El presidente de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, Ramiro Narváez, dialogó con PRIMICIAS sobre las reformas de seguridad que se trabajarán entre el Legislativo y las otras funciones del Estado.
La mesa técnica de seguridad comenzará a trabajar en una serie de reformas urgentes, para que la Asamblea las apruebe hasta antes de fin de año.
El trabajo está a cargo de la Comisión de Seguridad Integral, que tiene en sus manos la Ley de Seguridad, proyecto del Ejecutivo que servirá de base para reunir todas las nuevas propuestas.
Ramiro Narváez (ID) preside esa comisión legislativa. En diálogo con PRIMICIAS, reflexionó sobre el papel que las reformas legales pueden tener en la lucha contra la delincuencia.
Pero, a su criterio, no es lo único que falta para poder enfrentar el problema de inseguridad, pues una buena parte de responsabilidad recae directamente sobre el Ejecutivo, para delinear políticas públicas y asignar recursos.
Ecuador enfrenta una grave crisis de inseguridad. En ese contexto, las funciones del Estado hablan de la necesidad de reformas legales. ¿Son la salida?
Ecuador tiene muchas leyes, y más leyes no solucionan el problema. Podemos hacer leyes de calidad, pero si estas leyes no son implementadas, si no van acompañadas de una política pública, de un presupuesto adecuado para las instituciones, del fortalecimiento de nuestras instituciones, sirven de muy poco.
Las leyes no solucionan los problemas del país, son un elemento más que abona a la solución.
La Asamblea está caminando hacia estas reformas sobre el tema de seguridad, pero es un tema muy amplio. ¿Por dónde comenzar?
Cuando iniciamos nuestras funciones, realizamos una agenda y priorizamos las leyes que íbamos a tratar en primera instancia. Hay una cantidad impresionante de proyectos de ley (sobre seguridad).
Tomamos como referencia los más urgentes. Era urgente que nuestra Policía Nacional tenga una Ley del uso legítimo de la fuerza para que se sienta respaldada. También es urgente un nuevo Código de Seguridad Integral que le dé una visión al Estado de cómo enfrentar el crimen.
Es urgente una Ley de Seguridad Privada. El país está en deuda con este sector desde 2002, y se puede constituir en aliado para prevenir el delito.
Un ejemplo más: hay nuevas formas de delinquir, por lo tanto, es necesaria una Ley de Ciberseguridad. Hay otro tema urgente, y es una ley que estamos procesando, una Ley de inteligencia y contrainteligencia.
Todo esto permite dar más herramientas a las instituciones para que puedan actuar. Pero las leyes por sí solas no solucionan el problema; tienen que ir acompañadas del liderazgo del Ejecutivo.
En este punto del debate, y dadas las cifras de delitos, es común que la gente y los políticos tiendan por promover iniciativas extremas o radicales, como el libre porte de armas. ¿Cómo evitar que el debate se vaya hacia temas que incluso podrían traer problemas para el Estado?
Muchas de las iniciativas se contraponen con la normativa internacional.
Por ejemplo, suena muy popular que las Fuerzas Armadas salgan a combatir el crimen, cuando realmente no están preparadas para esa actividad. Ellos tienen una formación diferente, están preparados para defender nuestro territorio.
Suena muy popular, muy atractivo, pero legalmente no se puede: la Constitución lo prohíbe. Intentaron (el Gobierno) incorporar eso en la Ley de uso legítimo de la Fuerza, nosotros (la Asamblea) nos negamos y el tiempo nos dio la razón.
Otro ejemplo: el porte de armas. Esto puede viabilizarse para determinadas actividades de protección, donde la Policía no está presente. En el sector rural, la agricultura, la ganadería, las personas que realizan esta actividad tienen que reaccionar de manera inmediata frente a un potencial robo.
Pero intentar armar a la población civil es un grave error. Todos los expertos coinciden en que no es el mejor camino; puede generar más violencia.
Procesar leyes que lleven a que los ciudadanos porten armas es aceptar que el Estado no fue capaz de protegernos; que el Estado, quien es el responsable de garantizar la paz y un ambiente, traslade esa responsabilidad y diga: “no pude protegerlos, protéjanse ustedes”.
El delincuente no se va a detener porque un ciudadano está armado.
Como tampoco se detienen porque haya mayores penas, que es otra de las propuestas que comienza a sonar…
Exacto, ese tema es fundamental. Suena atractivo decir a la población ecuatoriana que se van a incrementar las penas, pero históricamente y estadísticamente está comprobado que el incremento de penas no disuade al delincuente de cometer el delito.
Es decir, el momento que comete el delito, él no se pone a pensar en cuántos años estará preso, si son cinco, seis o siete.
El Código Orgánico Integral Penal (Coip) fue aprobado en 2014 y ha tenido una cantidad importante de reformas, todas para incrementar las penas. ¿Y qué ha pasado? La delincuencia se ha incrementado y las cárceles se han llenado de delincuentes.
Ya sobre el trabajo de la mesa de seguridad, ¿cómo se van a dividir u organizar las reformas de un tema tan amplio?
Tenemos dos mesas: la primera, para trabajar sobre la Ley de Seguridad Integral que presentó el presidente Guillermo Lasso; y la segunda, para depurar, reestructurar y fortalecer a las instituciones.
¿La primera es la que trabajará los temas más urgentes? ¿Qué se incluirá ahí?
Recibimos una ley que envió el Presidente de la República y que era muy débil, escueta (la Ley de Seguridad Integral). La fortalecimos en la Comisión y pasó el primer debate.
Incorporamos varios elementos, pero principalmente una reestructuración total del sistema de rehabilitación social.
Segundo, la institucionalización de la política criminal para prevenir el delito y para combatir el delito. No sirve de nada combatir el delito si no vamos a la causa, a las raíces, si no sacamos a los niños de las calles y de la adicción. Ellos son los futuros delincuentes y ahí hay que trabajar.
En este procesamiento de la ley, el presidente de la Asamblea invitó a distintas instituciones del Estado para que hagan sus aportes a este proyecto, que lo que busca es reformar varios cuerpos legales.
Hoy es la oportunidad para que estas instituciones nos hagan sus propuestas, planteamientos y observaciones para que al final presentemos un proyecto de ley que sirva la gente, que ayude a mitigar estos índices de inseguridad.
Esta ley ya pasó el primer debate, entonces, ¿su trámite cuánto más tardaría?
Aspiramos que sean poquísimos meses. Es cuestión de corto plazo para que presentemos el informe para el segundo debate y el Pleno de la Asamblea pueda aprobar este proyecto.
¿Por qué dice que el proyecto del Presidente que servirá de base para este primer grupo de reformas era débil?
Porque el Presidente anuncia mucho pero ejecuta poco. En uno de sus anuncios dijo que iba a enviar un proyecto vinculado al uso legítimo de la fuerza, pero envió ocho artículos (en la Ley de Seguridad Integral), nada más. Y siete de esos ocho artículos ya estaban considerados en la Ley de uso legítimo de la fuerza, solo el octavo tenía algo nuevo.
Además, presentó algunas reformas muy débiles, que realmente no cambiaban la estructura ni fortalecían las instituciones.
La Comisión, con aportes de muchos sectores, logró fortalecerlo y para el segundo debate vamos a acoger todas las observaciones de instituciones como la Corte Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, Fiscalía, Judicatura.
¿Qué busca la otra mesa, sobre fortalecimiento de las instituciones?
Lo que buscamos es llegar a acuerdos con instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el SNAI, para que puedan garantizar procesos de formación, de reclutamiento, de profesionalización de su personal pero, sobre todo, procesos de depuración.
Queremos que, cuando haya actos indisciplinarios, que no van acorde a los valores y a los principios de las instituciones, estas personas puedan ser sancionadas e incluso separadas.
Eso es lo que buscamos, que haya herramientas para que cuando se hagan los procesos de reclutamiento, se escojan a las mejores personas, a los mejores perfiles.
Para que cuando haya procesos de ascenso, la persona que va a ascender sea correctamente evaluada, que no se lo haga con temas subjetivos, sino con temas objetivos, en donde se prioricen sus capacidades, su compromiso con la institución.
En este caso, entonces, ¿se redactaría un anteproyecto de ley para tratarlo en la Asamblea desde cero?
Lo que vamos a hacer son acuerdos porque la Asamblea Nacional no puede ingresar, por ejemplo, a la Policía Nacional a tomar decisiones por ellos.
No podemos interferir en las funciones de otras instituciones, por lo tanto, los acuerdos dependerán de la voluntad de estas instituciones de cumplirlos. Si no tienen la voluntad, no vamos a poder.
Ahora, en estas mesas seguramente van a nacer necesidades legislativas. La Policía puede decir que para tener una normativa que permita implementar mayor disciplina necesitan estas reformas. Entonces acogeremos esas reformas y las procesaremos en la Asamblea.
La Policía ya ha dicho que se necesita una reforma al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana (Coescop) para temas disciplinarios, a propósito del caso de María Belén Bernal…
Sí, la Policía dice que necesita reformas, pero, mire, yo estoy un año y medio en la Asamblea y no han presentado ninguna propuesta para reformar el Coescop. Tampoco indican qué artículos hay que cambiar y por qué contenido hay que cambiarlo.
Es muy fácil decir que se necesitan reformas, pero no presentar ni una sola propuesta para que estas transformaciones se hagan realidad.
Son ellos, los usuarios de la ley, quienes deben indicarnos qué es lo que necesitan, y nosotros tenemos la obligación de procesarlo.
El debate sobre seguridad recién comienza. ¿Cómo será el trabajo con otras bancadas, sobre todo pensando en las distintas posiciones ideológicas que hay en la Asamblea?
¿Cómo logramos que haya mayor consenso en el Pleno de la Asamblea para aprobar estas leyes? Involucrando a las diferentes bancadas en el procesamiento de la ley. Si ellos se involucran, van a participar en las exposiciones de los expertos, de la academia, de la ciudadanía, de las instituciones, y van a poder determinar si es que lo que se está planteando es viable o no.
En la mayoría de los temas vinculados a seguridad, estoy seguro de que vamos a encontrar coincidencia absoluta con todos o con la mayoría de los asambleístas.
En temas polémicos, se pueden marcar diferencias de criterios por temas ideológicos. Pero esto no hay que verlo desde la política, sino desde lo técnico; así procesamos la Ley del uso legítimo de la fuerza, la Ley de Desarrollo Fronterizo y muchas leyes más.
La única forma de disminuir esas diferencias de posiciones es incorporándolos al trabajo, y es lo que estamos haciendo.
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