Opinión
Por Fernando Frank
La semana pasada trascendió una propuesta de política pública supuestamente acordada entre el gobierno nacional —en voz del ministro de Agricultura, Julián Domínguez— y un puñado de empresarios que representan al agronegocio. La propuesta, en concreto, es descontar a los productores rurales un canon por el uso de la tecnología de los granos que compran para cultivar y así pagar regalías a las empresas semilleras. Esto, supuestamente, vendría a dar solución a un conflicto que lleva décadas, principalmente, entre los productores de soja y las empresas desarrolladoras de tecnología.
Con lo poco que informan alcanza para ver qué están intentando y explicar por qué se trata de una política que no es ni urgente ni necesaria que tendría impactos directos y negativos sobre la agricultura y la alimentación de la población argentina. Mientras continúan los rumores a la espera de una resolución del Instituto Nacional de Semillas (Inase) —conducido desde principios de 2022 por Obdulio San Martín, ex director general de Don Mario, empresa semillera argentina— podemos hacernos algunas preguntas.
¿Quién tiene la propiedad de las semillas?
Las semillas, aspecto primero y central en la producción de los alimentos, es un foco de disputas políticas desde hace varias décadas en Argentina y en todo el planeta. Quienes controlan las semillas, controlan la alimentación. En la actualidad, un porcentaje creciente de las semillas comerciales, y sobre todo de las transgénicas, está en manos de un puñado de empresas transnacionales que también son productoras de agrotóxicos.
Hablamos de las multinacionales Bayer-Monsanto, Corteva, Sygenta-Chemchina y una empresa de origen nacional Bioceres, pero que ya opera en Wall Street. Precisamente, el CEO de Sygenta Latinoamerica, Antonio Aracre, fue quien filtró la supuesta decisión del gobierno nacional, que luego se replicó en los medios de comunicación afines.
Sin embargo, no es fácil responder quiénes son los dueños de las semillas. En principio las semillas no tenían propiedad. Que hoy estén en manos de corporaciones es un robo, una apropiación. Las formas legales de esta apropiación son muchas: derechos de obtentor, patentes sobre genes, contratos, entre otras. Hubo un momento en que se planteó la propiedad por parte de los Estados. Pero esto acarrea un riesgo concreto: la venta o licencia a empresas privadas.
Ante este panorama, el lema propuesto por La Vía Campesina vuelve a traer claridad al debate: las semillas son patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad. O sea: no deben ser privatizables y deben estar disponibles para la producción de alimentos para toda la humanidad. Y además deben poder circular libremente.
¿Qué es el uso propio y cómo defiende la biodiversidad?
El uso propio es la posibilidad de los agricultores y agricultoras de seleccionar y guardar las semillas de su cosecha para los sucesivos ciclos productivos. Esto, tan simple y profundo, ha sido el origen de la agricultura y además de la diversidad agrícola. En la actualidad, este derecho está protegido por la Ley de Semillas vigente en nuestro país. El avance de los agronegocios y la agricultura industrial durante el siglo XX y lo que va del XXI produjo una reducción de la diversidad agrícola del orden del 75 por ciento, según datos de FAO. Ante este panorama, reducir aún más la diversidad de variedades y especies de cultivo parece todo lo contrario a lo que deberíamos hacer.
Volvamos a la propuesta en danza. Como no está escrita todavía la resolución o decreto, no conocemos precisiones sobre el alcance de la medida. En los trascendidos se habla de soja en algunos casos, de soja y trigo en otros, y de granos en general en otros. Por supuesto que esto es un tema bien importante.
Es muy negativo intervenir en el mercado de semillas de la forma que pretende el Gobierno: haciendo pagar por tecnologías con medidas claramente violatorias de la Ley de Semillas vigente, que reconoce el uso propio. Es menos grave si se afecta solo a la soja que si se afecta a todas las semillas como se pretendió el lobby de las semilleras con este y otros gobiernos, por medio de proyectos de modificación de la ley. Pero igualmente sería un problema que exista un antecedente tan negativo, que les facilitara avanzar como ya adelantaron que pretenden.
¿Quién cobraría el canon y quién discute la supuesta ventaja implementarlo?
También leyendo trascendidos, escuchamos que la recaudación la podría hacer el Estado o directamente las mismas empresas. Dar poderes paraestatales y recaudatorios a corporaciones transnacionales es un tema tan sensible como las semillas sería un antecedente sumamente negativo para nuestra democracia. Esto ya se intentó en otros países como Colombia, con resultados horribles, a través de la imposición del tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).
En las notas periodísticas vemos cómo construyen un argumento proagronegocios para poner las semillas en manos empresarias. Se habla de aumentos en la producción que Argentina se pierde, de la generación de puestos de trabajo que la industria semillera no puede generar por las restricciones actuales y las inversiones que lloverían si se avanzara como se pretende.
Ante promesas delirantes cabe hacer lo más simple: ver caso por caso, en lo concreto. Por ejemplo, esos supuestos decenas de miles de puestos de trabajo, no existen en las cadenas de valor de los agronegocios, donde vemos precarización, tercerización y explotación laboral.
¿Cuáles son las tecnologías que tienen en carpeta?
El periodismo proagronegocios pica en punta festejando oportunidades. Ante lo cual cabe preguntarnos: ¿de qué hablan, en concreto? Hay cuatro tecnologías muy publicitadas por las empresas que impulsan limitaciones al uso propio como sería el caso de esta norma: la soja “Intacta RR Pro 2” de Monsanto, la soja “Enlist 3” de Corteva, el trigo y la soja HB4 ambos de Bioceres.
En los cuatro casos vemos que lo que presentan como novedad tecnológica es la posibilidad de tolerar más agrotóxicos: glifosato en el caso de “Intacta”); glifosato, glufosinato de amonio y 2,4D en el caso de “Enlist 3” y glufosinato de amonio en la soja y trigo HB4 de Bioceres.
Confirman que lo que buscan es escalar en la “carrera armamentística” contra las malezas resistentes a herbicidas, además de sumar al trigo a estos paquetes tecnológicos. Esto, como sabemos, abre la posibilidad de ampliar el desastre vinculado con la exposición a agrotóxicos en pueblos fumigados del país. Es central tener en cuenta esta cuestión en el caso particular que estamos tratando.
Privatización de las semillas o soberanía alimentaria
Es necesario cuestionar las miradas sesgadas e intencionadas de quienes promueven los agronegocios en general y la limitación al uso de semillas en particular. A los planteos de “sólo la biotecnología puede solucionar los problemas productivos”, respondemos que esto no es así: hay soluciones disponibles en tecnologías super conocidas y probadas, vinculadas a la diversificación, manejo de suelos, adaptación de semillas, entre otras. Los argumentos del tipo “no hay alternativa” hablan más de quienes los emiten, que de la realidad compleja que habitamos.
En términos de política económica, el Estado tiene mucho para incidir en mejorar los controles sobre el mercado internacional de granos y otros productos. Ahí está el valor que hay que disputar y recuperar para el pueblo trabajador. Y usarlo para transicionar hacia sistemas de producción agroecológicos con objetivo en la Soberanía Alimentaria.
Como sucedió en otros momentos recientes del país, nos toca explicar que lo que están discutiendo el Gobierno con los empresarios, a puertas cerradas, tiene implicancias negativas graves que van mucho más allá que la disputa por la renta de una tecnología. Se trata, en un sentido amplio, del futuro de qué cultiva, produce y consume nuestro país. Avanzar en el sentido de la privatización de las semillas va en el sentido contrario a la construcción de soberanía.
