El Gobierno ha reconocido que el teléfono móvil de dos de las personalidades clave en la estructura del Estado ha sido violentado. Los datos facilitados desde el Palacio de La Moncloa hablan del robo de casi 3 gigas de datos a Pedro Sánchez en dos intromisiones diferentes y de apenas 9 megas de datos al de Margarita Robles. Está por ver si se confirma finalmente que la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, también fue víctima.
Pese a que la cantidad de datos robada no es excesiva, incluso en el caso de Sánchez, si se tiene en cuenta la cantidad de gigas que almacena un terminal móvil -es difícil encontrarlos en el mercado con una capacidad por debajo de los 64Gb- la clave es qué contenido fue robado, así como la importancia estratégica o política del mismo. El Gobierno dice que lo desconoce, aunque la realidad es que no sabemos si es así o es no quiere decirlo.
Es difícil saber qué pueden contener los 3 gigas presidenciales. Cada giga puede almacenar, por ejemplo, entre 200 y 600 fotos, dependiendo de la calidad de las mismas. O entre 2.000 y 12.000 folios de Word, dependiendo si los mismos incluyen gráficos o imágenes o son exclusivamente texto y no llevan ningún tipo de formato. Los documentos en PDF tienen siempre más peso que los de Word, por lo que la horquilla sería inferior numéricamente.
Lo que podría considerarse como un ejemplar ejercicio de transparencia del Gobierno español, o también como una cortina de humo de proporciones bíblicas para frenar la crisis abierta en las últimas semanas por el espionaje a los teléfonos móviles de los principales líderes independentistas, dos opciones que no son incompatibles la una con la otra, nos deja dos supuestas certezas, según se encargó de explicar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
La primera de ellas sería que esas intromisiones en los terminales gubernamentales no fue ordenada por el Gobierno ni por responsables institucionales y existe la posibilidad de que no fuera ordenada desde el extranjero. La segunda, que el Gobierno lo ha podido confirmar durante el último fin de semana. Dos supuestas certezas totalmente aterradoras y que pondrían en evidencia la debilidad de España como Estado. No está claro si en La Moncloa midieron la gravedad de las mismas.
Vayamos por partes para ir desentrañando las implicaciones de cada una de estas supuestas certezas sobre lo ocurrido. El tema de la procedencia es importante. Bolaños dijo que el ataque era exterior, es decir, que no viene de la propia estructura del Estado, pero no se atrevió a garantizar que viniera del extranjero. De este modo, dejaba abierta la posibilidad de que proviniese desde dentro de España, lo cual es sencillamente aterrorizador.
¿Por qué? Pues porque estaríamos hablando de que dentro de las propias estructuras del Estado hay un grupo paraestatal descontrolado y con intenciones desconocidas que tiene capacidad para utilizar los recursos más importantes del Estado -en este caso el sistema de espionaje Pegasus- sin que el propio Estado tenga conocimiento de ello. Es casi mejor pensar que Bolaños no se atrevió a apuntar directamente a un Gobierno extranjero.
Y si desde un Gobierno extranjero provino el ataque, son dos las posibilidades más destacadas. La primera, y que parece más clara, es Marruecos. Hay que recordar que tanto las intromisiones de mayo (Pedro Sánchez) como la de junio (Margarita Robles) de 2021 se produjeron en un momento donde las relaciones entre Madrid y Rabat pasaban por uno de los momentos más complicados de su historia.
El Gobierno español había acogido en un hospital de La Rioja al líder del Frente Polisario, Brahim Galli, a petición de las autoridades de Argelia. Marruecos respondió con un ataque híbrido, uno de esos que es una respuesta de guerra sin serlo exactamente con el objetivo de desestabilizar un país. El arma que empleó fue la inmigración. Lanzó 8.000 inmigrantes contra la ciudad de Ceuta, teniendo España incluso que desplegar al Ejército de Tierra en el vallado.
Lo que tocaría ahora preguntarse es qué tipo de información habría conseguido Marruecos -de ser el autor del ataque- y si los datos habría recabado han sido fundamentales para que Pedro Sánchez, de repente, por sorpresa, haya dado un giro histórico a la política exterior de España respecto al Sáhara Occidental y haya entregado casi gratis a Rabat una de las grandes bazas negociadoras que España ha tenido históricamente para garantizar su integridad territorial frente al expansionismo alauí.
La otra opción extranjera apunta a Rusia. España es un miembro de la OTAN y Moscú lleva años tratando de desestabilizar a todos los países que forman parte de la alianza. No sería la primera vez. Hay que recordar que el Kremlin ya teledirigió una operación de desestabilización contra nuestro país coincidiendo con el golpe de Estado separatista de Cataluña. Y precisamente, en el momento del ataque, el Gobierno Sánchez estaba iniciando los trámites para indultar a los golpistas.
Seguramente sea una posibilidad menos sólida que la de Marruecos, y no por la falta de buenas relaciones y contactos que han mantenido los líderes independentistas con esferas cercanas al Kremlin, sino porque Rusia suele utilizar software diseñado por sus propios hackers para llevar a cabo sus actos de espionaje. Aunque claro, nunca es descartable que hayan podido hacerse con una versión del software israelí.
La segunda de las supuestas certezas de la intervención de Bolaños es que el Gobierno confirmó la intromisión en los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa durante este último fin de semana, después de una auditoría en los mismos realizada por el Centro Criptográfico Nacional (CCN), el organismo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dedicado a la seguridad tecnológica.
Toca rezar para que esta supuesta certeza de Bolaños sea mentira. Que el Gobierno haya mentido para poder introducir ahora su cortina de humo sobre el espionaje y la misma tenga sentido en el espacio temporal. Pese a que el hecho de que un Ejecutivo mienta a sus ciudadanos es muy grave, es mucho más grave que el Estado haya estado más de un año sin realizar chequeos de seguridad a dos teléfonos clave.
La seguridad de los teléfonos tanto de los miembros del Gobierno como de todas las personas clave en la estructura del Estado español debe ser siempre una prioridad. Y no hay que olvidar, que existiendo amenazas externas a nuestra integridad territorial -una amenaza que proviene directamente de Marruecos-, entre esas figuras clave también están, por ejemplo, los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La seguridad de estos terminales tendría que ser comprobada de forma rutinaria cada tres o cuatro meses como máximo. Es decir, que haya al menos 3 ó 4 chequeos de seguridad al año de los teléfonos de estos cargos clave del Estado. Esto supone que esas personas se tienen que quedar 24-36 horas sin su teléfono móvil, pero pueden mantener conversaciones a través de los teléfonos de sus asesores o se les puede dar uno de emergencia para que utilicen durante ese espacio temporal.
Más allá de quién esté en el Gobierno, esto afecta a las estructuras de Estado. Estaríamos ante una dejadez del estado sumamente peligrosa. Si la versión del Gobierno es realmente verdad, estaríamos ante una dejación de funciones sin precedentes en la obligación del Estado de defenderse a sí mismo de aquellos que quieren destruirlo y no permitir su perdurabilidad.
Es una de esas pocas veces en la que todo ciudadano debería desear que el Gobierno le estuviese mintiendo. Y ojo, que puede ser cierto. Lo de que el Gobierno miente. El propio Bolaños dijo que el Gobierno había extremado las medidas de seguridad durante los últimos meses, algo que tiene mucho sentido si ya habías detectado intromisiones en teléfonos del Gobierno, aunque también tendría sentido si sabes que el control de la seguridad sobre esos teléfonos está siendo deficiente.
