Según Human Rights Watch, los gobiernos y organizaciones regionales del subcontinente deben abordar con determinación la desigualdad, la corrupción y la inseguridad. La tasa de homicidios del año pasado resultó la más alta del planeta
“Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben abordar problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia”, señala el Informe Mundial 2023 de Human Right Watch (Observatorio de Derechos Humanos, HRW por sus siglas en inglés).
La organización humanitaria, con sede en Nueva York y creada en 1978 bajo la administración de James Carter en la Casa Blanca, dio a conocer el viernes su informe anual. En el capítulo de América Latina y el Caribe afirma que “las falencias crónicas para enfrentar estos problemas han sido usadas por algunos políticos para justificar medidas que restringen o violan derechos humanos y han impulsado a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero.
El informe de HRW coincide con la reunión de “Three amigos” que tuvieron los presidentes de México, Canadá y Estados Unidos y que terminó el miércoles pasado donde el tema candente fue la migración que tiene un crecimiento alarmante en la frontera sur de Estados Unidos y que, según los jefes de Estado requiere de fondos para ayuda social y de inversiones productivas capaces de frenar este drama.
El informe completo tiene 752 páginas, analiza las condiciones de los derechos humanos en al menos 100 naciones. Es el informe anual número 32 de HRW que puede consultarse en www.hrw.org.
Un indicador clave es que la región tuvo en 2022 la tasa de homicidios más alta del mundo con 21 asesinatos cada 100.000 habitantes. Pese a las posturas democráticas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, ese país registró máximos históricos de delitos violentos desde el inicio de su gestión iniciada en diciembre de 2018. AMLO “ha profundizado las estrategias fallidas de militarización que habían implementado sus predecesores, ha reemplazado a policías civiles con soldados y reducido el apoyo a fiscales de la justicia penal ordinaria. Los delitos casi nunca se investigan ni llegan a juicio”, dice el informe.
Haití vive “en un contexto de crisis política y humanitaria, las pandillas son responsables de una ola de asesinatos, secuestros y violencia de género. El sistema de justicia de Haití está prácticamente colapsado. El brote de cólera que empezó en el mes de octubre había dejado, al 6 de diciembre, más de 13.000 casos sospechosos de la enfermedad y 283 personas muertas”, en referencia a uno de los países cuyas instituciones están pulverizadas desde el magnicidio de Jovenel Moïse en julio de 2021.
Otro capítulo destacado es el de Ecuador que “experimentó un incremento importante de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas. La sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles han permitido a esas pandillas reclutar nuevos miembros en ellas y asesinar a más de 400 personas detenidas desde 2021”.
Cabe recordar que la frontera norte de Ecuador es con Colombia. Se trata de una zona selvática y los carteles del narcotráfico extendieron redes en ese país. Los grupos mafiosos del noroeste de México, que venden sustancias tóxicas a Estados Unidos, extendieron sus negocios en vínculo con narcotraficantes colombianos y ecuatorianos a quienes sostienen para el cultivo de la coca y la amapola adormidera.
En este contexto, “millones de personas han migrado en América Latina escapando de la violencia, la represión y la pobreza. Ello incluye más de 7,1 millones de venezolanos que han huido de su país desde 2014, así como cientos de miles que huyen cada año” de sus países”. El destino de la abrumadora mayoría es hacia Estados Unidos y sin las autorizaciones correspondientes.
Las autoridades migratorias de Washington registraron la cifra más alta en 2022 de “contactos” de personas migrantes en toda su historia. Se trata de la friolera de 2.000.000 de “contactos”, y utilizan esa palabra porque muchos de los sin papeles intentan varias veces traspasar la frontera ilegalmente o llegan a una oficina fronteriza y son rechazados.
Los líderes latinoamericanos “deberían adoptar políticas de seguridad sostenibles y que respeten los derechos humanos, señaló Human Rights Watch. Entre otras medidas, ello exige priorizar los procesos penales contra los jefes de grupos criminales y prevenir el reclutamiento de jóvenes mejorando el acceso a la educación, al trabajo y a otras oportunidades”, dice el informe.
Los países del continente “deberían adoptar una respuesta regional coordinada a la migración e implementar los compromisos estipulados en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, adoptada en junio, para ampliar el acceso al estatus legal y la integración al país donde migran”, dice HRW, lo cual requeriría de un tratamiento prioritario de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de recursos financieros, principalmente a través de la banca regional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La abogada argentina Tamara Taraciuk, que es subdirectora del continente para HRW, mencionó también otros problemas institucionales como “ataques directos y formales contra sistemas electorales, contra el Poder Judicial, contra la prensa independiente y contra la sociedad civil”. Hechos que no solo suceden en países liderados por regímenes dictatoriales, sino también en los territorios que cuentan con “líderes electos democráticamente, que ponen así en riesgo los pilares de la democracia”. Taraciuk señaló además otros temas claves de agenda como “el reparto desigual de la riqueza y las amenazas climáticas”.
Por su parte, la directora ejecutiva en funciones de Human Rights Watch, Tirana Hassan, comparó el asalto a los principales edificios gubernamentales y políticos de Brasil por parte de seguidores de las políticas ultraderechistas del expresidente Jair Bolsonaro, con lo ocurrido en enero de 2020 en el Congreso de Estados Unidos.
“Tanto Trump como Bolsonaro sentaron las bases para estos ataques al socavar la confianza en el sistema electoral”, concluyó. Según Hassan, ambos exmandatarios utilizaron “el mismo libro de jugadas” de los “autócratas” para “atacar la democracia”.
