gas (la última) prevé que el 30% del mercado de exportación se adjudicará en función del volumen que aporte el productor. Y otro 30% se distribuirá entre las empresas que ofrezcan una reducción mayor del precio de venta, que también se calcula en última instancia en base a la producción de cada empresa.
“Si en vez de sumar un 60%, esos dos indicadores representaran un 40% la situación sería diferente. Habría que buscar la forma de que exista una competencia real entre las empresas, más allá del tamaño que tenga cada uno”, indicó un consultor. La respuesta se conocerá en los próximos días siempre y cuando el ministro de Economía se involucre personalmente en el tema.
