En el marco de la causa, este martes, se concretaron 14 allanamientos: uno en la Unidad Penal de Federal, dos en cárcel de Paraná, y en los barrios Jauretche, Paraná XX, Paraná XVI, Paraná XIV y uno en zona céntrica de la capital entrerriana.
Al respecto, el jefe del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, explicó a Elonce que la investigación fue originada a partir de los allanamientos y secuestros que a nivel servicio penitenciario se produjeron y pusieron en conocimiento a todas las autoridades prevencionales y la justicia.
Pabellón allanado
Asimismo, destacó que en uno de los pabellones involucrados “lo habitan unos 20 internos y las pesquisas fueron realizadas en horas de la mañana; se brindaron las garantías de seguridad del espacio al personal policial”.
Tras los allanamientos, sumó que “se pedirán informes sobre el tema” y señaló que se profundizarán las investigaciones para corroborar las detenciones de los efectivos del Sservicio Penitenciario.
Al consultarle sobre que pena les correspondería a los funcionarios involucrados, señaló que “
Se les iniciará un sumario administrativo y tendrán que hacerse cargo de la responsabilidad penal que le toca”
La investigación
La investigación está a cargo de los fiscales Santiago Alfieri y Martín Wasinger, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, junto a la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos.
“Se investiga la comercialización de estupefacientes dentro de la Unidad Penal Nº1 de Paraná con el ingreso de estupefacientes y otros elementos prohibidos, conforme el reglamento, tanto por parte de familiares de los detenidos como, en el caso de la sospecha, de dos agentes penitenciarios”, confirmó a Elonce el fiscal Santiago Alfieri.
“La sospecha fue sobre la actividad de comercialización de estupefacientes dentro de la unidad penal y la cobranza, virtual y bancaria electrónica, tanto dentro como fuera de la cárcel, con cuentas habilitadas para tal efecto”, explicó el fiscal. Y aclaró: “Las transacciones sospechadas se dieron tanto por bancarización tradicional electrónica, como por las nuevas plataformas de billeteras virtuales: Ualá”.
De acuerdo a lo que refirió Alfieri, “los elementos secuestrados son fuentes de información que nos llevarán a acreditar, por ejemplo, que determinado teléfono era el que se empleaba dentro de la unidad penal”. “El contenido de las agendas de los teléfonos de las cuentas vinculadas y de las registraciones que puedan haber dentro de los dispositivos electrónicos son fundamentales para corroborar la sospecha de la investigación”, ratificó el fiscal.
“Los procedimientos son un paso más en las acreditaciones y a algunas ya las tenemos por los resúmenes bancarios, las identificaciones de los titulares y las actividades en concreto”, confirmó.
Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio que sería de la familia Siboldi, conocida en el ambiente policial, aunque no se conocieron mayores precisiones sobre la investigación, dado que la misma todavía está en curso.
