Kelvin Silva abraza a su hija en Estados Unidos.
ATLANTA.- Kelvin Silva dice que no entiende el español que le hablan en la República Dominicana. No lo había escuchado en 30 años, no hasta febrero, cuando lo deportaron a la isla, donde dice que no tiene familia ni amigos.
“Me podrían enviar a cualquier lugar, China, cualquier país. Sería lo mismo”, dijo Silva a La Noticia. “Apenas salgo. Es difícil confiar. Desde que estoy aquí, me han robado dos veces”.
Deportado a República Dominicana
El hombre de 45 años se mudó a Nueva Jersey a los 11 años para vivir con su padre, un ciudadano estadounidense naturalizado.
En la mayoría de los casos, alguien en la situación de Silva habría recibido automáticamente la ciudadanía a través de su padre. Pero las leyes de naturalización de Estados Unidos son complejas y vienen con muchas restricciones.
¿El factor de complicación para Silva? Sus padres no se casaron.
«No está bien. No es justo que una persona que ha vivido toda su vida en un país sea expulsada sin tener una oportunidad”, dijo Silva. “Siguen separando a las familias”.
Los problemas de inmigración de Silva comenzaron en el 2017. Mientras estaba en prisión por cargos de drogas, recibió una orden de detención de inmigración y pasó otros 30 meses bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Para impugnar su deportación, Silva cuenta con un equipo legal integrado por abogados del Southern Poverty Law Center, Asian Americans Advancing Justice y National Immigration Project.
La abogada Bacardi Jackson, del Southern Poverty Law Center, dice que el dilema de Silva se deriva de la histórica discriminación migratoria que las leyes modernas no han corregido.
“Hay una larga historia de discriminación en nuestras leyes de inmigración, tanto discriminación racial como discriminación de género, como en el caso del Sr. Silva, que ha afectado a un subconjunto de personas que son hijos de personas que no están casadas”, dijo Jackson.
Precedente viene desde la Guerra Civil
El problema legal específico al que se refiere Jackson se conoce como la Regla Guyer, un término acuñado por la profesora de derecho de la Universidad de Boston, Kristin Collins.
“Es realmente una restricción a la transmisión de la ciudadanía a los hijos de padres estadounidenses no casados”, dijo Collins.
La política evolucionó a partir de un caso de propiedad de 1864 en Maryland. Que los hijos del ciudadano estadounidense John Guyer pudieran heredar su propiedad, dependía de su capacidad para demostrar que eran ciudadanos estadounidenses.
A John y su pareja Margaret, descrita como una mujer de «ascendencia africana», les habían nacido hijos en el entonces sueco San Bartolomé. Mientras la familia Guyer vivía junta, los padres nunca se casaron legalmente.
“El estatuto de ciudadanía no decía nada sobre si los padres tenían que estar casados para que los hijos tomaran la ciudadanía del padre”, dijo Collins. “Pero el tribunal de Maryland interpretó el estatuto de modo que solo se aplicara a los hijos ‘legítimos’ de padres estadounidenses, incluso cuando, como en el caso de los hijos de Guyer, fueran parte de una unidad familiar”.
Los funcionarios de inmigración repitieron el lenguaje del caso en las décadas siguientes. Collins dice que si bien la regla nunca menciona la raza, se ha utilizado de manera desproporcionada para negar la ciudadanía a personas de color, como los niños nacidos en el extranjero de los militares estadounidenses.
“Hemos tenido esta tradición muy fuerte de restringir tanto la naturalización como la inmigración por tema de raza y origen étnico. Y es en ese contexto que se implementa la Regla Guyer”, agrega Collins.
La regla se convirtió en ley en 1940, estableciendo un distinto tratamiento legal entre los hijos de padres no casados y los hijos de madres no casadas.
‘Justicia fundamental’
Algunos de estos niños encontraron alivio a través de la Ley de Ciudadanía Infantil del año 2000, que se aplicaba a los menores de 18 años. Pero Silva ya era un adulto, menciona su abogada Bacardi Jackson.
“Esto es tema de justicia fundamental”, dijo Jackson. “¿Por qué hemos decidido como nación que podemos forjar una clase de humanos y tratarlos de manera diferente y menos favorable, separarlos de sus familias, sacarlos del único país que realmente han conocido en toda su vida adulta, simplemente por el estado de sus padres, si estaban casados?»
El Southern Poverty Law Center identificó 31 casos similares al de Silva, en los que se denegó un desafío de deportación a pesar de un reclamo de ciudadanía a través de un padre no casado. Más del 70 % de esos casos se relacionan con países del Caribe con poblaciones principalmente de color.
“Sabemos con certeza que se usa contra personas de color de manera desproporcionada, no solo por sus raíces discriminatorias, sino por su efecto discriminatorio actual”, dijo Jackson.
Mientras tanto, Silva dice que le cuesta asimilarse a la vida en la República Dominicana. Antes de sus problemas legales, había operado panaderías y trabajado como tatuador en Charlotte, Carolina del Norte. Ahora se preocupa por mantener a sus hijos y nietos, que aún están en Estados Unidos.
“Es realmente complicado y difícil para mí, saber y pensar que no puedo hacer nada para ayudarlos si necesitan algo porque están enfermos o lo que sea”, dijo Silva. “Mi vida está allá, no aquí”.
Para que finalmente termine la Regla Guyer, Collins dice que hay dos soluciones posibles: una ley del Congreso o un fallo en un tribunal federal.
Silva ha apelado su caso ante la corte federal de apelaciones en Atlanta, Georgia.
