Entre 1990 y 2021, Colombia perdió 6,1 millones de hectáreas de bosque y pasó de ocupar el décimo al octavo lugar en área deforestada. Entre 2016 y 2021, la deforestación promedio anual alcanzó la cifra de 384.000 hectáreas. De seguir así, el 20 % del bosque podría quedar afectado en 2030.
El daño ambiental provocado por la deforestación es grave. Se concentra en la Amazonía, 63,7 %, donde hay mayor biodiversidad, y conlleva tres consecuencias críticas: la reducción de la capacidad efectiva de retención de CO2 debido a la pérdida de biomasa; la fragmentación y daño de ecosistemas, con amenaza para la biodiversidad; y el efecto negativo de la pérdida de cobertura vegetal sobre la precipitación, la escorrentía, el arrastre de materiales y las variaciones en el caudal de los ríos, los cuales han agudizado el ciclo de inundaciones y sequías.
A esto se suma el alto costo social. En zonas con coca, por ejemplo, el 92 % de los niños de 6 a 9 años trabaja, el ausentismo escolar es del 68 %, el analfabetismo es del 36 %, el rezago escolar del 35,5 % y el bajo logro educativo del 86,3 %. El ingreso promedio mensual es del 56 % de un salario mínimo. La pobreza monetaria es del 57 %, multidimensional del 47 % y extrema del 35 %. Estas cifras son más críticas que los promedios de la zona rural dispersa. Los esfuerzos del Gobierno para controlar la deforestación y alcanzar una neta cero para 2030 han fracasado. Contrariamente a la meta propuesta, la deforestación aumenta continuamente, desde las 140.000 hectáreas arrasadas en 2015.
No hay evidencia de esfuerzos de coordinación vertical ni territorial. Ninguna de las entidades analizadas ha cumplido las metas trazadas, ni siquiera el Estado. No hay un guión para enfrentar el problema, no hay un director, ni presupuesto para las acciones exigidas. Tampoco hay una rendición de cuentas, ni una ciudadanía que reclame la preservación de los bosques como garantía de sostenibilidad del agua.
Por el contrario, tanto las políticas —como el Conpes 4021 de 2020— como las estrategias propuestas evitan referirse a lo que se necesita para detener la deforestación: aprovechamiento sostenible de los bosques para mejorar la economía y calidad de vida local; acciones transectoriales para asegurar el trabajo conjunto del gobierno; gestión de la información para la toma de decisiones, y estrategias de prevención y control territorial para reducir la ilegalidad.
Este documento muestra el escaso interés en el problema. Además, se ve allí un cuadro de costos por 714.000 millones de pesos que aparece como el financiamiento de las acciones propuestas, pero no explica cómo se dispondrán los recursos para ejecutar estas políticas.
La operación Artemisa fue la única acción concreta de combate a la deforestación. Fue ejecutada en 2019 por las Fuerzas Armadas, el MADS, la Fiscalía General, la Unidad de Parques Naturales Nacionales y el Ideam. Sin embargo, no puede saberse si redujo la deforestación en el área de influencia o si tuvo continuidad. Entretanto, los parques de la Macarena, Tinigua y Chiribiquete se llenan de invasores, coca y ganado. La deforestación en Colombia tiene 3 tipos de causas: unas originadas en decisiones sobre el uso y aprovechamiento del suelo y del medioambiente; otras asociadas con los cultivos ilícitos y otras atribuibles a decisiones del Estado.
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Debilidad de controles
La deforestación es una de las principales causas relacionadas con las catástrofes ambientales.
Entre las primeras, la explotación no autorizada de madera prospera ante la debilidad de controles existentes. Es agravada por los incendios forestales provocados por interesados en despojo de tierras, su acumulación y la conversión a ganadería o incendios accidentales que afectan los parques naturales, páramos y otras áreas protegidas. No hay instrumentos eficaces para detectarlos y combatirlos.
Además, el persistente uso de leña para cocinar y las prácticas de quema de sabanas en la Orinoquía contribuyen al deterioro de la flora y fauna y afectan la calidad del aire y la salud humana. A ellas se suman los usos del suelo no sostenibles, por ser contrarios a su vocación y a un adecuado aprovechamiento de los servicios ecosistémicos.
En Colombia, la deforestación tiene un vínculo estrecho con los usos ilícitos y con la política antidrogas que fue introducida con el propósito de reducir la producción, distribución y el consumo drogas.
Pero el carácter ilegal de la coca ha creado incentivos para localizar la producción en zonas remotas, de difícil acceso y débil presencia del Estado; usar violencia y corrupción para preservar el negocio; desplazar las siembras de manera continua, como consecuencia del conflicto, la erradicación forzosa y la represión — “efecto balón”— e invertir las ganancias en la “praderización” del bosque.
Todo esto ha promovido la deforestación de amplias áreas. La deforestación se concentra en cuatro regiones: Arco de la Amazonía, Andina, Orinoquía y Pacífico y 11 NAD. El 70 % de las áreas deforestadas tiene salidas al mar y conexión con países fronterizos, para asegurar el movimiento de personas y el transporte de insumos, coca, dólares y armas. En este territorio habitan alrededor de 200.000 familias en pobreza extrema que producen coca, en medio del conflicto armado.
La política antidrogas que pretendía reducir el consumo ha fracasado. El consumo de cocaína ha aumentado notoriamente en Estados Unidos y en el mundo en general. En Colombia, también ha aumentado. Pero el negocio de la coca ha tenido un éxito rotundo: entre 1990 y 2020, el precio se multiplicó por tres y la cantidad consumida, por cuatro.
Actualmente, este negocio es semejante al del café y las ganancias que produce globalmente son superiores al PIB de Colombia. Paradójicamente, el aumento del precio asociado con el carácter ilegal del negocio permite financiar los nuevos costos de transacción asociados con la burla y evasión de la norma, penas y castigos y deja jugosa ganancia para empresarios del negocio.
La minería, y en particular la extracción ilegal de minerales, es una causa directa de deforestación en regiones como el Pacífico y los Andes. En 2014, Colombia contaba con 80.000 hectáreas en minería de oro de aluvión, distribuidas en 17 departamentos, aunque con una mayor concentración en Antioquia (33 %) y Chocó (46 %). Esto produce un grave daño ambiental debido a la filtración de residuos contaminantes sobre la riqueza hídrica, la biodiversidad y el bienestar de las personas.
Por último, entre los efectos provocados por las decisiones del Estado se encuentra el modelo de colonización impuesto y la falta de cierre de la frontera agrícola, que amenaza especialmente la Amazonía. A esto se suma el otorgamiento de baldíos y de títulos mineros en áreas protegidas, la sustracción de áreas en zonas de parques naturales y la construcción de carreteras que fragmentan los ecosistemas estratégicos.
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¿Qué sigue a corto plazo?
La Amazonía es una de las selvas más afectadas por la deforestación.
Los esfuerzos previos han contribuido al diagnóstico y diseño de estrategias para enfrentar la deforestación. Incluyen múltiples instrumentos y acciones que deben pasar del análisis a su ejecución. Para empezar a resolver este problema en el corto plazo, se deben tener en cuenta estas propuestas:
Como plantea la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, la explotación forestal y el uso del suelo en actividades que involucren recursos naturales no renovables se tratarán como parte de una estrategia de gobernanza forestal. Para combatir la explotación no autorizada de maderas finas, es urgente intervenir los corredores que usan para comercializarla y reforzar los controles que permiten identificar su procedencia.
Frente a la proliferación de incendios forestales por razones climáticas y actividades ilícitas, se debe mejorar la capacidad de detección y de reacción, lo cual supone sistemas de imágenes satelitales y medios tecnológicos para contener su propagación. Y frente a la destrucción de los parques nacionales, los páramos y zonas de reserva, se debe asegurar que no sean objeto de deforestación, lo cual pasa por erradicar de esas zonas la ganadería, contar con apoyo de guardabosques y recuperar y reforestar las zonas más afectadas para evitar la fragmentación de ecosistemas estratégicos.
Debe ponerse en marcha un “Plan de Choque” que mejore los programas de sustitución de cultivos y contemple los elementos de Desarrollo Rural Integrado y Reforma Agraria, incluyendo la migración voluntaria a zonas especiales de desarrollo productivo agropecuaria establecidas por el Gobierno, en cumplimiento del acuerdo de La Habana.
También es necesario regular la producción de oro, formalizar y modernizar las explotaciones, promover la adopción de tecnologías que eliminan el uso del mercurio y evitar los impactos sobre el ambiente. Además, se deben mejorar los retornos a los productores directos, incluidos el pago de regalías. Es necesario aplicar los mecanismos REDD+, con bonos de carbono, constitución de reservas forestales y apoyo a la reforestación con especies nativas.
El sector ambiental necesita un marco institucional robusto, capaz de recoger información útil, coordinar instancias de los tres niveles de organización del Estado para intervenciones efectivas contra la deforestación. Debe realizar seguimiento a la deforestación sobre la base de las Mesas Subregionales y hacer rendiciones de cuentas con una participación ciudadana más efectiva. El Ideam debe mejorar su capacidad para el seguimiento de las metas, políticas y programas sobre el estado del bosque y las acciones de invasión o afectación por parte de grupos al margen de la ley.
Frente a las causas asociadas con los cultivos ilícitos, la deforestación y los mayores impactos ambientales, sociales, se necesita una solución alternativa que va desde empezar a analizar la política de lucha contra las drogas de forma más amplia. Esto parte de sensibilizar a la comunidad internacional sobre sus grandes costos sociales, tanto en las comunidades productoras como en las consumidoras y en general en la esfera del narcotráfico. Hay claridad sobre la dificultad que entraña plantear otras opciones, como la legalización. Pero también es claro que la estrategia actual tiene dificultades para alcanzar sus propósitos, a la vez que produce altos costos sociales y fiscales para países como Estados Unidos y Colombia.
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Regulación de ilícitos
No puede perderse de vista la urgencia de sacar la producción de ilícitos de donde promueve la deforestación y produce más impactos ambientales. Puesto que esa discusión tomará tiempo y va a necesitar del concurso de varios países y organismos multilaterales, es urgente dar los primeros pasos hacia una solución sostenible. Para ello, es necesario hacer propuestas, discusiones y formalización de acuerdos básicos entre los países afectados alrededor de la regulación de los ilícitos, mediante la supervisión exclusiva y sistemas de seguimiento a las intervenciones adelantadas.
Así mismo, es necesario consolidar políticas de salud pública con énfasis en prevención y tratamiento de adicción al consumo de sustancias psicoactivas.
Frente a las causas de deforestación asociadas con decisiones del Estado, el cierre efectivo de la frontera agrícola exige actuar en cuatro frentes: prohibición de carreteras en zonas que afecten el medioambiente; no expedición de títulos de propiedad ni títulos mineros en esas zonas; erradicación de cultivos en áreas protegidas, parques naturales y páramos; consolidación del Cinturón Verde de lucha contra la deforestación y gestión de los bosques, especialmente de la Amazonía.
Colombia posee áreas suficientes para desarrollar actividades agropecuarias, más de 40 millones de hectáreas. Apenas el 30 % son cultivadas, mientras que hay más de 2 millones de hectáreas cultivadas en zonas de protección ambiental: 68 % en reservas forestales, 17 % en páramos y 15 % en parques naturales.
Por ello, se deben tener en cuenta estos puntos si se quiere combatir la deforestación y cumplir la meta cero para 2030. En caso contrario, el problema seguirá y será cada vez más grave, hasta que se llegue a un punto de no retorno.
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EDUARDO FERNÁNDEZ (*) Y ARIEL CIFUENTES (**)
Razón Pública (***)
(*) Ph. D. en Economía y exgobernador del Meta.
(**) Economista.
(***) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
