Durante el gobierno de Petro no se aprobará una reforma de la Ley 100 que elimine las EPS. Es mi predicción, aunque el verdadero resultado de la reforma de salud solo se sabrá a ciencia cierta el próximo año cuando se haya conocido, discutido y aprobado el proyecto de ley que presente el gobierno.
La primera razón para atreverme a prever este resultado, la encuentro en el nada despreciable negocio de las EPS. Basta decir que las EPS recibieron del Estado colombiano (a través de la ADRES) $53,99 billones de pesos en el año 2020 y $60,47 billones en el 2021, como “…pago del seguro de salud de los afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado”. Esto incluye lo que se les reconoce “…para garantizar los servicios médicos de alto costo y complementarios, que no se encuentran incluidos dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS)” (puede consultar el enlace aquí).
En segundo lugar, el presidente Petro, en aras de obtener y mantener gobernabilidad, estableció alianzas con los partidos y dirigentes políticos que representan y defienden los intereses económicos de las EPS.
El acuerdo con el partido Liberal del expresidente César Gaviria, gestor de la Ley 100 de 1993; el nombramiento en la cartera de Educación del Dr. Alejandro Gaviria, tutor de la reingeniería del sistema de aseguramiento llevada a cabo durante su período como Ministro de Salud del presidente Santos, y la Presidencia del Senado de la República en manos de Roy Barreras son realidades ilustrativas al respecto.
Aún más significativo es que lo planteado y puesto en ejecución hasta ahora por el Presidente, su Ministra y su Superintendente de Salud no riñe en nada con la normatividad vigente. El Modelo Preventivo y Predictivo de Salud puesto en marcha desde Aracataca el 3 de noviembre y el lanzamiento de los “Equipos Médicos Interdisciplinarios Territoriales” se encuentran “amparados” en la Ley 1438 de 2011 que pretendió introducir en el sistema de salud —a decir verdad sin éxito— la Atención Primaria en Salud.
Continúan las liquidaciones de las EPS “malas” con los mismos criterios del gobierno anterior, afectando a sus afiliados, que deben padecer un tránsito de afiliación a las EPS “buenas”, y desfinanciando a los hospitales públicos y privados, a los cuales no les pagan las multimillonarias deudas con ellos adquiridas. En el proceso, se continúa consolidando un monopolio del aseguramiento en las cada vez más pocas EPS habilitadas, que ahora se redistribuyen el mercado y cuentan con mayor número de afiliados.
Aunque desde el gobierno y los gremios médicos se promueven foros que socializan la inminencia de una reforma que eliminará la intermediación financiera, la Ministra asegura que no se desfinanciará el actual sistema de salud y que la reforma será consensuada con los actores del sistema.
Del lado de las EPS, a la vez que persiste la queja de no haber sido llamadas todavía a dialogar con el gobierno, en lo que tienen razón, se proponen fórmulas para conciliar el modelo preventivo del gobierno con la continuidad de la atención médica de la población mediada por la gestión del riesgo que realizan las aseguradoras. Es el caso de la teoría de los silos territoriales (modelo preventivo) y los silos poblacionales (modelo de las EPS) (ver enlace aquí).
Un hito del aseguramiento en salud, ocurrido hace 50 años, seguramente puede ayudarnos a comprender cuál es realmente el problema con las EPS y el actual sistema de salud, y cuáles reformas de fondo son imprescindibles para que las inequidades y las enormes barreras existentes de acceso a los distintos niveles de atención sean superadas.
Richard Nixon sostuvo en 1971 una conversación con su asesor John D. Ehrlichman, en la que aceptó darle vía libre al negocio de la salud con ánimo de lucro. La propuesta transmitida por Ehrlichman provenía de Edgar Kaiser, poderoso empresario que había logrado integrar sus negocios de seguros con una red de hospitales privados (Kaiser Permanente), en lo que denominó Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud (HMO por sus iniciales en inglés).
El modelo de aseguramiento en salud que el presidente norteamericano decidió promover estaba basado en que se obtiene mayor rentabilidad en la medida en que se preste menor atención en salud (audio original aquí).
La conversación condujo a que, luego de muchos debates y con apoyo bipartidista, el Congreso de Estados Unidos aprobara la ley HMO de 1973. Los historiadores coinciden en que, a partir de esta ley, se produjo “una transición dramática en el sistema de salud estadounidense que hizo posible el predominio de las empresas de seguros de salud con fines de lucro”. El modelo es muy simple: las aseguradoras compran o contratan con hospitales y proveedores para que presten un paquete definido de servicios de salud o plan de beneficios, a un precio per cápita o por servicio acordado.
Este modelo, ya probado y refinado con medidas económicas y de manejo gerencial de libertad de mercado, fue el que promovió el Banco Mundial 20 años después. También es el mismo que, liderado por Juan Luis Londoño (ex funcionario del Banco) y sus asesores de la Universidad de Harvard, se implantó en Colombia, en el marco de la apertura económica del gobierno de César Gaviria. En nuestro país, en lugar de HMOs, se introdujeron las EPS.
Una reforma al sistema de salud que tenga como objetivo eliminar las actuales barreras de acceso a una atención oportuna y de calidad para la totalidad de la población afiliada, debe intervenir la “Gestión Integral del Riesgo en Salud”, el mecanismo económico que actualmente garantiza a las EPS una máxima rentabilidad cualquiera que sea el monto de la UPC recibido del Estado. Ese es el tema de mi próxima columna.
¡Deseo de corazón una Navidad feliz y en familia a mis lectores!
