Había sido una jornada caótica en Perú. En cuestión de horas, el castillo de naipes que sostenía al presidente Pedro Castillo se vino abajo el pasado 7 de diciembre. El mandatario se adelantó a una votación de vacancia presidencial y anunció por la mañana en cadena nacional la disolución del Congreso y la instauración de “un gobierno de emergencia excepcional”: un golpe de Estado. Pasado el mediodía se produjo una ola de dimisiones en el Gabinete, las Fuerzas Armadas ya habían dado la espalda al Ejecutivo, la Cámara lo había destituido e instantes después, se consumó el arresto del presidente. Andrés Manuel López Obrador reaccionó menos de dos horas después de la detención de Castillo. “Consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución”, afirmó el presidente de México.
Las declaraciones de López Obrador, uno de los aliados más cercanos de Castillo en América Latina, se redondearon esta semana con el decreto unilateral de “una pausa” en las relaciones con Perú. El presidente dijo que para su Gobierno Castillo seguía siendo el presidente; desconoció implícitamente a Dina Boluarte bajo el principio de no intervención, y dijo que la política peruana aquejaba una “falla antidemocrática de origen”. La Cancillería del país sudamericano, en medio de una profunda crisis política, tuvo que darse tiempo para condenar los dichos del mandatario y lo acusó de “injerencismo” en sus asuntos internos.
La posición de López Obrador no surge en el vacío. Porque el apoyo ha sido explícito a Castillo y se remonta a varios meses atrás, porque se inscribe “como anillo al dedo” en su discurso ideológico, porque ni siquiera fue la primera vez que “pausa” una relación con otro país. La “pausa” es una “aportación” netamente lopezobradorista: no tiene asidero en el derecho internacional y se recarga en una figura retórica que no tendría consecuencias en la política interna, pero que lo dice todo en diplomacia, donde las palabras son acciones y políticas en sí mismas. Los argumentos tampoco son nuevos, sobre todo si se analiza cómo el presidente ha gestionado los cuestionamientos hacia miembros de su movimiento, su pragmatismo y sus obstinaciones, así como su habilidad como jugador político, muchas veces menospreciada por sus adversarios y siempre patente en situaciones que para otros son de extrema incomodidad.
Pero esta vez ha tenido tintes de primera vez. La posición del Gobierno mexicano ha chocado con sus propios principios de política exterior, con la política interna de Perú y con el propio manejo que había hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard, que parece no haber podido maniobrar para encausarlo. Esta vez —dicen diplomáticos, analistas y académicos consultados— es más difícil defender el posicionamiento y decodificarlo. “México no gana nada con esto y pierde mucho, sobre todo en credibilidad”, sentencia Ernesto Campos, diplomático retirado que fue embajador en varios países de la región y exdirector en la Cancillería para América Latina. “La primera palabra que se me viene a la cabeza es irresponsabilidad”, sostiene Diego Salazar, columnista peruano de The Washington Post afincado en México, “y un profundo desconocimiento de la situación en Perú”.
Fallas de origen
López Obrador ha dejado claro que su posición frente a Perú parte de su propio diagnóstico de la realidad. Castillo tuvo que enfrentar una oposición feroz desde que inició su Gobierno en julio de 2021 y antes, cuando sus rivales adujeron un “fraude electoral” que nunca pudieron demostrar para frenar sin éxito su llegada a la Presidencia. Ha sido un “hostigamiento”, en palabras del mandatario mexicano, atravesado además por el racismo, el clasismo y el bloqueo permanente del establishment de Lima. El Congreso peruano negó el permiso al Ejecutivo para que asistiera a la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia y a la Cumbre de la Alianza del Pacífico en México, que iba a transformarse en el primer gran foro político de los Gobiernos progresistas, al menos nominalmente, de la región. Ahí iban a estar Alberto Fernández, Gustavo Petro, Gabriel Boric y, entre otros, Luiz Inácio Lula da Silva, que también fue invitado, pero no pudo asistir en medio del incendio poselectoral de Brasil. López Obrador canceló el encuentro al enterarse de que el presidente de Perú, que iba a recibir la presidencia del mecanismo, no iba a asistir y aun cuando la mayoría ya había hecho el viaje a México.
Hasta ese punto, el diagnóstico estuvo apegado a lo que ha sucedido desde mediados del año pasado, según el grueso de voces que siguen la política regional. López Obrador ha cuestionado además que Castillo haya sido destituido con el argumento de “incapacidad moral”, un concepto por demás problemático, la llamada “falla antidemocrática de origen”. A esto se suma un desprestigio desbordado de la política tradicional en Perú, que ha tenido seis presidentes en cuatro años, casi todos manchados por escándalos y juicios por corrupción.
“El Congreso peruano es un desastre, una calamidad y merece cualquier crítica”, afirma Salazar. “Y no es mejor que Castillo”, agrega. Pero el diagnóstico de López Obrador obvia que Castillo fue el autor de un golpe de Estado, una “falla de origen” que desequilibra todos los posicionamientos que su Gobierno asumió después. “Todos lo vimos por televisión, en vivo y en directo”, recuerda el columnista. Se ignora también que, independientemente de que el presidente mexicano esté de acuerdo o no, el Congreso estaba facultado para autorizar o no esos viajes al extranjero, o para destituirlo o no tras caer en una falta grave, según la Constitución del país andino. Castillo estaba siendo investigado por la Fiscalía, un ente autónomo. “López Obrador entiende la realidad en blanco y negro, y de la misma manera que aplica esas anteojeras a la realidad mexicana, lo hace con la realidad peruana”, comenta Salazar.
Principios de política exterior
La prensa preguntó el pasado martes a López Obrador si reconocía el Gobierno de Dina Boluarte, la sucesora. “No existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero”, respondió. El presidente invocaba la Doctrina Estrada, el eje rector de la diplomacia mexicana desde hace más de 90 años y que se pronuncia precisamente en contra de que un país extranjero reconozca la legitimidad de un gobierno en otro. Acto seguido dijo que Castillo seguía siendo el presidente porque “se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió”, paradójicamente reconociendo de facto a Castillo.
“Es una contradicción de la Doctrina Estrada, que él mismo había invocado, porque de entrada está diciendo quién es el presidente y quién no”, afirma Campos. López Obrador también hizo referencia al principio de no intervención, pero hizo lo contrario: cuestionó la Constitución de Perú e ignoró que el Congreso también tiene legitimidad popular. Es, sin importar sus “anteojeras ideológicas”, el jefe de Estado y de la diplomacia mexicana.
Asilo, prisas y descoordinación
“Habló a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono, y que iba a solicitar el asilo, si le abrían la puerta de la Embajada”, dijo López Obrador el 8 de diciembre, un día después de la destitución de Castillo. El presidente de México confirmaba que hubo una llamada entre ambos presidentes en medio del caos, pero antes del arresto y de que el mandatario depuesto pudiera llegar a la Embajada.
Con eso, el presidente desacreditaba lo dicho por el canciller Ebrard la noche anterior. “A nuestro embajador no se le solicitó ninguna cosa especial. No sé si él tuviere esa intención, yo no hablé con él el día de hoy, puede ser, pero no tengo la certeza”, dijo el titular de Exteriores cuando le preguntaron sobre una supuesta solicitud de asilo. No sería hasta el día siguiente que el embajador mexicano, Pablo Monroy, iría a la cárcel para reunirse con Castillo e intentar desahogar cuanto antes la petición.
El asilo se otorga y es viable cuando la persona que lo solicita llega a la Embajada (asilo diplomático) tras ser entregado por las autoridades o al país asilante (asilo territorial), apunta Campos. “México no puede ir a sacarlo de la cárcel para llevarlo a su Embajada”, comenta el diplomático. El Gobierno de López Obrador ha desconocido, de paso, la autoridad del interinato de Boluarte.
La aparente descoordinación entre López Obrador y Ebrard se ha reflejado dos veces en días recientes. La semana pasada fue en el tema de Perú. Esta semana fue con España, cuando el presidente volvió a subir el tono contra la Monarquía y las trasnacionales españolas apenas un día después de la reunión entre Ebrard y su homólogo español anunciaran en México que ambos países iban a relanzar sus relaciones. Mientras el canciller hablaba de que la reunión fue “un éxito”, el presidente lo cruzaba y volvía a la carga entre reclamos de “prepotencia”, “colonialismo” y “corrupción”.
“En la Cancillería hay muy buenos juristas y no se les hubieran pasado estos errores”, asegura Campos. “Esto deja a entrever que las decisiones se toman en Palacio y la Cancillería es poco consultada”, zanja. Las señales cruzadas se han producido mientras el canciller trabaja en dos frentes: conducir la política exterior y construir su campaña a la presidencia en 2024, como lo hacen los otros aspirantes de Morena: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.
Para Salazar, esa desconexión entre el presidente y su Gabinete no es exclusiva de la política exterior. “Da la impresión de que los secretarios de las distintas carteras van detrás de las palabras del presidente para convertirlas en políticas, el problema es que en las Relaciones Internacionales las palabras son políticas en sí”, comenta. Esas prisas se reflejarían el 12 de diciembre cuando en un comunicado conjunto con los Gobiernos de Colombia, Argentina y Bolivia se incluiría la bandera de Guatemala por error.
En lo que toca al asilo afloran los paralelismos entre la situación que enfrenta Castillo y la que vivió Evo Morales en Bolivia. Pero las similitudes llegan hasta donde llegan. Porque Evo Morales sufrió el golpe y no lo cometió. Porque su respaldo popular era mucho más claro. Porque fueron las propias autoridades quienes lo entregaron para que llegara a México, comenta Campos. “He consultado con otros colegas retirados y si no me equivoco, México nunca le ha dado asilo a nadie que haya intentado un golpe de Estado”, dice el diplomático, con una trayectoria de 38 años en la Cancillería.
Rédito político y repercusión
López Obrador es desacreditado constantemente por sus críticos, muchas veces acusando la miopía del insulto y la descalificación. Salazar no ve que ninguno de los pronunciamientos de López Obrador haya sido gratuito ni fortuito. “Es un político muy hábil, sabe tocar las teclas justas para generar estos escenarios de conflicto en los que él se mueve como pez en el agua”, asegura. En cuatro años, el presidente ha arremetido, entre tantos otros, contra el árbitro electoral, el movimiento feminista, los científicos, la sociedad civil, los ambientalistas y los periodistas críticos en el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión. El columnista lo ve como un “polemista profesional”. “Su posición sobre Perú es también una apuesta propagandística”, dice. “Es una enorme oportunidad perdida para ejercer un liderazgo en América Latina”, complementa Campos.
Lo cierto es que los ojos del presidente están en la política mexicana y que es un mensaje para consumo y rédito político interno, coinciden los analistas. Lo delicado, mientras López Obrador mueve las piezas de su ajedrez peruano, en el viraje más cuestionado de su política exterior, es el telón de fondo en Perú, donde Castillo permanecerá 18 meses en prisión preventiva, donde el Congreso no logra fijar una fecha para las próximas elecciones y donde la crisis ya se ha saldado con al menos 20 muertos.
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