Los profesionales sanitarios de Castilla y León iniciaron la semana pendientes del boletín oficial de la comunidad y de las posibles notificaciones internas que se esperaban en relación al protocolo de atención a las embarazadas. Sin embargo, el día discurrió sin noticias, más allá del relato político que se fue construyendo a medida que los responsables públicos fueron fijando su posición: “Nosotros no tenemos ninguna consigna sobre qué hemos de hacer o no”, indicó, en declaraciones a este medio, el presidente del Colegio de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez.
El representante de los facultativos indicó, no obstante, que su posición sigue siendo la misma que el jueves, cuando el vicepresidente Juan García-Gallardo anunció las medidas: “Los médicos tenemos que hacer lo que libremente pensemos en base a nuestros conocimientos, no por órdenes políticas. La clave está en la buena praxis”, defendió Martínez.
Una guerra política
En esa línea, el presidente del Colegio de Médicos de Zamora opinó que toda la polémica se enmarca más en una guerra política que en un debate sobre la pertinencia de ofrecer recursos a las mujeres embarazadas: “Es un arma arrojadiza que unos le lanzan a los otros y los otros a los unos, pero insisto en que no hemos recibido ninguna notificación y no hemos visto nada en el Bocyl”, profundizó el profesional.
“Son guerras políticas que a ver hasta cuándo duran”, apuntó Sebastián Martínez, que expresó su deseo de que la cuestión vaya decayendo tras la declaración institucional realizada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco: “Esperemos que lo que ha dicho se cumpla”, reconoció.
Aun así, Martínez aludió a la tranquilidad que impera entre los médicos, al menos desde su perspectiva: “Nadie me ha consultado y mi sensación es que todo está calmado”, subrayó el representante de los profesionales, que aseguró que, al menos durante este lunes, el trabajo se ha desarrollado sin que haya habido ninguna actuación diferente.
“Cada persona es única”
Más allá de este mensaje a nivel local, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos también fijó su posición sobre este tema. El colectivo recordó que “la relación entre médico y paciente es de íntima confidencialidad”, y aseguró que “el único objetivo del acto médico es el bienestar físico y psíquico del paciente” desde la óptica de que “cada persona es única”.
Además, desde esta organización aseguraron que “en ningún caso y de ninguna manera se puede obligar a nadie a una prueba diagnóstica o terapéutica que no desee”, tal y como se establece en la Ley de Autonomía del Paciente.
Aparte de las asociaciones citadas, también se manifestó públicamente la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que pidió el máximo respeto a la legislación vigente con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ante la polémica sobre la posible aplicación del nuevo procedimiento de atención médica en los casos de aborto que se anunció desde la Junta de Castilla y León.
Derecho de la mujer
El colectivo hizo hincapié en el derecho de la mujer a acogerse a la actual normativa, donde están regulados todos los requerimientos para la interrupción voluntaria del embarazo, y los propios ginecólogos recordaron que las ecografías, tanto 3D como 4D, no forman parte de la sistemática asistencial ni puede encontrarse ninguna recomendación para su práctica rutinaria en protocolos nacionales o internacionales.
Además, la organización puso de manifiesto que su Guía de Práctica Clínica sobre la Gestación precoz, del año 2021, advirtió que “la evaluación con Doppler solo debe ser realizada en el primer trimestre en aquellos casos en los que haya una indicación clínica específica”, mientras que, “en la gestación temprana. se recomienda utilizar preferiblemente el modo-M para determinar la frecuencia cardiaca embrionaria”.
Por su parte, la Sociedad Internacional de Ultrasonidos en Obstetricia y Ginecología recomendó, también en 2021, que en el periodo embrionario, hasta la semana 16, el Doppler espectral, power Doppler u otras modalidades no se usen rutinariamente. Sí en periodo fetal para ciertas indicaciones clínicas, como el cribado de trisomías y anomalías cardiacas.