En ella le piden que no se deje llevar por las noticias “demasiado buenas”. Además advierten que el proyecto del gobierno boliviano para el fomento de plantaciones de palma para producir biodiésel “representa amenazas de más deforestación de la Amazonía y en otras regiones del país”.
Para Miguel Vargas Delgado, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social de Bolivia (Cejis), el hecho de priorizar el monocultivo de oleaginosas para garantizar la seguridad alimentaria o energética del país, no genera ninguna posibilidad de sostenibilidad a la vida de las comunidades indígenas. “En todo caso significa romper su tejido social, cultural, sus sistemas económicos, y por tanto, exponerse a una situación de mayor vulnerabilidad”, advirtió a Diálogo Chino.
El antecedente: etanol
Bolivia entró en la producción de biocombustibles en 2018, con la generación de etanol. El también llamado alcohol anhidro es un aditivo para la gasolina, que se produce a partir de la caña de azúcar. En marzo de 2017, el entonces presidente Evo Morales lanzó un programa para su producción, el cual todavía está vigente en alianza con la empresa privada de Santa Cruz.
Este preveía la producción de 80 millones de litros en 2018 y 380 millones de litros en 2025. En 2021, el gobierno se comprometía a comprar 110 millones de litros, y en 2022, 160 millones. Hasta ahora, “ha funcionado muy bien”, declaró a Diálogo Chino Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos.
De acuerdo a Ríos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compra al sector cañero su producción de biocombustible y este, a su vez, “se encarga de las inversiones necesarias para la instalación de plantas, entre otros recursos”.
En el caso del biodiesel será distinto. El propio Estado se hará cargo incluso de la producción de materia prima. Según Mamani, hay tres ministerios a cargo de todo el megaproyecto: el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para la producción de oleíferas; el de Economía, a cargo de la construcción de plantas extractoras, y el de Hidrocarburos que, por medio de YPFB, comprará la materia prima a los productores y trabajará en la refinación.
En este caso, Ríos observa que YPFB está entrando en el negocio de la agricultura. “Para mí, podría haberse emulado lo que se ha hecho con el etanol”, dice. Es decir, dejar al sector privado la producción de la palma y el biodiésel, para que la estatal petrolera pueda comprarlo.
Las expectativas en el área de producción son muy altas. Ya hemos inaugurado el primer vivero de palma aceitera de Bolivia y estamos implementando 18 más
Al respecto el Mamani Quispe dice que el gobierno de Arce busca garantizar al productor el éxito de sus cultivos de palma y la compra de esa materia prima. “Como programa, las expectativas en el área de producción son muy altas. Ya hemos inaugurado el primer vivero de palma aceitera de Bolivia y estamos implementando 18 viveros que van a asegurar una superficie productiva de seis mil hectáreas. El programa tiene vigencia de cinco años y en ese tiempo tiene que asegurar la superficie de producción de 60 mil hectáreas”, señaló.
Las 60 mil hectáreas, sin embargo, únicamente cubrirán el 40% de la demanda de YPFB. “Tenemos que buscar estrategias. ¿Cómo vamos a cubrir el saldo del 60%? Ahí es donde van a entrar y tienen que ser parte los empresarios privados”, dijo Mamani Quispe.
Sin embargo, hasta el momento, las dudas sobre esta nueva era en Bolivia aumentan. El exministro Ríos exige eficiencia, ya que “el país importa el 70% del diésel y el 50% de la gasolina que consume, y cada año la demanda crece”. Mientras que por el otro lado, comunidades y científicos piden que sus bosques no se vean afectados, ya que la deforestación cada año también crece.
