La compra de mascarillas al inicio de la pandemia abrió ayer un nuevo foco de discusión entre los socios del Gobierno y el principal grupo de la oposición. Esta vez a cuenta de una decena de comparecencias que Navarra Suma había solicitado para seguir debatiendo el tema en el Parlamento, pero que fueron rechazado por la Junta de Portavoces por entender que solo busca bloquear la actividad parlamentaria en lo que resta de legislatura.
Las peticiones llegan después de que el pleno del Parlamento rechazara el pasado jueves crear una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas por parte del departamento de Salud y la empresa pública Sodena al inicio de la pandemia. Navarra Suma no logró los votos necesarios para crear una ponencia específica sobre este tema, así que ha recurrido a la vía ordinaria. En total, ha registrado 12 comparecencias, entre ellas la de la presidenta, María Chivite, la del consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, y la de la exdirectora de Sodena, Pilar Irigoyen.
La dos primeras fueron admitidas a trámite ayer, y se suman a las siete realizadas ya por diversos miembros del Gobierno. En cambio, fue inadmitida la de Irigoyen, que no tiene cargo público y no es funcionaria, por lo que su presencia no es obligatoria. Quedaron además otras nueve en el aire, pendientes de un informe jurídico sobre si su presencia es obligada, como dice Navarra Suma, o no, como sostienen los socios del Gobierno.
Se trata de las comparecencias de varios altos cargos del Gobierno, aunque no de primera fila. Entre ellos el director general de la Corporación Pública Empresarial (CPEN), los directores generales de intervención y desarrollo empresarial; los directores de servicios de intervención, control financiero y patrimonio; o la jefa del Servicio de Régimen Jurídico. Todas quedaron pendiente de lo que pueda decir el informe jurídico de los letrados de la Cámara que, en cualquier caso, no es necesariamente vinculante.
Hay una norma no escrita en el Parlamento por la que, salvo contadas excepciones, se admiten a trámite todas las solicitudes de los grupos, tanto en lo que se refiere a peticiones de información como de comparecencia. Sin embargo el reglamento es claro en ese sentido, y señala expresamente que las comparecencias deben ser requeridas bien por la Junta de Portavoces, vía habitual, o bien por la comisión sectorial correspondiente. Y en ambas, salvo que EH Bildu decida dar su apoyo, Navarra Suma está en minoría, por lo que las opciones de prosperar son escasas.
El debate político
Pero eso a estas alturas seguramente es secundario. Porque las comparecencias en un formato tan encorsetado como el de la comisión no iban a aportar más luz a lo que ya se sabe. Y porque Navarra Suma tiene claras ya sus conclusiones en torno a esta cuestión, que no van a cambiar tras lo que puedan explicar los altos cargos del Gobierno. El debate queda fijado así en lo que pueda señalar la presidencia, foco ya de las críticas de la oposición, y las novedades que pueda aportar el consejero de Desarrollo Económico una vez que la CEN ha dejado claro ya que no piensa hacerse cargo del coste de las mascarillas que pidió al inicio de la pandemia y que siguen en un almacén.
Falta en cualquier caso el informe de la Cámara de Comptos, al que algunos grupos parlamentarios aguardan para decidir si reclaman mayores explicaciones al Gobierno. Y que previsiblemente servirá para determinar si la compra de mascarillas al inicio de la pandemia tiene todavía recorrido político.
Críticas a la derecha por romper la unidad en la defensa de la igualdad
El Parlamento de Navarra aprobó ayer una declaración con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que se celebra el próximo viernes 25 de noviembre en la que muestra su “repulsa ante todo tipo de violencia machista producto de las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y contexto”.
La declaración fue aprobada por unanimidad pero vino acompañada por la polémica. A diferencia de otros años, en los que el texto iba firmado por todos los grupos, esta vez se desmarcó Navarra Suma, que planteó su propia redacción alternativa. En este caso, criticando la Ley del Sí es Sí por la reducción de condenas que está suponiendo y reclamando la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La propuesta no salió adelante, pero propició que el resto de grupos recriminaran a la derecha la utilización política de una cuestión tan sensible como la violencia contra las mujeres. “Mientras esta ley esté en vigor, va a haber injusticias, se van a rebajar penas. Es imprescindible por las víctimas rectificar y la ministra que se niega a rectificar debe presentar dimisión o ser cesada”, criticó Carlos Pérez-Nievas (Navarra Suma). “La declaración es tramposa”, replicó la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, que recordó a la derecha que hay mejores momentos para hacer sus reclamaciones políticas.
