Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que existe “una falta de protección por múltiples causas estructurales que tienen que ver con impunidad, corrupción, pobreza y violencia extrema”.
Lunes 1 de agosto 2022 9:01 hrs.
En junio pasado, la tragedia en San Antonio (Texas) dejó más de 50 fallecidos. Entre ellos, incluido niños, de nacionalidad mexicana pero también personas de Guatemala y Honduras. Al encontrar el camión abandonado, la desesperación de quiénes cruzaron la frontera mexicana hacia Estados Unidos era evidente al constatar las condiciones del viaje: sin ventilación, sin agua y con altas temperaturas.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, lamentó que lo ocurrido en Texas “no es un caso aislado”. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, se refirió a los últimos anuncios sobre políticas de migración entre Estados Unidos y México.
Además, del último informe de la ONG que analiza la situación de los derechos humanos en la región y , en particular, las preocupantes cifras en México.
¿Por qué desde Amnistía Internacional se calificó este hecho en San Antonio como “un ejemplo devastador de la incapacidad de los Estados de las Américas”?
La propia Organización Internacional de Migraciones estableció que el año pasado, por lo menos, setecientas personas habían perdido la vida en su intento de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Y eso te habla de la realidad que están enfrentando las personas migrantes y solicitantes de asilo en su búsqueda de protección. Es la realidad de una crisis generada por políticas migratorias restrictivas, crueles e inhumanas para prevenir a las personas de ejercitar su derecho a solicitar asilo.
Por un lado, es importante mencionar que la falencia y la incapacidad de protección de los estados radica principalmente en los países de origen. Es un momento de nuestro continente donde atravesamos múltiples crisis transfronterizas: la segunda más importante en términos numéricos a nivel global que son las personas refugiadas venezolanas y la migración de personas en Centroamérica en el triángulo norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) . Donde en el último punto, se añade Nicaragua y su crisis de violaciones masivas de los derechos humanos. También la situación en Haití, la crisis cubana donde intentan escapar de la isla, entre otros lugares de la región.
Entender que ha existido un fracaso y una fallida respuesta de las políticas en los países de origen. Una falta de protección por múltiples causas estructurales que tienen que ver con la impunidad, corrupción, la pobreza, la violencia extrema y están expulsando a estas personas. Y en los países de tránsito y destino lo que están encontrando es otra crisis adicional de graves violaciones a los derechos humanos. Con abusos que se comenten por parte de grupos del crimen organizado, en complicidad, colusiones u omisiones de los estados.
En el caso de México, estas violaciones a los derechos humanos han sido constantes. Se han reportado masacres de personas migrantes y se repiten: en enero del año pasado se encontró un camión con los restos de 19 personas calcinadas. Esto, independientemente, de los gobiernos de turno.
Los grupos de crimen organizado han salido fortalecidos con estas políticas migratorias, como las impuestas por el expresidente Donald Trump en su administración e implementadas por el gobierno mexicano como el conocido “Quédate en México” o el título 42. Y han generado un contexto de graves violaciones de derechos humanos.
Cuando se informa de estos lamentables casos se hace referencia a las rutas peligrosas. ¿Cómo se puede describir ese contexto?
Hay que entender como las personas terminan empujadas a ingresar por las rutas más peligrosas, especialmente, desde el territorio mexicano. Hay que entender qué pasa con las rutas formales de migración. El año pasado (2021), el gobierno mexicano desplegó a más de siete mil funcionarios de la Guardia Nacional para el control fronterizo, el control de la migración. Con el propósito de prevenir el ingreso de personas al territorio nacional y que después pudiesen llegar a la frontera norte con Estados Unidos. El número de personas detenidas solo por su status migratorio ha aumentado y así como las deportaciones masivas que se dan sin la evaluación individual del riesgo que enfrenta cada persona.
No se logra un ingreso ordenado por los mecanismos formales donde puedan solicitar asilo. Se observa mayor presencia de la Guardia Nacional que de funcionarios del Instituto Nacional de Migración o de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados que son las entidades del Estado que deberían estar con una mirada de protección.
Se militarizan las fronteras y los cruces formales. Y lo único que quedan son estas rutas arriesgadas donde el crimen organizado está presente. Además, de un control territorial donde las personas se ven obligadas, como el caso de San Antonio, a cruzar la frontera en situaciones de altísima precariedad. En el entendido que ese trailer pasó por puntos formales de control fronterizo y que no fue detectado por las autoridades lo que te habla también de estos niveles de colusión y corrupción que existen en estos puntos.
A principios de julio, el gobernador de Texas autorizó a las fuerzas estatales a detener a inmigrantes y enviarlos a la frontera en medio de un discurso que califica de “invasión” a estos movimientos de personas. Más allá de la respuesta del gobierno de México sobre que “en los Estados Unidos la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal”. ¿Cuál es el impacto de estas frases?
Hemos visto el discurso y la narrativa, declaraciones xenófobas y anti-derechos que se están convirtiendo en políticas de Estado. Lo estamos viendo no solo con el gobernador del Estado de Texas, también con el expresidente Trump y la implementación de medidas con la excusa del contexto sanitario.
Se acusa a los migrantes por el aumento de la delincuencia, lo hemos visto en todos los países del continente, en Chile o Colombia, donde el uso de esa narrativa genera contextos de violencia contra las personas migrantes. Políticas con altísimo apoyo social porque ya se generó una campaña comunicacional que acusa a las personas migrantes de todos los problemas en esos países. Y tiene aceptación y popularidad.
Por ejemplo, en México el despliegue de la guardia nacional para el control fronterizo aumentó la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque las personas en México sienten que se están protegiendo sus fronteras y, por ende, sus intereses. Sabemos que la migración de ninguna manera supone una amenaza para las comunidades de acogida, todo lo contrario, se enriquecen.
A mediados de julio, se concretó un encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador. En el comunicado conjunto, luego de la cita en la Casa Blanca, se reconoce que existe un “flujo sin precedente”. Sin embargo, no hay compromisos concretos sobre regularización ni aumento de visas temporales de trabajo. Eso sí, se informó de una inversión del gobierno de AMLO de mil 500 millones de dólares para infraestructura fronteriza. ¿Los anuncios son los esperados ante la gravedad del actual escenario?
Hay un ejemplo claro de lo que es la expectativa con la realidad. Lo que se esperaría de un encuentro binacional de esta naturaleza son compromisos concretos públicos. En virtud, de algunos compromisos a los que han llegado los estados en nuestro propio continente muy recientemente. No podemos distanciar de la declaración sobre protección a la migración que se hace en el contexto de la Cumbre de Las Américas, este pacto migratorio donde se habla de la protección de los derechos humanos de las personas en movimiento y la necesidad de atender las causas estructurales.
En ese contexto, se hubiese esperado que los compromisos entre ambos gobiernos, Estados Unidos y México, fueran más concretos y visibles. Considerando la crisis que se ha generado por las políticas de los propios países. Es decir, la migración tiene números sin precedentes, pero estos números son las consecuencias de las políticas restrictivas. Y que van generando una crisis adicional de violaciones a los derechos humanos, miles de personas que se encuentran atrapadas en la frontera Estados Unidos-México, del lado mexicano. Los propios Estados han generado una crisis y ahora, estas declaraciones y comunicados, resultan insuficientes. Son respuestas paliativas ante la desgracia y la tragedia que sufren miles de personas.
Pero es lamentable ver que muchos esfuerzos de colaboración están encaminados en fortalecer infraestructura militarizada en el control migratorio y no en potenciar la infraestructura para dar acceso a las personas y su respectiva evaluación individual.
Hay mayor financiamiento para la Guardia nacional, que para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. México ya no solo es un país de tránsito o destino, sino también es un país que expulsa personas con necesidades de protección. No se reconoce como tal y , simplemente, el gobierno de López Obrador y como los otros presidentes, ha asumido el rol de oficial de deportación y migración de Estados Unidos. Considerando la implementación de ciertas políticas en las administraciones de turno de ese país.
El incremento en el financiamiento para el desarrollo en países de origen, sobre todo en Centroamérica, no será suficiente en la medida que no se atiendan las causas estructurales.
La Oficina regional se ubica en las dependencias de Amnistía Internacional en la Ciudad de México.
“Una promesa rota”
El último Informe de Amnistía Internacional 2021/22 reveló tres “ejes” de preocupación: salud (pandemia y la profundización de la desigualdad), espacio de la sociedad civil y expulsión de migrantes y refugiados (países del norte global).
Varias de esas alertas se observan en particular en nuestra región. En 2021, un total de 1,5 millones de personas perdieron la vida a causa de la pandemia en las Américas.
El histórico Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) entró finalmente en vigor en abril. No obstante, los actos de destrucción ambiental continuaron en muchos países, y la región de las Américas siguió siendo una de las más peligrosas del mundo para quienes defendían los derechos ambientales y los derechos humanos.
¿Qué conclusiones se pueden agregar si miramos a nuestro continente en materia de derechos humanos?
Comenzaría con una evaluación de 2021, que creo es muy importante, no solo por la valoración del tiempo sino por lo que significaba ese año. Era la promesa de los estados de una recuperación justa de la pandemia de covid-19, la esperanza de la llegada de la vacuna y lo que eso significaba la oportunidad del cambio paradigmático que tenían que hacer nuestros gobiernos para enfocar en la protección de los derechos humanos.
Y lo que fue la realidad es todo lo contrario. Fue una promesa rota del 2021. Desde el inicio de ese año observamos: un incremento de las tendencias autoritarias de los gobiernos de nuestra región y la represión violenta contra las personas que se tomaban las calles exigiendo la rendición de cuentas. Esto último, como en Colombia y Cuba. La falta de justicia en otros países, como Chile después de las protestas y la violenta represión, y Nicaragua con el total cierre del espacio cívico. Estas tendencias usaron la pandemia como excusa en vez de ser una oportunidad.
También estuvo marcado ese año por la exacerbación de las grandes desigualdades en la población. Las consecuencias del Covid-19 en el ejercicio de derechos económicos y sociales es cada vez más visible. Y con una crisis económica que está afectando a grupos de la población históricamente marginalizados, como los pueblos indígenas, comunidades negras, las mujeres y niñas que viven en situación de violencia. Con unas respuestas insuficientes por parte del Estado o, muchas veces, su propia respuesta agrava las situaciones de desigualdad.
Atravesando lo de covid-19, el financiamiento público al derecho y acceso a la salud, no solo no aumentó, sino que disminuyó en proporción a años anteriores incluido el inicio de la pandemia. Y en eso falta voluntad política en los gobiernos de nuestra región.
Da inicio a un 2022, estamos a la mitad del año, y, lamentablemente, no hemos visto un cambio. Cada día, los gobiernos muestran su incapacidad de diálogo con la ciudadanía anteponiendo sus intereses políticos y económicos. No solo se reprime a quiénes protestan, sino se criminaliza a quiénes defienden los derechos humanos. Somos la región, no solo más desigual y violenta, sino también la región más letal para la defensa de los derechos humanos y para el periodismo independiente.
El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión se vio amenazado en varios países de la región, según el documento. En Brasil, Canadá, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela se intimidaba, hostigaba, amenazaba, censuraba, criminalizaba o privaba de acceso a la información pública a quienes ejercían el periodismo y a quienes criticaban al gobierno. ¿Qué se puede agregar sobre estos antecedentes?
El periodismo independiente, cierre de espacios de comunicación y persecución de periodistas críticos a los gobiernos. También violaciones sistemáticas de los derechos humanos a periodistas como en México donde el inicio de este 2022 se han cometido 22 asesinatos sin que el Estado imponga una respuesta integral o distinta que permita prevenir esta violencia.
Esto, lamentablemente, es la radiografía. Sin embargo, en este contexto adverso también vemos esperanza. Por un lado, resurgimiento de movimientos sociales que han generado un contexto de parálisis casi de estas entidades de gobierno y algunos sectores conservadores que intentan frenar los avances. Lo vemos en la marea verde de Argentina que ha inundado todo el continente, vemos con mucha esperanza el proceso constituyente en Chile, de no solo garantizar una constitución que centre los derechos humanos sobre toda población históricamente marginalizada, sino que significa una refundación de la forma de hacer gobierno.
En ese contexto, hay algunas oportunidades que vemos en este 2022 que pueda ser ese año que empiece a catalizar estas transformaciones.
Sobre el capítulo de México en el último informe anual, advirtieron que las investigaciones penales por feminicidios siguieron siendo insuficientes.
El tema de la violencia de género sigue siendo uno de los enormes flagelos de todo el continente, pero particularmente en países como México. Este país atraviesa uno de los contextos más críticos de derechos humanos por muchos años que se ve reflejada en distintos indicadores numéricos, pero que en verdad se refiere a la vida de las personas.
Vemos un país que tiene más de 100 mil personas desaparecidas, que es el más violento para el periodismo independiente, que ocupa los primeros lugares de mayor letalidad para personas defensoras de derechos humanos, se criminaliza la defensa de los derechos humanos y sigue formalizando una política de militarización como parte de la seguridad ciudadana. Con torturas, malos tratos e índices de mayores feminicidios en todo el continente.
El año pasado se registraron alrededor de tres mil ochocientos homicidios en contra de mujeres, de los cuales un poco más de 800 están siendo investigados como feminicidios y son números que van en incremento. Y son números que reflejan los altísimos índices de impunidad. No solo no se investiga, sino que los pocos que se investigan tienen falencias de perspectivas de género. Y cuando avanzan las investigaciones y los perpetradores son llevados a la justicia, se presentan fallas y , en algunos casos, son liberados.
Ante este contexto, la respuesta ha sido insuficiente y el gobierno federal, del presidente, ha sido contradictorio. Ha disminuido el financiamiento para la atención de víctimas de violencia de género y para los refugios de mujeres que sufren violencia. Además, el presidente muy continuamente en sus discursos matutinos se refiere a que toda mujer o colectivo que sale a las calles a protestar es parte de un complot contra su gobierno.
Es una forma de criminalización a los colectivos feministas y donde en esas protestas se ha documentado el mayor número de incidentes con uso excesivo de la fuerza. Pareciera intencional el acto de silenciar estas protestas cuando se trata de uno de los temas más críticos en la respuesta estatal. No solo de esta narrativa de negación, sino convierte la política pública de la represión contra quien defiende el ejercicio de derechos.
En junio pasado, la tragedia en San Antonio (Texas) dejó más de 50 fallecidos. Entre ellos, incluido niños, de nacionalidad mexicana pero también personas de Guatemala y Honduras. Al encontrar el camión abandonado, la desesperación de quiénes cruzaron la frontera mexicana hacia Estados Unidos era evidente al constatar las condiciones del viaje: sin ventilación, sin agua y con altas temperaturas.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, lamentó que lo ocurrido en Texas “no es un caso aislado”. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, se refirió a los últimos anuncios sobre políticas de migración entre Estados Unidos y México.
Además, del último informe de la ONG que analiza la situación de los derechos humanos en la región y , en particular, las preocupantes cifras en México.
¿Por qué desde Amnistía Internacional se calificó este hecho en San Antonio como “un ejemplo devastador de la incapacidad de los Estados de las Américas”?
La propia Organización Internacional de Migraciones estableció que el año pasado, por lo menos, setecientas personas habían perdido la vida en su intento de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Y eso te habla de la realidad que están enfrentando las personas migrantes y solicitantes de asilo en su búsqueda de protección. Es la realidad de una crisis generada por políticas migratorias restrictivas, crueles e inhumanas para prevenir a las personas de ejercitar su derecho a solicitar asilo.
Por un lado, es importante mencionar que la falencia y la incapacidad de protección de los estados radica principalmente en los países de origen. Es un momento de nuestro continente donde atravesamos múltiples crisis transfronterizas: la segunda más importante en términos numéricos a nivel global que son las personas refugiadas venezolanas y la migración de personas en Centroamérica en el triángulo norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) . Donde en el último punto, se añade Nicaragua y su crisis de violaciones masivas de los derechos humanos. También la situación en Haití, la crisis cubana donde intentan escapar de la isla, entre otros lugares de la región.
Entender que ha existido un fracaso y una fallida respuesta de las políticas en los países de origen. Una falta de protección por múltiples causas estructurales que tienen que ver con la impunidad, corrupción, la pobreza, la violencia extrema y están expulsando a estas personas. Y en los países de tránsito y destino lo que están encontrando es otra crisis adicional de graves violaciones a los derechos humanos. Con abusos que se comenten por parte de grupos del crimen organizado, en complicidad, colusiones u omisiones de los estados.
En el caso de México, estas violaciones a los derechos humanos han sido constantes. Se han reportado masacres de personas migrantes y se repiten: en enero del año pasado se encontró un camión con los restos de 19 personas calcinadas. Esto, independientemente, de los gobiernos de turno.
Los grupos de crimen organizado han salido fortalecidos con estas políticas migratorias, como las impuestas por el expresidente Donald Trump en su administración e implementadas por el gobierno mexicano como el conocido “Quédate en México” o el título 42. Y han generado un contexto de graves violaciones de derechos humanos.
Cuando se informa de estos lamentables casos se hace referencia a las rutas peligrosas. ¿Cómo se puede describir ese contexto?
Hay que entender como las personas terminan empujadas a ingresar por las rutas más peligrosas, especialmente, desde el territorio mexicano. Hay que entender qué pasa con las rutas formales de migración. El año pasado (2021), el gobierno mexicano desplegó a más de siete mil funcionarios de la Guardia Nacional para el control fronterizo, el control de la migración. Con el propósito de prevenir el ingreso de personas al territorio nacional y que después pudiesen llegar a la frontera norte con Estados Unidos. El número de personas detenidas solo por su status migratorio ha aumentado y así como las deportaciones masivas que se dan sin la evaluación individual del riesgo que enfrenta cada persona.
No se logra un ingreso ordenado por los mecanismos formales donde puedan solicitar asilo. Se observa mayor presencia de la Guardia Nacional que de funcionarios del Instituto Nacional de Migración o de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados que son las entidades del Estado que deberían estar con una mirada de protección.
Se militarizan las fronteras y los cruces formales. Y lo único que quedan son estas rutas arriesgadas donde el crimen organizado está presente. Además, de un control territorial donde las personas se ven obligadas, como el caso de San Antonio, a cruzar la frontera en situaciones de altísima precariedad. En el entendido que ese trailer pasó por puntos formales de control fronterizo y que no fue detectado por las autoridades lo que te habla también de estos niveles de colusión y corrupción que existen en estos puntos.
A principios de julio, el gobernador de Texas autorizó a las fuerzas estatales a detener a inmigrantes y enviarlos a la frontera en medio de un discurso que califica de “invasión” a estos movimientos de personas. Más allá de la respuesta del gobierno de México sobre que “en los Estados Unidos la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal”. ¿Cuál es el impacto de estas frases?
Hemos visto el discurso y la narrativa, declaraciones xenófobas y anti-derechos que se están convirtiendo en políticas de Estado. Lo estamos viendo no solo con el gobernador del Estado de Texas, también con el expresidente Trump y la implementación de medidas con la excusa del contexto sanitario.
Se acusa a los migrantes por el aumento de la delincuencia, lo hemos visto en todos los países del continente, en Chile o Colombia, donde el uso de esa narrativa genera contextos de violencia contra las personas migrantes. Políticas con altísimo apoyo social porque ya se generó una campaña comunicacional que acusa a las personas migrantes de todos los problemas en esos países. Y tiene aceptación y popularidad.
Por ejemplo, en México el despliegue de la guardia nacional para el control fronterizo aumentó la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque las personas en México sienten que se están protegiendo sus fronteras y, por ende, sus intereses. Sabemos que la migración de ninguna manera supone una amenaza para las comunidades de acogida, todo lo contrario, se enriquecen.
A mediados de julio, se concretó un encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador. En el comunicado conjunto, luego de la cita en la Casa Blanca, se reconoce que existe un “flujo sin precedente”. Sin embargo, no hay compromisos concretos sobre regularización ni aumento de visas temporales de trabajo. Eso sí, se informó de una inversión del gobierno de AMLO de mil 500 millones de dólares para infraestructura fronteriza. ¿Los anuncios son los esperados ante la gravedad del actual escenario?
Hay un ejemplo claro de lo que es la expectativa con la realidad. Lo que se esperaría de un encuentro binacional de esta naturaleza son compromisos concretos públicos. En virtud, de algunos compromisos a los que han llegado los estados en nuestro propio continente muy recientemente. No podemos distanciar de la declaración sobre protección a la migración que se hace en el contexto de la Cumbre de Las Américas, este pacto migratorio donde se habla de la protección de los derechos humanos de las personas en movimiento y la necesidad de atender las causas estructurales.
En ese contexto, se hubiese esperado que los compromisos entre ambos gobiernos, Estados Unidos y México, fueran más concretos y visibles. Considerando la crisis que se ha generado por las políticas de los propios países. Es decir, la migración tiene números sin precedentes, pero estos números son las consecuencias de las políticas restrictivas. Y que van generando una crisis adicional de violaciones a los derechos humanos, miles de personas que se encuentran atrapadas en la frontera Estados Unidos-México, del lado mexicano. Los propios Estados han generado una crisis y ahora, estas declaraciones y comunicados, resultan insuficientes. Son respuestas paliativas ante la desgracia y la tragedia que sufren miles de personas.
Pero es lamentable ver que muchos esfuerzos de colaboración están encaminados en fortalecer infraestructura militarizada en el control migratorio y no en potenciar la infraestructura para dar acceso a las personas y su respectiva evaluación individual.
Hay mayor financiamiento para la Guardia nacional, que para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. México ya no solo es un país de tránsito o destino, sino también es un país que expulsa personas con necesidades de protección. No se reconoce como tal y , simplemente, el gobierno de López Obrador y como los otros presidentes, ha asumido el rol de oficial de deportación y migración de Estados Unidos. Considerando la implementación de ciertas políticas en las administraciones de turno de ese país.
El incremento en el financiamiento para el desarrollo en países de origen, sobre todo en Centroamérica, no será suficiente en la medida que no se atiendan las causas estructurales.
La Oficina regional se ubica en las dependencias de Amnistía Internacional en la Ciudad de México.
“Una promesa rota”
El último Informe de Amnistía Internacional 2021/22 reveló tres “ejes” de preocupación: salud (pandemia y la profundización de la desigualdad), espacio de la sociedad civil y expulsión de migrantes y refugiados (países del norte global).
Varias de esas alertas se observan en particular en nuestra región. En 2021, un total de 1,5 millones de personas perdieron la vida a causa de la pandemia en las Américas.
El histórico Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) entró finalmente en vigor en abril. No obstante, los actos de destrucción ambiental continuaron en muchos países, y la región de las Américas siguió siendo una de las más peligrosas del mundo para quienes defendían los derechos ambientales y los derechos humanos.
¿Qué conclusiones se pueden agregar si miramos a nuestro continente en materia de derechos humanos?
Comenzaría con una evaluación de 2021, que creo es muy importante, no solo por la valoración del tiempo sino por lo que significaba ese año. Era la promesa de los estados de una recuperación justa de la pandemia de covid-19, la esperanza de la llegada de la vacuna y lo que eso significaba la oportunidad del cambio paradigmático que tenían que hacer nuestros gobiernos para enfocar en la protección de los derechos humanos.
Y lo que fue la realidad es todo lo contrario. Fue una promesa rota del 2021. Desde el inicio de ese año observamos: un incremento de las tendencias autoritarias de los gobiernos de nuestra región y la represión violenta contra las personas que se tomaban las calles exigiendo la rendición de cuentas. Esto último, como en Colombia y Cuba. La falta de justicia en otros países, como Chile después de las protestas y la violenta represión, y Nicaragua con el total cierre del espacio cívico. Estas tendencias usaron la pandemia como excusa en vez de ser una oportunidad.
También estuvo marcado ese año por la exacerbación de las grandes desigualdades en la población. Las consecuencias del Covid-19 en el ejercicio de derechos económicos y sociales es cada vez más visible. Y con una crisis económica que está afectando a grupos de la población históricamente marginalizados, como los pueblos indígenas, comunidades negras, las mujeres y niñas que viven en situación de violencia. Con unas respuestas insuficientes por parte del Estado o, muchas veces, su propia respuesta agrava las situaciones de desigualdad.
Atravesando lo de covid-19, el financiamiento público al derecho y acceso a la salud, no solo no aumentó, sino que disminuyó en proporción a años anteriores incluido el inicio de la pandemia. Y en eso falta voluntad política en los gobiernos de nuestra región.
Da inicio a un 2022, estamos a la mitad del año, y, lamentablemente, no hemos visto un cambio. Cada día, los gobiernos muestran su incapacidad de diálogo con la ciudadanía anteponiendo sus intereses políticos y económicos. No solo se reprime a quiénes protestan, sino se criminaliza a quiénes defienden los derechos humanos. Somos la región, no solo más desigual y violenta, sino también la región más letal para la defensa de los derechos humanos y para el periodismo independiente.
El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión se vio amenazado en varios países de la región, según el documento. En Brasil, Canadá, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela se intimidaba, hostigaba, amenazaba, censuraba, criminalizaba o privaba de acceso a la información pública a quienes ejercían el periodismo y a quienes criticaban al gobierno. ¿Qué se puede agregar sobre estos antecedentes?
El periodismo independiente, cierre de espacios de comunicación y persecución de periodistas críticos a los gobiernos. También violaciones sistemáticas de los derechos humanos a periodistas como en México donde el inicio de este 2022 se han cometido 22 asesinatos sin que el Estado imponga una respuesta integral o distinta que permita prevenir esta violencia.
Esto, lamentablemente, es la radiografía. Sin embargo, en este contexto adverso también vemos esperanza. Por un lado, resurgimiento de movimientos sociales que han generado un contexto de parálisis casi de estas entidades de gobierno y algunos sectores conservadores que intentan frenar los avances. Lo vemos en la marea verde de Argentina que ha inundado todo el continente, vemos con mucha esperanza el proceso constituyente en Chile, de no solo garantizar una constitución que centre los derechos humanos sobre toda población históricamente marginalizada, sino que significa una refundación de la forma de hacer gobierno.
En ese contexto, hay algunas oportunidades que vemos en este 2022 que pueda ser ese año que empiece a catalizar estas transformaciones.
Sobre el capítulo de México en el último informe anual, advirtieron que las investigaciones penales por feminicidios siguieron siendo insuficientes.
El tema de la violencia de género sigue siendo uno de los enormes flagelos de todo el continente, pero particularmente en países como México. Este país atraviesa uno de los contextos más críticos de derechos humanos por muchos años que se ve reflejada en distintos indicadores numéricos, pero que en verdad se refiere a la vida de las personas.
Vemos un país que tiene más de 100 mil personas desaparecidas, que es el más violento para el periodismo independiente, que ocupa los primeros lugares de mayor letalidad para personas defensoras de derechos humanos, se criminaliza la defensa de los derechos humanos y sigue formalizando una política de militarización como parte de la seguridad ciudadana. Con torturas, malos tratos e índices de mayores feminicidios en todo el continente.
El año pasado se registraron alrededor de tres mil ochocientos homicidios en contra de mujeres, de los cuales un poco más de 800 están siendo investigados como feminicidios y son números que van en incremento. Y son números que reflejan los altísimos índices de impunidad. No solo no se investiga, sino que los pocos que se investigan tienen falencias de perspectivas de género. Y cuando avanzan las investigaciones y los perpetradores son llevados a la justicia, se presentan fallas y , en algunos casos, son liberados.
Ante este contexto, la respuesta ha sido insuficiente y el gobierno federal, del presidente, ha sido contradictorio. Ha disminuido el financiamiento para la atención de víctimas de violencia de género y para los refugios de mujeres que sufren violencia. Además, el presidente muy continuamente en sus discursos matutinos se refiere a que toda mujer o colectivo que sale a las calles a protestar es parte de un complot contra su gobierno.
Es una forma de criminalización a los colectivos feministas y donde en esas protestas se ha documentado el mayor número de incidentes con uso excesivo de la fuerza. Pareciera intencional el acto de silenciar estas protestas cuando se trata de uno de los temas más críticos en la respuesta estatal. No solo de esta narrativa de negación, sino convierte la política pública de la represión contra quien defiende el ejercicio de derechos.
En junio pasado, la tragedia en San Antonio (Texas) dejó más de 50 fallecidos. Entre ellos, incluido niños, de nacionalidad mexicana pero también personas de Guatemala y Honduras. Al encontrar el camión abandonado, la desesperación de quiénes cruzaron la frontera mexicana hacia Estados Unidos era evidente al constatar las condiciones del viaje: sin ventilación, sin agua y con altas temperaturas.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, lamentó que lo ocurrido en Texas “no es un caso aislado”. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, se refirió a los últimos anuncios sobre políticas de migración entre Estados Unidos y México.
Además, del último informe de la ONG que analiza la situación de los derechos humanos en la región y , en particular, las preocupantes cifras en México.
¿Por qué desde Amnistía Internacional se calificó este hecho en San Antonio como “un ejemplo devastador de la incapacidad de los Estados de las Américas”?
La propia Organización Internacional de Migraciones estableció que el año pasado, por lo menos, setecientas personas habían perdido la vida en su intento de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Y eso te habla de la realidad que están enfrentando las personas migrantes y solicitantes de asilo en su búsqueda de protección. Es la realidad de una crisis generada por políticas migratorias restrictivas, crueles e inhumanas para prevenir a las personas de ejercitar su derecho a solicitar asilo.
Por un lado, es importante mencionar que la falencia y la incapacidad de protección de los estados radica principalmente en los países de origen. Es un momento de nuestro continente donde atravesamos múltiples crisis transfronterizas: la segunda más importante en términos numéricos a nivel global que son las personas refugiadas venezolanas y la migración de personas en Centroamérica en el triángulo norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) . Donde en el último punto, se añade Nicaragua y su crisis de violaciones masivas de los derechos humanos. También la situación en Haití, la crisis cubana donde intentan escapar de la isla, entre otros lugares de la región.
Entender que ha existido un fracaso y una fallida respuesta de las políticas en los países de origen. Una falta de protección por múltiples causas estructurales que tienen que ver con la impunidad, corrupción, la pobreza, la violencia extrema y están expulsando a estas personas. Y en los países de tránsito y destino lo que están encontrando es otra crisis adicional de graves violaciones a los derechos humanos. Con abusos que se comenten por parte de grupos del crimen organizado, en complicidad, colusiones u omisiones de los estados.
En el caso de México, estas violaciones a los derechos humanos han sido constantes. Se han reportado masacres de personas migrantes y se repiten: en enero del año pasado se encontró un camión con los restos de 19 personas calcinadas. Esto, independientemente, de los gobiernos de turno.
Los grupos de crimen organizado han salido fortalecidos con estas políticas migratorias, como las impuestas por el expresidente Donald Trump en su administración e implementadas por el gobierno mexicano como el conocido “Quédate en México” o el título 42. Y han generado un contexto de graves violaciones de derechos humanos.
Cuando se informa de estos lamentables casos se hace referencia a las rutas peligrosas. ¿Cómo se puede describir ese contexto?
Hay que entender como las personas terminan empujadas a ingresar por las rutas más peligrosas, especialmente, desde el territorio mexicano. Hay que entender qué pasa con las rutas formales de migración. El año pasado (2021), el gobierno mexicano desplegó a más de siete mil funcionarios de la Guardia Nacional para el control fronterizo, el control de la migración. Con el propósito de prevenir el ingreso de personas al territorio nacional y que después pudiesen llegar a la frontera norte con Estados Unidos. El número de personas detenidas solo por su status migratorio ha aumentado y así como las deportaciones masivas que se dan sin la evaluación individual del riesgo que enfrenta cada persona.
No se logra un ingreso ordenado por los mecanismos formales donde puedan solicitar asilo. Se observa mayor presencia de la Guardia Nacional que de funcionarios del Instituto Nacional de Migración o de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados que son las entidades del Estado que deberían estar con una mirada de protección.
Se militarizan las fronteras y los cruces formales. Y lo único que quedan son estas rutas arriesgadas donde el crimen organizado está presente. Además, de un control territorial donde las personas se ven obligadas, como el caso de San Antonio, a cruzar la frontera en situaciones de altísima precariedad. En el entendido que ese trailer pasó por puntos formales de control fronterizo y que no fue detectado por las autoridades lo que te habla también de estos niveles de colusión y corrupción que existen en estos puntos.
A principios de julio, el gobernador de Texas autorizó a las fuerzas estatales a detener a inmigrantes y enviarlos a la frontera en medio de un discurso que califica de “invasión” a estos movimientos de personas. Más allá de la respuesta del gobierno de México sobre que “en los Estados Unidos la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal”. ¿Cuál es el impacto de estas frases?
Hemos visto el discurso y la narrativa, declaraciones xenófobas y anti-derechos que se están convirtiendo en políticas de Estado. Lo estamos viendo no solo con el gobernador del Estado de Texas, también con el expresidente Trump y la implementación de medidas con la excusa del contexto sanitario.
Se acusa a los migrantes por el aumento de la delincuencia, lo hemos visto en todos los países del continente, en Chile o Colombia, donde el uso de esa narrativa genera contextos de violencia contra las personas migrantes. Políticas con altísimo apoyo social porque ya se generó una campaña comunicacional que acusa a las personas migrantes de todos los problemas en esos países. Y tiene aceptación y popularidad.
Por ejemplo, en México el despliegue de la guardia nacional para el control fronterizo aumentó la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque las personas en México sienten que se están protegiendo sus fronteras y, por ende, sus intereses. Sabemos que la migración de ninguna manera supone una amenaza para las comunidades de acogida, todo lo contrario, se enriquecen.
A mediados de julio, se concretó un encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador. En el comunicado conjunto, luego de la cita en la Casa Blanca, se reconoce que existe un “flujo sin precedente”. Sin embargo, no hay compromisos concretos sobre regularización ni aumento de visas temporales de trabajo. Eso sí, se informó de una inversión del gobierno de AMLO de mil 500 millones de dólares para infraestructura fronteriza. ¿Los anuncios son los esperados ante la gravedad del actual escenario?
Hay un ejemplo claro de lo que es la expectativa con la realidad. Lo que se esperaría de un encuentro binacional de esta naturaleza son compromisos concretos públicos. En virtud, de algunos compromisos a los que han llegado los estados en nuestro propio continente muy recientemente. No podemos distanciar de la declaración sobre protección a la migración que se hace en el contexto de la Cumbre de Las Américas, este pacto migratorio donde se habla de la protección de los derechos humanos de las personas en movimiento y la necesidad de atender las causas estructurales.
En ese contexto, se hubiese esperado que los compromisos entre ambos gobiernos, Estados Unidos y México, fueran más concretos y visibles. Considerando la crisis que se ha generado por las políticas de los propios países. Es decir, la migración tiene números sin precedentes, pero estos números son las consecuencias de las políticas restrictivas. Y que van generando una crisis adicional de violaciones a los derechos humanos, miles de personas que se encuentran atrapadas en la frontera Estados Unidos-México, del lado mexicano. Los propios Estados han generado una crisis y ahora, estas declaraciones y comunicados, resultan insuficientes. Son respuestas paliativas ante la desgracia y la tragedia que sufren miles de personas.
Pero es lamentable ver que muchos esfuerzos de colaboración están encaminados en fortalecer infraestructura militarizada en el control migratorio y no en potenciar la infraestructura para dar acceso a las personas y su respectiva evaluación individual.
Hay mayor financiamiento para la Guardia nacional, que para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. México ya no solo es un país de tránsito o destino, sino también es un país que expulsa personas con necesidades de protección. No se reconoce como tal y , simplemente, el gobierno de López Obrador y como los otros presidentes, ha asumido el rol de oficial de deportación y migración de Estados Unidos. Considerando la implementación de ciertas políticas en las administraciones de turno de ese país.
El incremento en el financiamiento para el desarrollo en países de origen, sobre todo en Centroamérica, no será suficiente en la medida que no se atiendan las causas estructurales.
La Oficina regional se ubica en las dependencias de Amnistía Internacional en la Ciudad de México.
“Una promesa rota”
El último Informe de Amnistía Internacional 2021/22 reveló tres “ejes” de preocupación: salud (pandemia y la profundización de la desigualdad), espacio de la sociedad civil y expulsión de migrantes y refugiados (países del norte global).
Varias de esas alertas se observan en particular en nuestra región. En 2021, un total de 1,5 millones de personas perdieron la vida a causa de la pandemia en las Américas.
El histórico Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) entró finalmente en vigor en abril. No obstante, los actos de destrucción ambiental continuaron en muchos países, y la región de las Américas siguió siendo una de las más peligrosas del mundo para quienes defendían los derechos ambientales y los derechos humanos.
¿Qué conclusiones se pueden agregar si miramos a nuestro continente en materia de derechos humanos?
Comenzaría con una evaluación de 2021, que creo es muy importante, no solo por la valoración del tiempo sino por lo que significaba ese año. Era la promesa de los estados de una recuperación justa de la pandemia de covid-19, la esperanza de la llegada de la vacuna y lo que eso significaba la oportunidad del cambio paradigmático que tenían que hacer nuestros gobiernos para enfocar en la protección de los derechos humanos.
Y lo que fue la realidad es todo lo contrario. Fue una promesa rota del 2021. Desde el inicio de ese año observamos: un incremento de las tendencias autoritarias de los gobiernos de nuestra región y la represión violenta contra las personas que se tomaban las calles exigiendo la rendición de cuentas. Esto último, como en Colombia y Cuba. La falta de justicia en otros países, como Chile después de las protestas y la violenta represión, y Nicaragua con el total cierre del espacio cívico. Estas tendencias usaron la pandemia como excusa en vez de ser una oportunidad.
También estuvo marcado ese año por la exacerbación de las grandes desigualdades en la población. Las consecuencias del Covid-19 en el ejercicio de derechos económicos y sociales es cada vez más visible. Y con una crisis económica que está afectando a grupos de la población históricamente marginalizados, como los pueblos indígenas, comunidades negras, las mujeres y niñas que viven en situación de violencia. Con unas respuestas insuficientes por parte del Estado o, muchas veces, su propia respuesta agrava las situaciones de desigualdad.
Atravesando lo de covid-19, el financiamiento público al derecho y acceso a la salud, no solo no aumentó, sino que disminuyó en proporción a años anteriores incluido el inicio de la pandemia. Y en eso falta voluntad política en los gobiernos de nuestra región.
Da inicio a un 2022, estamos a la mitad del año, y, lamentablemente, no hemos visto un cambio. Cada día, los gobiernos muestran su incapacidad de diálogo con la ciudadanía anteponiendo sus intereses políticos y económicos. No solo se reprime a quiénes protestan, sino se criminaliza a quiénes defienden los derechos humanos. Somos la región, no solo más desigual y violenta, sino también la región más letal para la defensa de los derechos humanos y para el periodismo independiente.
El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión se vio amenazado en varios países de la región, según el documento. En Brasil, Canadá, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela se intimidaba, hostigaba, amenazaba, censuraba, criminalizaba o privaba de acceso a la información pública a quienes ejercían el periodismo y a quienes criticaban al gobierno. ¿Qué se puede agregar sobre estos antecedentes?
El periodismo independiente, cierre de espacios de comunicación y persecución de periodistas críticos a los gobiernos. También violaciones sistemáticas de los derechos humanos a periodistas como en México donde el inicio de este 2022 se han cometido 22 asesinatos sin que el Estado imponga una respuesta integral o distinta que permita prevenir esta violencia.
Esto, lamentablemente, es la radiografía. Sin embargo, en este contexto adverso también vemos esperanza. Por un lado, resurgimiento de movimientos sociales que han generado un contexto de parálisis casi de estas entidades de gobierno y algunos sectores conservadores que intentan frenar los avances. Lo vemos en la marea verde de Argentina que ha inundado todo el continente, vemos con mucha esperanza el proceso constituyente en Chile, de no solo garantizar una constitución que centre los derechos humanos sobre toda población históricamente marginalizada, sino que significa una refundación de la forma de hacer gobierno.
En ese contexto, hay algunas oportunidades que vemos en este 2022 que pueda ser ese año que empiece a catalizar estas transformaciones.
Sobre el capítulo de México en el último informe anual, advirtieron que las investigaciones penales por feminicidios siguieron siendo insuficientes.
El tema de la violencia de género sigue siendo uno de los enormes flagelos de todo el continente, pero particularmente en países como México. Este país atraviesa uno de los contextos más críticos de derechos humanos por muchos años que se ve reflejada en distintos indicadores numéricos, pero que en verdad se refiere a la vida de las personas.
Vemos un país que tiene más de 100 mil personas desaparecidas, que es el más violento para el periodismo independiente, que ocupa los primeros lugares de mayor letalidad para personas defensoras de derechos humanos, se criminaliza la defensa de los derechos humanos y sigue formalizando una política de militarización como parte de la seguridad ciudadana. Con torturas, malos tratos e índices de mayores feminicidios en todo el continente.
El año pasado se registraron alrededor de tres mil ochocientos homicidios en contra de mujeres, de los cuales un poco más de 800 están siendo investigados como feminicidios y son números que van en incremento. Y son números que reflejan los altísimos índices de impunidad. No solo no se investiga, sino que los pocos que se investigan tienen falencias de perspectivas de género. Y cuando avanzan las investigaciones y los perpetradores son llevados a la justicia, se presentan fallas y , en algunos casos, son liberados.
Ante este contexto, la respuesta ha sido insuficiente y el gobierno federal, del presidente, ha sido contradictorio. Ha disminuido el financiamiento para la atención de víctimas de violencia de género y para los refugios de mujeres que sufren violencia. Además, el presidente muy continuamente en sus discursos matutinos se refiere a que toda mujer o colectivo que sale a las calles a protestar es parte de un complot contra su gobierno.
Es una forma de criminalización a los colectivos feministas y donde en esas protestas se ha documentado el mayor número de incidentes con uso excesivo de la fuerza. Pareciera intencional el acto de silenciar estas protestas cuando se trata de uno de los temas más críticos en la respuesta estatal. No solo de esta narrativa de negación, sino convierte la política pública de la represión contra quien defiende el ejercicio de derechos.
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