Luis Moreno Ocampo: “Teníamos que convencer a los jueces y a mi mamá”

A sus 70 años y con una carrera de jurista que lo llevó entre otras cosas a ser el primer fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el abogado argentino Luis Moreno Ocampo encajaba perfecto en el cuerpo académico de las escuelas de Derecho de universidades estadounidenses tan importantes como Stanford y Harvard. Era lo que hacía hasta hace un par de años. Pero entonces, en un giro inesperado, recibió y aceptó una invitación para instalarse en Malibú (California), y convertirse en profesor de una escuela de cine en Los Ángeles.

No es tanto un cambio de carrera como un cambio de frente de combate. “Hay en la escuela un vietnamita que dice una cosa genial: la guerra se libra dos veces, primero en el campo de batalla y luego en la memoria”, explica Moreno Ocampo desde Buenos Aires. “Dice: el Pentágono es importante, pero más importante que el Pentágono es Hollywood. Hollywood define la memoria, la memoria define las políticas”. Por estos días, Moreno Ocampo está pensando más que nunca en cine y no es para menos: se acaba de estrenar en el Festival de Venecia la película “Argentina 1985″, y en ella hay un actor (Peter Lanzani) que interpreta al joven Luis Moreno Ocampo, un abogado que sin tener experiencia alguna en juicios se transforma en fiscal adjunto del proceso en el que se acusa de homicidio, secuestro y tortura a los comandantes de una dictadura militar que apenas dos años antes ha dejado el poder. El protagonista de la película es la estrella argentina más importante del cine, Ricardo Darin, quien interpreta al fiscal Julio César Strassera. Dirigida por el cineasta Santiago Mitre, es una producción de Amazon Studios. Y la que cuenta, por si fuera necesario mencionarlo, es una historia real.

Moreno Ocampo habla con La Tercera desde la capital argentina justamente acaba de republicar allá su libro Cuando el poder perdió el juicio, donde expone el caso y cuenta la historia del llamado Juicio a las Juntas. Explica que quiso hacerlo un poco antes del estreno de la película en el país para dar mayor contexto.

“En un panorama político latinoamericano, donde toda Sudamérica estaba bajo gobiernos militares, Argentina enloquecidamente se larga a juzgar a los militares”, recuerda. “Ahí se consolidó algo muy importante para los argentinos, que tienen tendencias autoritarias fuertes: se acabaron los golpes de estado y se acabó la violencia como arma política. En ese sentido el Juicio a las Juntas fue clave, crucial”.

La película llega 32 años después del juicio, pero en cierta medida el mismo juicio fue pensado como una película. Moreno Ocampo cuenta que Strassera le pidió que aprovechara su conocimiento de la justicia estadounidense para preparar el juicio oral, y desde el principio el aspecto público -y televisado- de las audiencias fue parte importante del plan.

Pero para entender cómo Argentina llegó a someter a juicio a quienes hasta hacía muy poco habían detentado el poder total, hay que hacer un poco de historia, partiendo por el momento en que la dictadura, debilitada por la derrota en Malvinas, las divisiones internas y la crisis económica, decide dejar el poder y convocar a elecciones presidenciales en 1983, no sin antes dictar una ley “de pacificación nacional”, conocida como la ley de autoamnistía. En las urnas se enfrentaron Ítalo Lúder, del Partido Justicialista, y Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. Y había un tema en el que ambos diferían por completo: Lúder decía que había que respetar la amnistía; Alfonsín decía que había que derogarla y llevar a la dictadura a juicio. Cuando el radical gana con un 52% esa elección, se asume entonces que tiene el respaldo para emprender ese camino.

“El peronismo, que liderado por Luder se había opuesto a investigar el pasado, va al congreso y se ajusta a la nueva mayoría”, señala Moreno Ocampo. “Y el parlamento argentino en diciembre de 1983, casi por unanimidad, decide que esa ley de amnistía dictada por los militares era nula”.

A poco de asumir, Alfonsín ordenó la creación de una comisión de verdad, la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-, que preside el escritor e intelectual Ernesto Sábato, que se lanza a investigar y catalogar la historia de la represión en dictadura. “En siete meses juntan más de 50 mil denuncias y hacen un informe brutal”, recuerda Moreno Ocampo. “Entonces, básicamente el juicio a las juntas militares fue la frutilla de una torta”.

El informe de la Conadep se tituló “Nunca más”, y el fiscal Strassera se encargaría más tarde de inscribir esa frase en bronce.

“El juicio a las juntas fue de enorme relevancia porque tuvimos juicio oral y público, durante cinco meses desfilaron más de 800 testigos y eso le cambió la memoria al país”, recuerda Moreno Ocampo.

“Yo siempre uso el ejemplo de mi madre. Mi abuelo era general, y mi mamá me decía que ella amaba al general Videla. Decía que era como su padre. Ella iba a la Iglesia con Videla en el barrio de Olivos. Y yo nunca la pude convencer. Hasta que empezó el juicio a las Juntas. A la semana, nuestra primer testigo víctima fue una profesora universitaria que había sido secuestrada cuando estaba embarazada y tuvo la bebita en el asiento trasero de un patrullero con las manos esposadas. Su bebita cayó al suelo del auto y estuvo cinco horas en el piso, llorando. Una cosa tremenda. A ella la hicieron limpiar el auto antes de bajarse. Mi mamá al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo: yo todavía lo quiero al general Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso.

¿Cómo se llegó a hacer un juicio oral y público?

En Argentina el sistema, y en Chile era parecido, era de procedimientos penales por escrito y el juez llevaba la investigación. Lo que pasó es que como Alfonsín quería que los militares se juzgaran a sí mismos, ordenó, como comandante en jefe, un procedimiento militar de tipo sumario que establecía un juicio rápido y oral. Fue una especie de avanzada institucional, porque no solamente hubo juicio oral y público, sino que los fiscales seleccionamos de los miles de casos un grupo de 700 y después los fiscales investigamos, nosotros. Hubo muchas novedades jurídico institucionales que permitieron hacer un juicio oral y público, que además de investigar la responsabilidad de los acusados tuvo un impacto social enorme, enorme. Hay un intelectual peronista que decía: la Conadep nos abrió los ojos, pero el Juicio a las Juntas fue un baño masivo de información día por día, por meses. Eso transformó la memoria del país.

¿Cómo llega Julio César Strassera a convertirse en fiscal del caso y cómo llega usted a trabajar con él?

Bueno, todos los jueces y el fiscal de la cámara federal eran todos del sistema de justicia, todos habían sido jueces y fiscales durante el gobierno militar también. Y Strassera, que había sido juez, se convierte en fiscal de cámara y le toca el caso ese. Él pide ayuda y me mandan a mí. Yo trabajaba en la Procuración General de la Nación, preparando proyectos para casos de la Corte Suprema. Yo le dije: mira Julio, no tengo ninguna experiencia, nunca en mi vida hice un juicio como fiscal. Me dijo: ”Mejor, porque si lo hacemos normalmente, no sale esto. Vos conocés la justicia norteamericana, invéntate algo para investigar esto rápidamente nosotros como fiscales”. Entonces él me dio la pila libre y yo me armé un equipito: el más grande tenía 27 años. El más chico tenía 20. Era un grupito de siete que yo me rebusqué para sacarlos de varios lados, y con esos chicos logramos armar la investigación.

Hablaba del consenso político para llevar a cabo el juicio, pero ¿cómo era el clima social? ¿recibían presiones?

Había mucha expectativa. Por un lado, había amenazas, nadie sabía si iba a haber un golpe de estado, había incertidumbre. Pero también había mucha gente de los organismos de DDHH, gente de izquierda, que desconfiaba del sistema judicial ¿cómo estos jueces y fiscales que eran todos del gobierno militar van a hacer justicia? Por eso fue muy importante Julio, que era un tipo tradicional. A mí me encanta, porque él no era un héroe; él era un funcionario judicial que cuando le tocó hacer este proceso lo asumió, se puso los pantalones y fue para adelante.

¿Cómo investigaron y decidieron los casos que presentarían?

La Conadep había juntado miles de testimonios, entonces con la gente de la Conadep nos juntamos y de sus memorias elegimos los casos mejor probados. Después elegimos casos que habían pasado en todo el país, en los años 76, 77, 78… cada año. Después casos de las distintas fuerzas (armadas). Con eso elegimos los casos. Y cuando los teníamos, y a los comandantes se les había preguntado por ellos respetando su derecho a defensa, llamamos a las víctimas y les pedíamos si tenían documentos que demostraran lo que les pasó. Muchos tenían habeas corpus que habían presentado, con eso probaban que lo que decían ahora lo habían dicho durante la dictadura. Y después sumamos testigos del momento del secuestro. Y la conexión con la junta militar es que a esa gente la llevaron a ser interrogados con torturas en centros de detención que pertenecían o a regimientos militares o a comisarías. Todo era oficial. Ahí teníamos la comprobación de que esta gente estaba en el sistema oficial. Y ahí las víctimas que sobrevivieron nos contaban de sus torturas y nos contaban de las torturas que habían visto de otros. Entonces empezamos a probar que toda esa gente que había sido secuestrada en diferentes lugares estaba ahí en ese centro y eran todos torturados. Nosotros nunca quisimos acusar por el tema desaparecidos, porque no sabíamos si por ahí aparecía alguno y era un desastre. Y no había un tipo penal de desaparición de personas. Entonces lo que probamos fue homicidios, personas que habían sido secuestradas y habían aparecido meses después como en un falso enfrentamiento. Gente que aparecía con un balazo en la nuca y llevaban presos seis meses. De ese modo probamos los homicidios.

A lo largo de los meses de audiencia ¿pudo constatar cómo iba cayendo todo en la sociedad argentina?

Bueno, yo siempre le decía a Julio Strassera que teníamos que convencer a los jueces y a mi mamá. Yo usaba a mi mamá, aunque la convencimos en una semana. Pero representaba a la elite argentina que había apoyado el golpe de Estado, y a mucha gente no solamente de la elite. Esa gente no sabía lo que había pasado. Hacia el final del juicio, yo iba caminando por la calle y un hombre con el pelo corto y bigote tipo militar me para y me dice: “¿Usted es Moreno Ocampo?”. Yo: “sí”, y pensé que ahí me pegaba un tiro. Me dice “¿creía en lo que decía en el Juicio a las Juntas?”, “Sí, creo firmemente”, le contesté. “Usted me convenció”. Me dio la mano y se fue. Pasó eso, la gente fue asimilando. Y 10 años después los nuevos jefes de la Armada y el Ejército, cuando les preguntaban a ellos cómo era la represión ilegal, ellos no querían hablar de sus compañeros, y decían. “Lea el fallo de la corte de la Cámara Federal. Así fue”. Se fue consolidando una nueva memoria sobre el pasado.

A la altura de las circunstancias históricas, el fiscal Strassera cerró su participación en el juicio con un lucido y emotivo alegato que pasaría a la historia. Cinematográfico, podría decirse. “Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y el control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral”, acusó. Para hablar de la represión de la dictadura, dijo: “Me bastan tres palabras: feroz, clandestina y cobarde”. Y cerró su alegato con una alocución ya famosa: “Renunciando a toda pretensión de originalidad, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino: señores jueces, nunca más”. El salón de la corte se vino abajo en aplausos, el juez que presidía la Cámara Federal ordenó el desalojo y el resto del país supo que estaba viendo una parte importante de su historia en tiempo real. Los seis jueces de la Cámara Federal de la capital dictaron su sentencia el 9 de diciembre. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua, Roberto Viola a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a 8 años y Orlando Agosti a 4 años y medio. Otros dos acusados, Omar Rubens Graffigna, Basilio Arturo Lami, Jorge Anaya y Leopoldo Galtieri fueron absueltos.

El resto de la narrativa en torno a los Derechos Humanos en Argentina sería menos épico. Presionado por hechos como las insurrecciones militares “carapintadas”, Alfonsín presentó en 1986 una Ley de Punto Final y en 1987 la ley de Obediencia Debida, antes de dejar su puesto unos meses antes de tiempo presionado por una severa crisis económica y de popularidad. Entonces tomó el poder Carlos Menem, quien ya había ganado las elecciones presidenciales y quien luego indultaría a los condenados en el Juicio a las Juntas. Sería Néstor Kirchner quien, una vez en el poder, impulsaría la derogación de esas medidas.

Muchos años después usted se convirtió en el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Qué aprendió luego sobre las diferentes formas de represión en el mundo? ¿Le quedaba margen para el asombro?

La gran similitud es que los crímenes masivos los cometen organizaciones. No es un tema de malos y buenos. Es un tema de la misión que le dan a la organización. Si eres miembro de un Ejército y te dan como misión infiltrarte en un grupo enemigo para defender a tu país, es una misión noble. Te dan la misión de infiltrarte en un grupo de guerrilleros en tu país, y matar gente y torturar gente, es innoble. Y eso es lo que pasa. Básicamente organizaciones como un Ejército y las milicias se dedican a cometer crímenes. Esa es la parte consistente. La diferencia entre Argentina y el mundo es que en el mundo no hay un consenso en que la muerte no es una herramienta política. El gran tema para mí es que Argentina 1985 es un modelo en donde se trata a los sospechosos de violencia como ciudadanos con derechos. Pueden ser condenados si se presentan pruebas en un juicio. Argentina 1976 trataba a los ciudadanos sospechados de violentos como enemigos a los que se puede matar y torturar. Son dos modelos. Y lo que yo veo como peligroso es lo que el presidente Bush decidió tras el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Hasta ese momento el terrorismo internacional en Estados Unidos era investigado como un crimen. A partir de ese momento Bush decide que es guerra, y lanza lo que llama la Guerra contra el Terror, en la cual se arrogan el derecho de identificar personas que creen que son insurgentes y matarlos, sin juicio. Ahora EE.UU. se fue de Afganistán, pero la “guerra contra el terror” sigue, siguen matando gente así. Entonces el tema de tratar a los sospechosos como ciudadanos o como enemigos es un tema vigente no sólo en Argentina.

¿Cómo cree que se aprecia la historia de Argentina 1985 desde la Argentina de hoy? ¿Cómo se contrastan ambos momentos históricos?

Bueno, me parece notable que el juicio a las juntas se convirtió en una vaca sagrada. Es respetado por todos. Yo estoy acá porque me vine a presentar mi libro antes de que salga la película, para dar un marco de análisis. Y acá me respetan todos, de ambos lados, los K y los anti K. En ese sentido, una de las pocas cosas por las que los argentinos están unidos es por el juicio a las juntas.

¿Comparte la visión de que la sociedad argentina está muy polarizada?

Por lo menos los medios de comunicación lo están. Hay un fenómeno que no es solamente argentino, sino de cómo funcionan los algoritmos de los social media, y los medios de comunicación normales tienen que competir con eso. Es un negocio ser como Fox News: te dedicas a un grupo. No pretendes dar información objetiva, imparcial, de lo que ocurre, no. Te dedicas a fomentar la visión de un público, y eso genera un debate público muy crispado, muy conducido por extremistas. Yo vi eso en Israel – Palestina también, y yo vivo en California, y lo veo en Estados Unidos: el debate está muy crispado. Hay un fenómeno nuevo: la inteligencia artificial está transformando la comunicación en forma rapidísima y una de las malas consecuencias que tiene es que en lugar de ser globales somos tribales.

¿Eso está poniendo en riesgo la democracia?

Bueno, hay un problema porque la democracia se diseñó en el siglo XVIII. Tenemos tecnología del siglo XXI apoyando un sistema del siglo XVIII; hay una fuerte tensión ahí.

Y en este campo de batalla que es la memoria ¿dónde están los principales enemigos?

Bueno, recuperar la democracia en nuestros países fue muy duro y las generaciones jóvenes no estoy seguro de que sepan lo duro que fue y que entiendan. Y necesitamos que ellos nos ayuden a inventar un sistema moderno que use tecnología pero que también entienda el pasado. Por eso me parece que la discusión sobre el pasado es sobre el futuro: cómo armamos un futuro mejor entendiendo el pasado, que incluye convivir con el diferente, respetar al que no es igual y armonizar intereses. Eso es lo más difícil, me parece. Tú sabes que Facebook, por ejemplo, conecta a los que son iguales, no conecta a los diferentes. Entonces la tecnología nos segmenta más y más. Hay que inventar inteligencia artificial para cambiar eso. Siempre digo: hay que inventar un Tinder anti genocidio. Sabes que Tinder, su secreto, es que solamente ves las mujeres que te aceptan. Aparentemente las mujeres rechazan al 98% de los hombres y eso frustraba a los hombres. El tipo que inventó Tinder hizo un algoritmo que filtraba los rechazos. Tenemos que hacer lo mismo en la discusión pública: habría que eliminar los extremismos y generar consenso entre los moderados. Yo trabajo mucho en Israel y Palestina, doy clases ahí también, y la verdad es que el discurso está decidido por los extremistas. Y eso es un problema. Hay que filtrar a los extremistas y conectar a los moderados. Si no, no hay solución.