El final de agosto marcará el del verano escolar y laboral para la mayoría. Un verano tórrido como pocos y que ha sido un espléndido paréntesis. Tras dos años de pandemia y con el regreso de las fiestas a cada rincón de Navarra, ha sido un verano disfrutón. Por fin.
Ese tiempo en el que el cuerpo social ha pedido, por puro ejercicio de salud mental, divertirse, descansar y, sobre todo, dejar de preocuparse. ¿Una pura burbuja que va a tardar poco en pincharse? Cierto. Pero muy real. Tan sólo hay que ser conscientes de que nuestra evasión estival chocará abruptamente en septiembre con la realidad de la vuelta al curso. Con una guerra estancada en
Ucrania y una crisis energética y de precios desatada tras la invasión rusa que llega galopando en un curso electoral.
Mascarillas, buena idea, pero mal gestionada. En la política navarra el comienzo de curso se ha adelantado a esta semana con el abrupto cese de la directora de
Sodena, Pilar Irigoien, nombrada por
Geroa Bai, por la compra de mascarillas en 2020. Compras realizadas con la magnífica intención de ayudar a las empresas, a través de
CEN, a conseguir protección para sus trabajadores en tiempos de máxima zozobra, esa es la pura realidad. Y una operación muy publicitada además.
El problema es que la gestión de estas compras ha generado unas pérdidas de 1,2 millones a las arcas públicas y que la Intervención recalca que la operación necesitaba contar con una autorización expresa del Gobierno de
Chivite como tal que Sodena no pidió. Pero aquí el tema no va de comisionistas aprovechados.
Lo inexplicable de verdad. Para los ciudadanos, lo verdaderamente grave e inexplicable es que haya todavía hoy 1,7 millones de mascarillas almacenadas en dos naves sin que se hayan aprovechado en todo este tiempo de pandemia. Es un problema evidente de gestión del dinero público con muchas derivadas jurídicas. Un escándalo que el Gobierno (en sus dos almas, la socialista y la nacionalista) veía venir desde hace tiempo según sabemos ahora. Hasta que le ha estallado públicamente esta semana.
De hecho, dicen los que saben, hay un buen pilar de informes jurídicos de otros tantos bufetes de primera fila analizando el acuerdo para unos y otros (Sodena, empresas, CEN), señal de que todo el mundo ha intentado salvar su responsabilidad. Veremos que dicen ahora los auditores de la
Cámara de Comptos, que es el próximo paso que le toca dar a este vidrioso expediente.
Quedan muchas dudas por resolver. Si el cese de Irigoien ha venido por no cumplir el procedimiento; ¿nadie, ningún técnico, ningún político de todos los que dieron sus vistos buenos se dio cuenta en todo el proceso de que había que pedir ese permiso hasta que lo ha dicho el Interventor? Da la sensación de que Irigoien es hoy la cabeza política elegida por el Gobierno, y por el consejero
Mikel Irujo en este caso, responsable del cese, como cortafuegos en un tema sensible y en un año que termina en las elecciones forales.
Y eso que ambos (Irujo e Irigoien) vienen del mismo campo ideológico (Geroa Bai). No conviene olvidar que Irujo llega al cargo de consejero muy escarmentado por el escándalo que dejó a su antecesor fuera del Gobierno.
Manu Ayerdi, autor también del acuerdo de las mascarillas, cayó precisamente por saltarse los informes técnicos en el caso Davalor, un tema que sigue en los juzgados y otro caso de pérdidas millonarias.
Interventores, incómodos e imprescindibles. De rebote, quién sale fortalecido es la Intervención, el cuerpo de funcionarios que hace de auditores internos encargados de controlar la legalidad de la gestión económica del Ejecutivo y de sus cargos.
Los interventores son muy incómodos y molestos para los políticos porque recuerdan que las leyes y los procedimientos están para cumplirse. Los políticos, a menudo, los ven como esos quisquillosos funcionarios especialistas en poner pegas a sus ideas y a la agilidad necesaria en la gestión. Y seguro que no todo es blanco y negro. Pero siguen siendo los garantes ante los excesos y la arbitrariedad, lo cual es reconfortante para el contribuyente.
