Una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando “graves violaciones” a los derechos humanos en el marco de un régimen de excepción, vigente desde finales de marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales, y advirtió sobre la posibilidad de “responsabilidad penal internacional”, según trascendió este jueves (02.06.2022).
Esta conclusión se da a conocer cuando comienza el cuarto año de Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien la noche del 1 de junio dio un discurso a la nación con el tema de derechos humanos ausente y en el que nuevamente criticó a las organizaciones nacionales e internacionales.
“Tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios, hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, durante una conferencia de prensa en San Salvador.
Las organizaciones salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 1.500 denuncias de atropellos por parte de las autoridades, principalmente por detenciones arbitrarias. También, han documento la muerte de 23 personas detenidas bajo este régimen y que fallecieron bajo custodia estatal.
Guevara Rosas indicó que -en las últimas semanas- AI “documentó en profundidad 28 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, que corresponden a 35 personas”. Señaló que entre estos se encuentran “casos de tortura y malos tratos” en los centros de detención y prisiones, además de detenciones indiscriminadas.
“Amnistía Internacional recibió testimonios de varias personas liberadas que describieron los horrores vividos durante el internamiento”, sostuvo la directora y agregó que estos también revelan “el nivel de control y crueldad que poseen las pandillas dentro de las celdas”. Además, afirmó que existen “condiciones extremas de hacinamiento que estarían resultando en violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal”.
De acuerdo con la representante de AI, El Salvador se habría colocado como el país con mayor hacinamiento carcelario del mundo con 1.164 personas detenidas por cada 100.000 habitantes, por arriba del índice de 639 que tiene Estados Unidos. Esto, explicó Guevara Rosas, “significa que el 1,7 % de la población mayor de 18 años está tras las rejas”.
Denuncias de torturas
Entre los casos conocidos por AI está el de un adolescente de 16 años que estuvo detenido por 13 días, fue encadenado a una pared, golpeado por policías y que pandilleros con los que compartió celda “le torturaron continuamente”. Guevara Rosas comentó que “este es uno de los niños que en el discurso de ayer (1 de junio) el presidente Bukele se vanagloriaba con proteger”.
Otro caso es el de William González, de 36 años, quien fue detenido en abril pasado junto con su madre y su hermana, y murió bajo custodia de las autoridades. El informe de AI también apunta que existen casos de personas que siguen sin conocer el paradero de sus familiares detenidos, por lo que se podría considerar como desaparición forzada.
Guevara Rosas declaró que AI realiza este tipo de investigaciones cuando considera que en un país se están dando violaciones sistemáticas a los derechos y que puede derivar en “responsabilidad criminal internacional”.
“Estas conclusiones preliminares de AI son graves. La política implementada por el Gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional”, indicó la vocera y añadió que los tres poderes del Estado “tienen conocimiento suficiente para tomar las medidas necesarias que detengan el encarcelamiento ilegal de miles de personas”.
AI y las organizaciones humanitarias salvadoreñas han señalado que los crímenes de las pandillas deben ser juzgados, pero cuestionan que la estrategia gubernamental afecta a personas sin vínculos criminales.
ama (efe, afp, reuters, el mundo)
