En un lapso de 10 años, la comunidad venezolana residente en Panamá –que consta de 144 mil personas– ha invertido $1.800 millones en el país. Esto se refleja en empresas de diversas actividades, así como bancos, servicios y comercio.
Las cifras son producto del primer “Estudio de impacto económico de la migración venezolana en Panamá: realidad versus potencial”, elaborado por la Cámara de Empresarios y Ejecutivos Venezolanos en el Exterior (Cavex), la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo Sueca, que se dio a conocer este miércoles.
Su divulgación tiene varios propósitos. Uno es romper con el mito de que los venezolanos son una carga para el Estado, y de paso visibilizar la migración como un factor de desarrollo en el país de acogida. El segundo es intentar, cifras en mano, persuadir a las autoridades panameñas para lograr vías de migración más ágiles que puedan potenciar las inversiones, generar empleos y contribuir a la economía.
Los venezolanos consideran que la política migratoria que emplea el gobierno es simplista y generalizada, lo que se convierte en un obstáculo a la hora de abrir una empresa.
Orlando Soto, presidente de Cavex, está listo para sentarse a dialogar con Samira Gozaine, directora de Migración, o con quien haya que hacerlo, para poner sobre la mesa los números y los factores que impiden un crecimiento económico en Panamá. Detallar lo que, según los resultados del estudio, desincentiva la inversión extranjera. Cree en la necesidad de establecer una flexibilización migratoria que permita a compañías trasnacionales agilizar las visas para profesiones especializadas y familiares.
“No se puede poner una visa para todos porque el empresario, sus colaboradores y familiares requieren de tener una entrada al país”, explicó el presidente de Cavex.
Lo compara con otros lugares que han optado por una masiva regularización de venezolanos que permitió su inserción a la vida económica, como en Colombia, República Dominicana, Perú, donde es posible pagar impuestos, crear empleo y aportar a la sociedad. “Es generar vías hábiles para dar visas temporales a los venezolanos, de una forma no tan costosa, restrictiva y lenta”, señaló David Licheri, director de Equilibrium, empresa que efectuó la encuesta.
Este tipo de obstáculos migratorios, añadió Licheri, “desincentivan a nuevos capitales interesados en invertir en Panamá porque se corre la voz entre el gremio, que si bien los incentivos fiscales y la estructura monetaria benefician la inversión, las políticas migratorias no acompañan”.
No obstante lo anterior, en el Ministerio de Comercio existen varios apartados para diferentes procesos de inversión a los que pueden aplicar los empresarios a través de legislaciones especiales, que permiten el ingreso de ejecutivos para realizar tareas específicas. “Esto puede traducirse en la regularización de un técnico, por ejemplo, al que se le otorgue una visa de transeúnte para trabajar”, manifestó una fuente de Migración.
En gobiernos anteriores la regularización de extranjeros se ejecutó a través del programa Crisol de Razas, sin embargo varios recursos legales impidieron mantener esta vía. La fuente indicó que se estudia una figura de “estatus temporal para ilegales” que se encuentran en indefensión por no tener derecho a beneficios. Pero aún no se ha definido nada al respecto.
Panamá aventaja a su competencia principalmente por su economía y sistema financiero, pero los otros países de la región están generando vías para facilitar la migración, cambiaron sus condiciones migratorias porque reconocen que es un fenómeno inusual y requiere atención. En este renglón, “Panamá no ha dado claridad al respecto, por eso vemos importante sentarnos con las autoridades para reflexionar sobre el tema”, añadió Licheri.
Un dato que invita a la reflexión, también revelado en el estudio, es que el 49% de los venezolanos que tienen una vida en Panamá cuenta con una educación superior que incluye estudios universitarios de pregrado, maestrías y doctorados. Mientras que un 64,7% de estos migrantes tiene una formación técnica.
La mayoría está entre 30 y 40 años de edad (40%), en plena edad productiva, un 22% tiene de 41 a 50 años y un 18% entre 18 a 29 años.
Un talento que se desaprovecha en Panamá debido a las normas constitucionales que reservan el ejercicio de ciertas profesiones a los nacionales. La pregunta que queda pendiente es de qué forma ha sabido aprovechar Panamá estos conocimientos y cómo podrían dinamizar la inversión extranjera y la economía.
Cabe resaltar que solo el 33% de los profesionales ejerce su profesión.
Los venezolanos proyectan que si se agiliza la regularización de sus compatriotas podrían ingresar al fisco $80 millones adicionales a los $203 millones que aportan anualmente al fisco panameño. Esto lo escuchó Publio De Gracia, director general de Ingresos, que le sonó como música para sus oídos.
A raíz de la crisis humanitaria que vive el vecino país, más de 7 millones de venezolanos han migrado a otras naciones para intentar hacer una vida. En Panamá se contaban 67 mil ‘chamos’ en 2018. Actualmente en Colombia viven 2 millones, en Perú 1,4 millón, en Ecuador y Chile hay 500 mil, respectivamente. A pesar de que en el istmo se cuenta la menor población, la inversión extranjera de esta comunidad es tres y cuatro veces superior a la del Perú, por ejemplo. El imán de Panamá es el dólar, la economía y la plataforma bancaria. De lograr un acuerdo con Migración podrían incrementar la inversión directa extranjera significativamente, como lo anticiparon en la presentación del estudio.
Con respecto a la situación laboral de estas personas, el 49% es dependiente, un 10% es empleador y un 44% independiente. De los empleadores venezolanos, el 93% se encuentra formalizado y genera más de 39 mil empleos, lo que representa el 2% de la población económicamente activa en Panamá.
¿Cuánto y en qué gastan?
El informe especifica que el consumo anual de la comunidad venezolana es de $1.200 millones, lo que representa el 3,89% del consumo nacional para 2021. En cuanto a la tendencia de los gastos, los más altos corresponden a costos de alimentación. El estimado en gasto público de esta población en educación es de $24,6 millones, mientras que en salud equivale a $29,4 millones. Las familias venezolanas poseen un nivel de ingreso promedio mensual de $729 para trabajadores no formales y de $2.154 para los formales.
