Uruguay presenta un alto grado de concentración económica, lo que ha llevado a que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia ampliara su marco de actuación (mediante la aplicación de la reforma de la ley 19.996 de Rendición de Cuentas).
De esta manera el legislador designó a dicha comisión como la encargada de sancionar las conductas anticompetitivas acaecidas en todos los mercados, incluyendo aquellos de los sectores regulados.
En cuanto a prácticas de abuso de posición dominante, la comisión emitió recientemente una sanción de multa en el mercado de las cervezas (publicada por El País) y anteriormente en el de medicamentos. Y en conductas de colusión, lo hizo en el mercado de las bolsas plásticas, e inició medidas preparatorias por colusión en compras públicas y en otros mercados.
Así lo explicó Natalia Jul, abogada y comisionada de la menciona autoridad en el evento “Día de la Competencia 2022”, que se llevó a cabo en la Torre de las Telecomunicaciones. Estuvieron presentes el presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, otras autoridades nacionales y expertos de diversos estudios jurídicos del país y del exterior.
Casos
Gonzalo Ramos, asesor economista de la comisión, explicó el estado de situación de expedientes sustanciados en 2022. Se estudiaron un total de 78 casos: 51 sobre concentración económica, 13 consultas, seis denuncias, seis medidas preparatorias y dos investigaciones de oficio.
El tema de la concentración (que puede derivar en posición dominante y alteración de la distribución del mercado) es la mayor preocupación en este momento, y será foco en 2023.
En materia de denuncias, los mercados más afectados son: refrescos, transporte por aplicaciones, publicaciones judiciales, supermercados y clínicas médicas.
En medidas preparatorias (investigaciones de oficio), los más afectados son: compras estatales (transporte caliza, fibra óptica, transporte para vacunación), proveedores y minoristas (en particular, crema dental), harina, agua envasada, carne vacuna y cadena avícola.
Las mayores concentraciones se están dando en farmacias (39,2%), forestal (19,6%), supermercados (13,7%) y, por último, el sector arrocero (7,8%), según detalló.
Ramos aclaró que, contrariamente a lo que se puede pensar, los casos relativos a concentración de farmacias y supermercados no se refieren a Montevideo, sino al interior del país.
En el balance 2022 presentado, la comisión aclaró que trabajó en los expedientes de solicitudes de autorizaciones económicas en los mercados minorista, cadena de farmacias, servicios tecnológicos, logísticos y alimentos, entre otros rubros, destacando los que fueron detallados anteriormente.
En 2023
Como próximos a terminar por parte de la comisión, destaca, en el sector transporte, un caso de transporte de caliza (que inició en 2021), así como una denuncia de colusión, interlocking, coordinación para presentar en compra directa.
Y en el sector comercial, un caso de instalación de un shopping (que inició también en 2021) en el interior, sin especificaron otros datos. A nivel de medidas preparatorias -que se continuarán en el año 2023- la comisión se focaliza en cuatro áreas: harina, relación proveedores-minoristas, carne y huevos, y crema dental.
Nueva red
Hasta este año, la comisión no había tenido la posibilidad de actuación (por amparo del artículo 27 anterior), pero, ahora, con los reguladores conformaron la “Red Uruguaya de Regulación de la Competencia”. Se trata de un acuerdo marco para promover la competencia en todos los sectores de la actividad.
La red ayudará a la comisión dotarse de la mayor información posible para tramitar los expedientes. “Es un honor poder firmar esto para un mejor marco para el desarrollo económico”, dijo Labat.
Consulta pública
Con el objetivo de profundizar lineamientos en el marco de las concentraciones económicas, la comisión lanzó una consulta pública en mayo de 2022, en la que participaron los principales estudios jurídicos de Uruguay y de Argentina, Lex Mundi y otras instituciones, resultando un alto grado de adhesión y aportes, según afirmó la abogada Natalia Marcos. Esos lineamientos consistieron en la definición o esclarecimiento de conceptos técnico-jurídicos, para una mejor interpretación y aplicación de las leyes. Básicamente, las consultas se refirieron a los conceptos: “activos empresariales”, “estructura de control”, “facturación en el territorio nacional” y “fast landing” (aterrizaje al país de empresas extranjeras).
Alejandro Alterwain (Ferrere Abogados) hizo una revisión del alcance e implicancias de la facturación en el territorio nacional.
Richard Iturria (Zerbino & Rachetti) puso la lupa en la excepción del first landing.
Diego Gamarra (Posadas, Posadas & Vecino) y Juan Manuel Mercant (Guyer & Regules) advirtieron que los conceptos (como “estructura de control”, entre otros), que se están reviendo en Uruguay, se han tratado a nivel mundial hace décadas y que habría que mirar más los reglamentos de la Unión Europea, para beneficiarse de lo que ya existe. “Hacerlo de otra manera sería ineficiente”, dijo Mercant.
Alejandro Giuffra dio cierre al evento, explicando que las consultas van a tener una definición por parte de la comisión en las próximas semanas.
