La decisión de un juez federal en Luisiana que el viernes pasado decidió bloquear el levantamiento del polémico Título 42, como lo había decretado la administración de Joe Biden, terminó siendo una especie de “bendición” para un presidente que estaba a las puertas de una crisis migratoria de enormes proporciones en la frontera sur con México.
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El Título 42, creado en marzo del 2020 por la administración de Donald Trump, le otorgó el poder a las autoridades para poder expulsar del país a los migrantes detenidos a través de un proceso expedito y sin las garantías procesales que otorga el sistema estadounidense para quienes llegan a la frontera pidiendo asilo y refugio.
La medida se basó en un dictamen de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés), según el cual en el país había una emergencia de salubridad causada por la pandemia del covid-19 y que los migrantes aumentan el potencial de contagio con el virus.
Desde entonces, tanto la administración Trump como la de Biden, han expulsado por esta vía “exprés” a más de 1.7 millones de personas, entre ellos miles de colombianos.
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Aunque en un inicio la disposición tenía mucho sentido, y varios países también cerraron sus fronteras a los extranjeros, comenzó a perder vigencia con la llegada de las vacunas.
En marzo del año pasado, de hecho, las fronteras se reabrieron al comercio y, en general, en EE. UU. se han eliminado todas las restricciones que se elevaron durante la pandemia. Pese a ello se siguió aplicando el Título 42.
Al interior del partido demócrata se criticaba mucho a Biden por mantener esta herencia de Trump, que veían como una estrategia para frenar la inmigración y el asilo usando al covid como pretexto.
Para Biden, sin embargo, era un tema explosivo pues a la frontera, aún bajo la amenaza de expulsión inmediata, estaban llegando personas en números récord.
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Las autoridades fronterizas habían advertido que se venía un tsunami de migrantes
Pero eso cambió el mes pasado. En abril, las CDC declararon que la emergencia sanitaria había culminado y por lo tanto el Título 42 ya no era necesario.
Biden, a los pocos días, anunció un plan para eliminar su aplicación y fijó para este lunes 23 de mayo el fin oficial de la medida. Pese a los preparativos, las autoridades fronterizas habían advertido que se venía un tsunami de migrantes. Calculaban, de hecho, una duplicación en el número de migrantes que intentan ingresar diariamente.
Algo para lo que no estaban preparados. El viernes, cuando la reanudación del proceso parecía inevitable, apareció la sentencia del juez federal Robert R. Summerhays, que fue nombrado por Trump.
Según el juez, el Título 42 debía seguir en vigor hasta que se resuelva una demanda interpuesta el pasado 3 de abril por 24 estados, y liderada por Arizona, Luisiana y Missouri.
En la demanda, los estados sostienen que el Título debe permanecer para evitar una “oleada de inmigración ilegal y narcotráfico”.
Esa demanda está en curso y podría tardar varios meses en resolverse. Sobre el papel, la demanda no tiene muchos méritos para prosperar pues el origen del Título 42 no es la inmigración ilegal o el narcotráfico sino el covid-19.
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Pero dado la politización del sistema judicial que existe hoy día en EE. UU., y la mayoría conservadora que existe en la Corte Suprema de Justicia cualquier cosa podría pasar.
Como se esperaba, el Departamento de Justicia demandó la decisión del juez ante una corte de apelaciones, que entrará a revisar el caso. Pero ese proceso también es de varios meses.
Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, indicó que mientras la apelación hace su curso las deportaciones vía Título 42 seguirán su curso. Así mismo, que la administración seguirá trabajando en el esquema que se aplicará una vez se levanté la medida y que incluye un procedimiento para remover a una persona también de manera expedita si no tiene razones para permanecer en EE. UU. Y que prevé un proceso acelerado en los trámites de asilo para determinar si una persona merece este estatus o no.
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El Título 42 es una medida de emergencia por salud pública (…) No es una disposición para manejar la situación fronteriza
La decisión del juez, en todo caso, fue duramente cuestionada por algunos demócratas y los que defienden los derechos de los migrantes.
“Esta sentencia es ridícula, descarada, y erosiona nuestro sistema de asilo. El Título 42 es una medida de emergencia por salud pública que puede ser iniciada y terminada por la administración. No es una disposición para manejar la situación fronteriza”, sostuvo el representante a la Cámara Raúl Ruiz.
Pero para Biden fue casi providencial. Por un lado evita las críticas directas de su partido, ya que fue un juez el que tomó la decisión de bloquear su orden. Y por el otro, posterga el embate que se veía venir de los republicanos con una frontera en crisis por la llegada masiva de inmigrantes.
Sobre todo ahora que se acercan las elecciones de mitad de término donde el tema migratorio puede pesar.
Pero, por supuesto, Biden sabe que se trata de una decisión temporal y que tarde o temprano tendrá que enfrentar la realidad que se avecina en la frontera.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
@sergom68
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