Ciudad de México /
Uno de los primeros y más complejos desafíos internacionales al que se enfrentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue ser congruente con los compromisos adoptados en Marrakech en 2018, de ordenar y asegurar los flujos migratorios crecientes que partían desde el norte de Centroamérica –e incluso otros cuyo origen estaba incluso fuera de nuestro hemisferio– y cruzaban México en búsqueda de llegar a los Estados Unidos para solicitar asilo. El reto en sí mismo estuvo en la magnitud de los movimientos de millones de personas al año –muchas de ellas, menores no acompañados– que transitaban el continente americano en caravanas y que arriesgaban sus vidas al ponerse a merced de traficantes de personas.
La posición de la Administración del presidente Donald Trump en torno al tema fue contundente desde el principio. El Gobierno de Estados Unidos encontraría todas las opciones políticas, legales y administrativas para desalentar el ingreso de solicitantes de asilo a su territorio, aun si esto suponía tomar decisiones unilaterales en el manejo de sus fronteras.
Cuatro años después, el tema surge una vez más en la discusión política mexicana y estadounidense, por la publicación de las memorias políticas del entonces secretario de Estado, Michael Pompeo. El libro, como el del exasesor y yerno del presidente Trump, Jared Kushner, parte del lugar común de que la frontera con México es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Al hacerlo, Pompeo cae en imprecisiones sobre cómo fue el proceso negociador en torno a los flujos humanos extraordinarios. Hay varios aspectos que quiero puntualizar.
En primer lugar, el objetivo principal de los estadounidenses fue la firma de un Acuerdo de Tercer País Seguro que obligaría a nuestro país a recibir y otorgar asilo a millones de personas que buscaban llegar a los Estados Unidos. Hubo voces muy influyentes a favor de esta propuesta en el Gobierno de México y en la opinión pública. Después de todo, se presentaba el ejemplo del acuerdo que había suscrito Turquía con la Unión Europea. Sin embargo, el presidente López Obrador y el canciller Ebrard las descartaron por las consecuencias que tendría al contrariar nuestra tradición de acogida, ignorar nuestros compromisos internacionales en la materia y causar mayores cargas al erario y a la ciudadanía mexicana. Dada la asimetría recurrente entre México y Estados Unidos, es posible concluir que no firmar un acuerdo desventajoso para el interés nacional y más bien insistir en construir vías regulares y seguras de movilidad humana con dos administraciones estadounidenses sucesivas fue un logro notable de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En segundo lugar, las discusiones en torno al tema siempre fueron informadas oportunamente al público mexicano y a sus representantes en el Poder Legislativo. La apertura y la transparencia a los medios de comunicación es convicción del presidente López Obrador y hoy es un elemento de la comunicación del Gobierno de México con la ciudadanía. Por eso extraña que frente a esta deliberación clara de las políticas del Gobierno mexicano, el exsecretario Pompeo afirme que el entonces secretario designado de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, nunca acordó con Estados Unidos devolver de manera inmediata a los solicitantes de asilo, como represalia por no firmar el Acuerdo de Tercer País Seguro. El secretario Ebrard no lo suscribió, ni entonces ni después.
A partir de ese momento, frente a aseveraciones semejantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha publicado su posición oficial que permanece clara y congruente. Hemos hecho lo que anunciamos en boletines y mensajes a medios, con base en nuestra ley y obligaciones internacionales en la materia y considerando cada caso en lo individual, ante los anuncios de política migratoria estadounidense relacionados con el manejo de la frontera común. Las reiteradas ocasiones en que el gobierno anterior de Estados Unidos realizó declaraciones sobre el tema confirman que no hay acuerdo como el que habrían deseado actores del Gobierno estadounidense. No hubo entonces compromisos a espaldas del pueblo mexicano.
Por otra parte, la respuesta que el presidente López Obrador puso en la mesa fue la de recurrir a la cooperación internacional desde la raíz de la migración: la falta de oportunidades materiales en el lugar de origen. Esa propuesta ahora es una realidad con los programas de desarrollo que México instrumenta en Centroamérica y ha sido la bandera que hemos llevado a foros internacionales, mecanismos regionales y hemos expresado en cada diálogo bilateral, incluidos los que sostenemos con Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México tiene un compromiso con encontrar soluciones a desafíos trasnacionales, pero siempre será a partir de apuntalar la soberanía nacional y la defensa de los intereses de las y los mexicanos.
Por Daniel Millán Valencia*
*Jefe de Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores
