Nos urge hablar sobre el impacto de la corrupción en la migración

México es uno de los países con más tránsito migrante de la región. Se estima que, tan solo en 2020, 10 millones de personas salieron del país para llegar a los Estados Unidos. Tristemente, para muchas de las personas que cruzan el territorio nacional, este viaje puede convertirse en una experiencia terrible. Es bien sabido que los migrantes que entran y transitan por México enfentan violencia, discriminación y hambre, pero, ¿y la corrupción estatal? Hoy más que nunca hay que comenzar a hablar sobre cómo esta problemática afecta a los migrantes, así como sus causas e implicaciones.

Cuando hablamos de los delitos y agresiones a los que están expuestos las personas migrantes que pasan por territorio nacional, es común enfocarse ,y con justa razón, en los de alto impacto; aquellos cometidos por grupos criminales y autoridades mexicanas que atentan contra su vida: secuestros, violencia sexual, asesinato. Sin embargo, igual de importante debería ser discutir sobre el impacto que tienen los actos de corrupción en la vida de estas personas, ¿qué tanto sabemos sobre el vínculo entre la corrupción y la migración? y ¿por qué debería interesarnos tanto como los delitos de alto impacto?

Algunas de las formas más frecuentes de corrupción y de las más practicadas por nuestras autoridades migratorias son la extorsión, el abuso de poder y tráfico de influencias. Aunque es difícil estimar el número de agresiones de este tipo cometidas contra migrantes, debido a la falta de información oficial y actualizada, así como al hecho de que la mayoría no son denunciadas por temor, basta con una breve búsqueda en internet para encontrar cientos de ejemplos, testimonios e historias de migrantes que fueron víctimas de la corrupción: detenciones sin fundamento, extorsiones para permitirles entrar al país, la solicitud de favores sexuales, llamadas a familias pedir dinero a cambio de la la liberación sus parientes, entre otras agresiones.

Organizaciones como Human Rights Watch, Sin fronteras, ONU Migración, Amnistía Internacional y muchas otras hacen esfuerzos importantes por documentar los casos de corrupción y las agresiones de las que son víctimas las personas migrantes en México. Por ejemplo, el estudio Migrantes invisibles, violencia tangible, encontró que poco más del 40% de las agresiones declaradas por migrantes correspondía a extorsión por parte de alguna autoridad mexicana, siendo esta la segunda más frecuente a migrantes, sólo detrás del robo. Incluso, la propia Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes encontró que de los 129 casos que investigó en 2016 por detenciones a migrantes, la mayoría debía considerarse ilegal.

El tema debería preocuparnos no solo por lo común que es, sino por el impacto que tiene. ¿Qué sentirán las mujeres y migrantes miembros de la comunidad LGBTQ+ luego de verse obligadas a realizar favores sexuales para no ser separadas de sus familiares? ¿Los que son detenidos de forma irregular y deben elegir entre comer y pagar por su libertad? ¿Los que llegan por aire y son extorsionados para poder entrar al país? En conversaciones con personal del INMUMI, recuerdo la historia de un chico detenido en una estación migratoria. Los agentes llamaron a sus familiares para pedirles dinero, alegando que este se usaría para pagar el transporte del chico hasta la frontera, donde podrían encontrarle. La familia pagó, pero el chico no fue llevado a la frontera, los agentes lo dejaron varado en la carretera y se quedaron con el dinero. Por lo que sé, él pudo encontrarse con su familia e incluso levantar una denuncia, pero me es imposible no pensar en todos los migrantes que quedaron varados porque sus familias no pudieron pagar, los que fueron separados de sus familias o los que enfrentaron peores consecuencias.

Si analizamos el escenario desde la perspectiva legal, lo realmente grave de estas agresiones es que para muchos migrantes implica la pérdida de sus derechos. Quienes van a transitar por el territorio nacional saben que el viaje es peligroso y toman todas las precauciones para evitar perder la vida a manos de grupos criminales, pero cuando sus primeros agresores son  las propias autoridades que debían protegerlos, quedan indefensos Cuando sus protectores les violentan, ¿a  quién pueden acudir para encontrar justicia y protección? Desafortunadamente, el tema de la protección de los derechos de los migrantes ha visto retrocesos importantes en años recientes. Desde 2011 se ha vuelto muy complicado obtener información de primera mano debido a la suspensión de cuestionarios a migrantes detenidos en estaciones migratorias, por instrucciones del Instituto Nacional de Migración (INM). Y la reciente designación de la Guardia Nacional como nuevo cuerpo de seguridad encargado de la seguridad y migración, no sólo contradice los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado por México, sino que también preocupa a las organizaciones que abogan por los derechos de los migrantes, pues es bien sabido que los cuerpos de corte militar suelen ser menos transparentes.

La corrupción en la experiencia migrante agudiza los problemas que enfrentan las personas y vuelve mucho más compleja la propuesta de soluciones, por eso urge hablar de ello. Cada día que pasa, la situación se deteriora y debido a la falta de conocimiento que tenemos sobre el tema, estamos lejos de poder implementar soluciones. Los migrantes necesitan el respaldo y protección de las autoridades e instituciones mexicanas para sobrevivir su viaje y mientras estos sean sus primeros agresores, el Estado Mexicano será cómplice de sus tragedias.

 * Adrián Zentella (@AdrianZTusie) es investigador anticorrupción en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).