Reflexiones en torno al #28S: aborto y migración

Cuando se habla de migración, generalmente hablamos desde de la utopía de libertad; la libertad de transitar, de cambiar de espacios, de construir nuevas realidades, de saberse experta en su propia vida y poder tomar las mejores decisiones para sí misma. Sin embargo, sabemos que el proceso de alcanzar esta utopía se ve entorpecido por intereses políticos, ideológicos y sistémicos que colocan en segundo término el acceso a derechos de las mujeres y personas gestantes, en sociedades androcentristas. Sabemos, también, que las mujeres, niñas y personas gestantes se encuentran en mayor vulnerabilidad física y social, por estos intereses antes mencionados, además de delegarles la responsabilidad moral del cuidado de los otros y de sí mismas con respecto a los otros. Esto se ve claramente cuando de salud sexual y reproductiva se habla, pues la información, anticonceptivos y servicios están dirigidos principalmente a las mujeres y personas gestantes, pero ¿en verdad se deja que tomen esta utopía de libertad? ¿En verdad la sociedad y las instituciones dejan que tomen decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos? ¿Tienen todas las mujeres, niñas y personas gestantes, acceso suficiente a la información para ser dueñas de sus cuerpos y/o sus cuidados? ¿O estos discursos y legislaciones sobre acceso a derechos son tan poco accesibles para todas que más bien funcionan como una cubierta a los abusos sociales?

En un contexto de migración en tránsito, las mujeres, niñas y personas gestantes están expuestas a diferentes tipos de violencias; entre ellas la violencia sexual, que incluye violaciones, abusos sexuales, hostigamiento sexual, trata de personas, entre otras, lo que pone en riesgo su salud física, emocional y social. Según el informe de Ipas en México del 2020¹, entre el 40% y el 60% de las mujeres migrantes en tránsito han vivido alguna de estas situaciones, para lo que es necesario un plan de acción que incluya servicios de respuesta, pero también servicios de mitigación de riesgos.

Para las mujeres, niñas y personas gestantes migrantes que ya se encuentran estableciéndose e integrándose en México, la exposición a ciertas violencias puede verse disminuida, sin embargo, la dificultad para acceder a trabajos estables, los abusos de poder, la incertidumbre económica, social y la falta de redes de apoyo en el país, tiene también un gran impacto en la salud emocional, física y social.

Cualquiera de estos contextos en la vida de las mujeres, niñas y personas gestantes puede ser atravesada por un embarazo, que puede o no, estar dentro de sus posibilidades o planes de vida y que el acceso a servicios ginecológicos y/o de aborto, pueden ser determinantes para salvaguardar su vida, integridad y autonomía.

El derecho a acceder a servicios de aborto, es también un derecho humano universal, pues está vinculado al acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, la legalidad que tiene el aborto en el mundo, aún contempla a 24 países² que lo penalizan considerándolo un delito bajo cualquier circunstancia, entre ellos algunos países de Centroamérica como Nicaragua, Salvador y República Dominicana³. En algunos otros países es permitido bajo algunas causales como violación o peligro de vida para la persona gestante. Algunas mujeres que lo requieren y tienen los recursos y herramientas necesarias, tienen la oportunidad de movilizarse para ejercer su derecho a decidir, pero hay un gran porcentaje que no podemos olvidar, que deben someterse a procedimientos inseguros o con poca información por la falta de respaldo del estado en estos temas.

En México existen legislaciones que protegen la autonomía y decisión de las mujeres; como la NOM-046 que permite a cualquier mujer, niña o persona gestante acceder a un procedimiento de aborto por violación; en nueve estados el acceso al aborto es una realidad más tangente y la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional penalizar el aborto a nivel nacional. Esto puede beneficiar también a las mujeres y personas gestantes migrantes que se encuentren en México, puesto que pueden acceder a los servicios públicos médicos y/o ser acompañadas por las diferentes colectivas de mujeres en el país que brindan acompañamiento en estos casos.

Desde Sin Fronteras, acompañar a las personas en procesos de integración y planes de vida, implica también acercarles a tener la información y herramientas necesarias para llevarlos a cabo, apoyándoles en la búsqueda de su bienestar de forma integral. Este ejercicio se lleva a cabo gracias al trabajo con instituciones gubernamentales y privadas expertas y a la incidencia en la integración de las mujeres, niñas y personas gestantes en los programas de salud y sociales, además de un acompañamiento respetuoso, cálido y con miras a la autonomía de las personas, por parte de nuestro equipo de atención.

El camino a garantizar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos aún es largo, pero nos unimos la lucha, no solo legislativa si no también social, por la autonomía de las mujeres, niñas y personas gestantes hasta que el aborto sea legal, seguro y gratuito para todas.

* Montserrat Capilla es Psicóloga de Sin Fronteras IAP (@Sinfronteras_1).