“El Derecho hoy día es una locomotora. Te marchas dos años de la carrera judicial y cuando vuelves lo pasas muy mal”. La reflexión es del magistrado de Juzgado de Primera Instancia 16 de Granada, Roberto Pérez, director de uno de los siete cursos que este año ofrece la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, en el marco del plan de formación acordado con el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).
Cada año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pasa al millar de jueces y magistrados andaluces un cuestionario para que indiquen aquellos temas sobre los que desean recibir formación para actualizarse e intercambiar experiencias con colegas de dentro y fuera de Andalucía. Con sus respuestas, una Comisión bilateral de la Junta y el Poder Judicial, a la que asisten también las asociaciones profesionales, cierra un programa formativo en función de la demanda de los jueces pero también de los ámbitos normativos en los que se han producido más cambios y actualizaciones recientes.
Así, este año por ejemplo se ha incluido por primera vez un curso sobre macrojuicios – que se celebra los días 13 y 14 de octubre en Málaga dirigido por la magistrada de la Audiencia Provincial malagueña, Beatriz Sánchez, y el titular del Juzgado de lo Penal 8 de la capital, Juan José Navas- ante la proliferación en los últimos años de causas penales cada vez más voluminosas en cuanto al número de procesados y las conductas presuntamente delictivas objeto de enjuiciamiento.
Visita a la Guardia Civil en el curso de Algeciras sobre inmigración.
Las plazas son limitadas, entre 15 y 20 por curso, para que sea una formación cercana que permita el debate y el intercambio de pareceres entre ponentes y asistentes, si bien la demanda es mucha y despierta interés tanto en quienes empiezan en la carrera judicial, que buscan ayuda y orientación, como en los veteranos, ante la falta de tiempo para estudiar en profundidad todas las actuaciones normativas y que acuden a estos cursos como una vía para estar al día. El programa se cierra siempre con una última actividad, que este año tendrá lugar los próximos 27 y 28 de noviembre, en la que los participantes conocen las instituciones del Legislativo y el Ejecutivo andaluz, al asistir a un Pleno del Parlamento -donde mantendrán un encuentro con el presidente, Jesús Aguirre- y visitar tanto la sede de la Consejería de Justicia -donde serán recibidos por su titular, José Antonio Nieto- como la de la Presidencia de la Junta.
Entre los primeros se encuentra Sandra Ortigosa, Jueza de Adscripción Territorial de Málaga que este año ha participado en dos, uno sobre ‘El reto de la inmigración’ celebrado en septiembre en Algeciras (Cádiz) y otro sobre ‘Derechos de los menores y de las personas con discapacidad’, organizado a principios de octubre en Sevilla. “Me interesaba muchísimo el de Extranjería porque es una cuestión de actualidad con leyes recientes que veo mucho en los contenciosos”, explica. En ese curso, dirigido por los jueces David García (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas) y Elena Gallardo (Juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras), se abordó la problemática de la inmigración no solo desde el punto de vista jurídico sino también social, ya que además de jueces y magistrados especializados en la materia intervinieron representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que actúan en el Campo de Gibraltar, una comarca que es puerta de entrada de la inmigración irregular a Europa, y de las ONG que prestan la asistencia más inmediata a quienes llegan en situaciones muchas veces extremas a las costas andaluzas.
Curso de jueces en el ámbito de los menores y personas con discapacidad.
Veterano es el magistrado Jaime Moya, titular del Juzgado de Menores 3 de Cádiz, que este año asiste por “primera vez” a uno de los cursos ofertados aunque “lo he solicitado varias veces”. En concreto, dada su jurisdicción, ha participado en el curso sobre ‘Derechos de los menores y de las personas con discapacidad’, una de las materias, asegura, en la que más cambios normativos se producen. Para Moya, lo más interesante de esta formación es “escuchar a compañeros que ves que se enfrentan a los mismos problemas que tú y conocer otra perspectiva, intercambiar experiencias, escuchar a otros”.
El director de este curso, Roberto López, coincide en que “además de actualizarse, hay una motivación por coincidir con compañeros, intercambiar directamente opiniones y ver cómo les va la vida porque en esta profesión estamos muy solos siempre y no puedes comentar con otros los problemas a los que te enfrentas cada día y te apetece escuchar a otros que tienen los mismos problemas que tú”.
También a este curso, celebrado a principios de octubre en Sevilla, asiste su colega Gloria Muñoz, jueza de Familia en el Juzgado de Primera Instancia 6 de Málaga, que es repetidora y ya ha participado antes en otras acciones formativas ofertadas por la consejería con el CGPJ. “Es una materia en la que las leyes cambian tan rápido que no te da tiempo ni a leértelas a fondo y estos cursos te dan pistas de los aspectos más importantes, es una forma rápida, en dos días, de ponerte al día de lo más importante”, admite.
Visitas ‘in situ’
Una de los aspectos más valorados de estos cursos es que, además de las ponencias, en algunos casos incluyen visitas para conocer ‘in situ’ servicios y programas relacionados con la temática. Así, en el curso sobre inmigración, los asistentes pudieron conocer el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, el sistema de control del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Crinavis en San Roque, además de navegar por la Bahía de Algeciras en embarcaciones de los agentes encargados del servicio de vigilancia y control de fronteras.
Igualmente, dentro del plan de formación, y ante el peso cada vez mayor del Derecho medioambiental y la sensibilidad al respecto de este Gobierno, la Consejería de Justicia junto con la de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, organizan varios cursos vinculados a esta temática que incluyen visitas a espacios naturales y protegidos que constituyen un ejemplo de buenas prácticas en el equilibrio necesario entre el desarrollo urbanístico y la preservación del entorno.
Curso para jueces en materia de inmigración.
Colaboración con Medio Ambiente
En 2022, son tres los cursos organizados en colaboración con Medio Ambiente: ‘Red natura. Ordenación del territorio y urbanismo’, celebrado en junio en Sierra Nevada (Granada); ‘Infraestructuras y Medioambiente’, organizado en septiembre en el Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz); y ‘Especies amenazadas. Actividad cinegética’, que se celebrará los días 20 y 21 de octubre entre Doñana y Sevilla capital. A estas actividades pueden inscribirse no solo jueces que trabajan en tribunales andaluces, sino de toda España, y los ponentes son tanto profesionales del Derecho como científicos especializados y miembros de colectivos ecologistas.
Jurisdicciones como la Contencioso-administrativa, la de Menores y Extranjería o las normativas laborales son especialmente cambiantes mientras que “el Derecho Penal es, por definición, de los más rígidos”. Sin embargo, las nuevas tecnologías están haciendo aflorar nuevas tipologías delictivas vinculadas a la protección de datos, la suplantación de identidad, el derecho a la intimidad o las implicaciones de la inteligencia artificial. “Todo eso es novísimo y hay conductas nuevas que no sabes cómo calificar porque el Derecho no lo regula aún ya que socialmente no está claro si se castigan o toleran”, explica Roberto López.
Y es que, explica, “cuando se dice que los juristas son conservadores no es en el sentido político sino que el trabajo del juez es conservar lo que la sociedad ha construido y cuando la sociedad cambia muy rápido, el Derecho va por detrás porque éste no crea la vida, solamente la regula”.
Es un hecho objetivo que en los últimos años los cambios normativos se producen más rápido, algo que López atribuye “no solo a la batalla política sino a los cambios sociales y también porque cada vez se aplica más el Derecho europeo, por ejemplo en el ámbito del consumo y consumidores somos todos”.
El plan de formación que ejecuta la Junta de Andalucía, en coordinación con el CGPJ, ayuda a los jueces y magistrados a estar al día para que quienes en definitiva tienen el deber de interpretar y aplicar esas normas en constante evolución no se vean atropellados por la locomotora del Derecho.
