Sin embargo, según el relato que hacen los líderes actuales del Pirá Paraná, un año y dos meses después se enteraron de que Benjamín, su antiguo representante legal, había firmado un contrato para un proyecto de carbono con Masbosques poco tiempo después de la asamblea en Santa Isabel. Lo hizo -argumentan en su demanda– cuando desde hacía trece días las comunidades le habían retirado de su rol de autoridad. “Cargo que, insistimos, ya no ocupaba”, escribieron en su acción de tutela, a la que adjuntaron una veintena de documentos de soporte.
En efecto, el 2 de marzo del 2021, Jhon Fredy Benjamín y Jaime García Urrea, director ejecutivo de Masbosques, se reunieron en la comunidad de Sonaña –en el alto Pirá Paraná- para estampar sus firmas en un contrato de mandato con el que dieron inicio a un proyecto conjunto de bonos de carbono en el territorio bajo la autoridad de Acaipi.
Lo presentaron como un acuerdo ventajoso para ambos: Masbosques, escribieron en el documento legal al que esta alianza periodística tuvo acceso, “desea implementar en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés un proyecto” de carbono y es reconocido “por la implementación de otras iniciativas exitosas para la preservación de los ecosistemas estratégicos de la región”, mientras Acaipi “está interesada en participar en el desarrollo del proyecto Redd+”.
En ese contrato Acaipi autorizó a Masbosques a “adelantar las gestiones necesarias para la implementación del proyecto” y pactaron que sus beneficios económicos llegarían a las comunidades “mediante emprendimientos productivos sostenibles, pagos por servicios ambientales a largo plazo o el financiamiento de acciones para el aumento de la gobernanza forestal local, mediante un proceso transparente de concertación y participación efectiva”. Acordaron que el plazo del contrato sería por un periodo inicial de 10 años, que podrían ser prorrogados, pero no detallaron cómo se repartirían esas ganancias y qué parte le correspondería a cada uno.
Así nació Baka Rokarire ~ia tir+~dito –“cuidar la selva” en tres de las lenguas locales- que además del Pirá Paraná suma a cinco comunidades en el vecino municipio de Taraira, del otro lado del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis. El cálculo de sus promotores es que podría evitar que se liberen a la atmósfera 15,7 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 30 años – o 526 mil cada año.
El proyecto fue aprobado velozmente en los dos primeros meses de 2022. El 17 de enero, Masbosques radicó la versión final del documento de diseño de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) ante Cercarbono, según consta la plataforma de la certificadora. Casi un mes después, el 10 de febrero, la auditora estadounidense Ruby Canyon Environmental verificó que había reducido 1,3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero entre 2018 y 2020. Al día siguiente, el 11 de febrero, Cercarbono certificó que contaba con igual cantidad de bonos para vender. Siete semanas después, el 31 de marzo, concretaron su primera venta.
Baka Rokarire era una realidad.
Una ong de Antioquia llega a la Amazonia
La promotora del proyecto es la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques, más conocida como Masbosques, una entidad sin ánimo de lucro creada en 2003 para ejecutar un proyecto de conservación en los bosques del Valle de San Nicolás en el oriente de Antioquia.
En un inicio su vocación fue netamente local, juntando a actores públicos y privados de la subregión al oriente de Medellín con la idea de que su proyecto forestal vendiera certificados de captura de dióxido de carbono, según dictaba el Mecanismo de Desarrollo Limpio del protocolo de Kioto, el acuerdo climático que antecedió al hoy vigente de París. Cornare, la autoridad ambiental local, aportó 36 millones de pesos (unos 12.700 dólares de la época) para su fundación y siempre ha ocupado un asiento en su junta directiva. Rápidamente sumó como socios a entes públicos como las nueve alcaldías y la asociación de municipios de la subregión, privados como el gremio floricultor Asocolflores y la Corporación Empresarial del Oriente, educativas como la Universidad Católica de Oriente y comunitarias como las juntas de acción comunal. En total, cuenta hoy con 20 socios.
Con los años, Masbosques fue ampliando su radio de acción más allá de Rionegro y el Oriente. En 2008 comenzó a replicar su proyecto forestal en Medellín, gracias a un convenio con Cornare, la alcaldía de la capital antioqueña y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En 2013 lanzó BanCO2, un esquema de pago por servicios ambientales en el que empresas como Bancolombia financian a familias campesinas que cuidan bosques y neutralizan así su huella de carbono. Esa iniciativa pronto se convirtió en su proyecto bandera, que extendió a una veintena de departamentos y que Cornare incluso promovió en Perú. Ha sido tan bien recibida que ya han lanzado tres líneas adicionales del esquema, llamadas Bio, Plus y Agua.
A la Amazonia llegó en 2015. Además de Baka Rokarire, viene impulsando otros seis proyectos Redd+ en la región. Makaro Ap+ro, que abarca 2 mil kilómetros cuadrados de los territorios del Bajo Vaupés (Asatribva) y la Microcentral Eléctrica (Aaticam) en el nororiente de Vaupés, fue aprobado en diciembre de 2021 y vendió sus primeros bonos de carbono a Delta Airlines. Pitugucajude, que reúne a las comunidades del río Papurí, en la nariz del Vaupés que se adentra en Brasil, está en proceso de validación. Se suman a Jocū Bucūrō Apūrō (que abarca tres resguardos de Guaviare) y Awakadaa Matsiadali (que aglutina a ocho resguardos repartidos por Guainía), que fueron validados en septiembre de este año. También está dialogando con las comunidades del territorio del río Papunaua en el norte de Vaupés y la zona de Arará-Bacatí-Carurú en Guaviare, en proyectos que no han cristalizado pero ya tienen fichas en la plataforma Renare de iniciativas de mitigación del gobierno.
