“Utilizar el ataúd de una niña de 12 años como un trampolín es una vergüenza, señor diputado, no añada a la atrocidad más absoluta el indigno negocio de la demagogia”. El ministro de Justicia francés, Éric Dupond-Moretti, respondía así esta semana en la Asamblea Nacional, minutos después de que un diputado de la derecha utilizase el asesinato de Lola Daviet para criticar la, según dijo, “laxitud del Gobierno” con la inmigración. A continuación, Dupond-Moretti se volvió hacia la bancada de la extrema derecha, Agrupación Nacional, y añadió: “Y creo que lo peor está por llegar en unos momentos, con aquellos que acuden, siempre puntuales, a la cita de la desgracia, de la que llevan años haciendo su miel”.
La muerte de la niña de 12 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado viernes 14 de octubre en París, se transformó en cuestión de días en objeto de debate parlamentario. Éric Pauget, diputado de la circunscripción de Alpes-Marítimos, cercano a Éric Ciotti –candidato a la presidencia de Los Republicanos–, fue el primero en evocar la cuestión. “Aunque el pudor me hubiera impedido interrogarlo sobre la cuestión, la ira no consigue disuadirme de hacerlo”, comenzó Pauget. “Una vez más, el vínculo entre la inmigración incontrolada y la delincuencia es evidente”, dijo, provocando la indignación y los abucheos de la izquierda y de la mayoría presidencial.
Poco después, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, se dirigió directamente a la primera ministra, Élisabeth Borne. “No puede usted ignorar este tema, como hace en toda circunstancia, como acaba de hacer el ministro de Injusticia [sic] clamando contra la recuperación política, y atacando con ese argumento tan manido a quienes nos escandalizamos por lo que ocurrió”. “Un poco de decencia”, respondió Élisabeth Borne. “Ante una tragedia, respetemos lo primero el dolor de la familia y dejemos que la policía y la justicia hagan su trabajo”.
En realidad, algunos políticos ya se habían referido al crimen unos días antes, fuera del Parlamento. Una vez se publicó que la presunta asesina de Lola Daviet es de nacionalidad argelina, el caso fue mencionado el domingo por muchas cuentas ligadas a la extrema derecha, lo que en Francia se conoce como la fachosphère.
Éric Zemmour, prácticamente desaparecido del primer plano de la política nacional después de no lograr representación parlamentaria en las legislativas, fue uno de los primeros en vincular el suceso con la inmigración, concluyendo uno de sus mensajes con el hashtag #francocide [‘francocidio’]. Se trata de un término que Zemmour incluye en sus discursos desde hace unos meses y con el que busca aludir a supuestos crímenes cometidos por inmigrantes contra los franceses “de souche” [de pura cepa]. Varias voces expertas rechazaron este concepto y denuncian su uso con fines racistas.
Zemmour y Jordan Bardella –candidato a suceder a Marine Le Pen en la presidencia de la Agrupación Nacional– utilizaron el crimen para atacar a Emmanuel Macron en Twitter, y establecieron vínculos entre el homenaje del jefe de Estado a los manifestantes argelinos asesinados por la policía francesa en 1961 o la felicitación al nuevo Balón de Oro Karim Benzema (francés de origen argelino) con la ausencia de declaraciones respecto al asesinato. Lo cierto es que Macron recibió el martes a la familia de la adolescente en el Elíseo para “asegurarles toda su solidaridad y su apoyo”.
Ni la derecha ni la extrema derecha dejaron pasar la oportunidad de atacar al Gobierno en cuestiones de seguridad e inmigración, especialmente en el contexto de las elecciones a la dirección de Los Republicanos y la Agrupación Nacional, que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses. “Además de una tragedia que afecta a una familia, hay mucha indecencia por parte de la gente que está convirtiendo esta historia en un panfleto electoral”, había criticado por la mañana el ministro del Interior, Gérald Darmanin, en la radio RTL, en relación a Bardella y Zemmour.
Reconquista –el partido de Zemmour–, y varias organizaciones de extrema derecha, estuvieron presentes este jueves en varias manifestaciones organizadas por el Instituto para la Justicia (IPJ), un think tank conservador. La formación de Le Pen, Agrupación Nacional, decidió no acudir a última hora.
“Es terrible e inaceptable”
Varias organizaciones de protección de la infancia denunciaron el uso político del crimen. “Lo que está ocurriendo es terrible e inaceptable, nunca se había explotado así la causa de la violencia infantil”, denunciaba Martine Brousse, presidenta de la asociación La Voix de l’Enfant, en el periódico Le Parisien. “Y es aún más terrible porque una minoría de políticos se ha atrevido a utilizar este drama para sus propios fines. Es la primera vez en 40 años de compromiso que nos enfrentamos a una recuperación así”.
Por su parte, Dominique Sopo, presidente de SOS Racisme, aseguró en el canal Franceinfo que la utilización del asesinato es “totalmente indecente”. “Es un acto bastante sórdido por parte de la extrema derecha”, dijo Sopo, que denunció también la reacción de “una parte de” la derecha. “Veo que toda una parte del arco político no ve el asesinato de una joven y una familia por la que sentir compasión, sino que ve una oportunidad política para desarrollar en realidad un argumento racista bastante obvio y bastante burdo”, dijo el activista, quien criticó también a Gérald Darmanin por, a su juicio, “mantener” durante semanas “el vínculo entre inmigración y delincuencia”.
SOS Racisme también denunció que Zemmour estaba “inventando un motivo racial para un crimen que no lo tiene”, lo que “facilita la estigmatización de toda una población utilizando una lógica de generalización, en este caso ‘los argelinos’, y más generalmente ‘los inmigrantes”.
La cuestión de las expulsiones
Una cuestión en particular centra los debates: la tramitación de las obligaciones de abandonar el territorio francés (OQTF, por sus siglas en francés). En el caso de la presunta asesina de Lola Daviet, trascendió que llegó a Francia en 2016 con un visado de estudiante, que no tenía antecedentes y que en agosto se le había expedido una orden de expulsión.
En Francia, una persona cuya solicitud de asilo es rechazada por las autoridades –la Oficina de Protección de los Refugiados y Apátridas y, en caso de apelación, por el Tribunal Nacional de Asilo– puede recibir una OQFT tras un examen individual de su situación administrativa, por parte de la prefectura del departamento en el que se encuentre, que debe asegurarse de que la persona no tiene ninguna solicitud de residencia en tramitación. La orden de expulsión da un plazo de 30 días para abandonar voluntariamente el territorio, tras el que la persona puede ser detenida en un centro o en residencia asignada.
En una entrevista concedida a la revista ultraconservadora Valeurs actuelles en octubre de 2019, Macron dijo que al final de su primer mandato se cumplirían el 100% de las OQTF. Según cifras del Ministerio del Interior, a día de hoy se ejecuta el 20% de ellas, un dato que incluye las salidas del territorio voluntarias que, de hecho, serían la mayor parte de ese porcentaje. “El nivel de cumplimiento de la OQTF es hoy el más alto desde el mandato del presidente Sarkozy”, dijo el miércoles el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, que señaló en la misma rueda de prensa que el Gobierno tenía que “mejorar” en la materia.
Nueva ley
Este otoño está previsto el inicio de un proceso de consulta y debate parlamentario para tramitar una nueva ley de la inmigración, un texto que debería ver la luz a principios de 2023. En septiembre, durante una audición parlamentaria sobre el tema, Gérald Darmanin avanzaba su voluntad de endurecer las medidas contra los extranjeros que han cometido algún delito, para los que la actual legislación ya prevé un procedimiento de expulsión acelerado. Además, según el borrador del texto, al que ha tenido acceso el diario Le Monde, también pretende acelerar los trámites de las OQTF y de prolongar el plazo de detención administrativa mientras se tramita la expulsión.
Sin embargo, en la práctica, la ejecución de una expulsión es compleja, debido a la saturación de centros de retención y a las difíciles relaciones diplomáticas con muchos países de origen que, o bien limitan el número de retornos, o directamente se niegan a aceptarlos. De hecho, el regreso de los ciudadanos expulsados ya estuvo en el centro de una polémica entre Francia y Argelia a principios de año, en la que París presionó a Argel reduciendo el número de visados para ciudadanos argelinos.
AH
