La cifra es brutal: 1733 personas defensoras de la tierra y medio ambiente fueron asesinadas en los últimos diez años en todo el mundo. El nivel de esta violencia se dimensiona aún más con este dato: cada dos días, en promedio, se consumó un ataque letal en contra de una persona que decidió defender los bosques, las selvas, el agua, la fauna, la tierra, la vida. El 68 % de esos homicidios han ocurrido en países de Latinoamérica y el 39 % de ellos han sido en contra de pobladores indígenas.
Estos son algunos de los datos que se incluyen en “Una década de resistencia. Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo”, el más reciente informe de Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 documenta las violencias que sufren los defensores ambientales.
El informe presenta también los datos del 2021. En ese año, la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente tampoco se detuvo: al menos 200 hombres y mujeres fueron asesinados por defender aquello que da vida al planeta. En promedio, se registraron cuatro homicidios por semana. Y el 40 % de todos los ataques fatales fueron dirigidos en contra de personas indígenas, a pesar de que sólo representan el 5 % de la población mundial. Esta situación es más evidente en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas.
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El mayor número de ataques en América Latina
Como ha sucedido en otros años, en el 2021, América Latina se ubicó como la región más peligrosa para las personas defensoras de tierra y medio ambiente. México, Colombia y Brasil concentraron los números más altos a nivel mundial. Las cifras de los tres países representan más de la mitad de los ataques registrados ese año.
Además, 1 de cada 10 de las personas defensoras asesinadas en 2021 eran mujeres.
“Nuestros datos sobre asesinatos representan la punta del iceberg”, comenta Marina Comandulli, oficial de campaña de Global Witness. En el informe, incluso, se destaca que hay muchos ataques en contra de personas defensoras o comunidades que no se notifican, porque no cuentan con las condiciones necesarias para realizar las denuncias. Y un ejemplo de ello es lo que sucede en África, en donde solo se documentaron 10 asesinatos, ocho de ellos en el Parque Nacional de Virunga, en la República Democrática del Congo.
“Estos ataques letales —se destaca en el informe— ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas en contra de los defensores que están siendo atacados por el gobierno, las empresas y otros actores no estatales que ejercen violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización”.
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México, el país más violento para defensores en 2021
Desde 2019, México registra un aumento significativo en la violencia contra los defensores ambientales. Si en 2020, el país registró 30 homicidios, para el 2021 la cifra se elevó a 54. Ese número ubica a la nación como la más peligrosa cuando se trata de defender la tierra y el medio ambiente.
De los 54 defensores asesinados en México, 40 % eran personas indígenas. Además, al menos 19 de los defensores también fueron víctimas de desaparición.
En abril de 2021, por ejemplo, al líder indígena nahua José Santos Isaac Chávez lo desaparecieron. Lo encontraron muerto en su coche, que había sido conducido a un precipicio. Su cuerpo tenía marcas de tortura.
Santos era uno de los opositores más visibles a las operaciones de la mina Peña Colorada que es manejada por las empresas ArcelorMittal y Ternium en la región de la Sierra de Manantlán, en los límites entre el estado de Colima y Jalisco, en México.
La operaciones mineras han impulsado la deforestación, la pérdida de vida silvestre y contaminación de los cuerpos de agua en esa región en donde también se encuentra la Reserva de la Biosfera de Manantlán; una zona en donde miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación controlan el territorio y también han extendido sus actividades ilícitas a la minería.
En esa región de Manantlán, se cuentan por decenas a los defensores que han sido amenazados, desaparecidos o asesinados. Entre ellos, además de Santos, también está Rogelio Rosales, hijo de uno de los activistas opositores a las mineras ilegales y que fue asesinado en octubre de 2020.
En 2021, México fue uno de los países —al igual que India y Nicaragua— en donde se registraron ataques letales en masa de personas defensoras. Uno de esos casos fue el que se registró en julio de ese año, cuando diez personas —ocho de ellas indígenas Yaquis— desaparecieron en el estado de Sonora, al norte de México.
“En los últimos diez años, el país se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, se destaca en el informe. El país ha registrado un total de 154 casos entre 2012 y 2021; de ellos 131 ocurrieron entre 2017 y 2021.
Colombia, peligroso para defensores
En abril de 2021, Sandra Liliana Peña fue asesinada. Era gobernadora de una comunidad Nasa, ubicada en el departamento del Cauca, Colombia. Cuatro hombres armados la obligaron a salir de su casa y la mataron a tiros. Ella se opuso abiertamente al crecimiento de cultivos ilegales en su región y por eso había sido amenazada en varias ocasiones.
Peña es una de las 33 personas defensoras de tierra y medio ambiente que fueron asesinadas en Colombia en 2021, una cifra que es mucho menor a los 65 casos registrados un año antes. La disminución en los números no significa que el país cante victoria, sobre todo porque a nivel mundial se ubica como el segundo con más violencia contra los defensores de tierra y medio ambiente a nivel mundial. Y como resalta Marina Comandulli, de Global Witness: no se trata sólo de números, “se está hablando de vidas humanas”.
Óscar Sampayo, por ejemplo, es uno de los defensores de Barrancabermeja, en la región del Magdalena Medio de Colombia, que ha visto morir a tres de sus amigos y líderes ecologistas que se han opuesto a la extracción de petróleo y que denunciaron la contaminación causada en la región por las grandes petroleras. Dos de ellos fueron asesinados en febrero y uno a finales de julio de 2021.
Colombia padece lo mismo que otras naciones en donde es alta la violencia en contra de los defensores ambientales: la impunidad prevalece alrededor de estos crímenes. Marina Comandulli destaca que en ese país más del 90 % de los casos no han tenido un seguimiento “y son poquísimos los que han llegado a juzgados”.
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Violencia creciente en la Amazonía brasileña
Los datos de Global Witness permiten conocer que siete de los diez países con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de tierra y medio ambiente entre 2012 y 2021 son latinoamericanos. Brasil, con 342 casos, es el país con más asesinatos en los últimos diez años. También destacan Colombia (322), México (154), Honduras (117), Guatemala (80), Nicaragua (57) y Perú (51).
En el caso de Brasil, la Amazonía de ese país concentró el 85 % de todos los asesinatos de defensores reportados en la última década. “La Amazonía —se lee en el informe— se ha convertido en un escenario de creciente violencia e impunidad… es el escenario de una batalla por la tierra y los recursos que se ha intensificado tras la elección del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro en 2018”. El documento destaca que además de alentar la tala y la minería, el gobierno recortó los presupuestos para las agencias dedicadas a la protección forestal y a la atención de comunidades indígenas.
En 2021, Brasil se colocó como el tercer país con más ataques letales en contra de personas defensoras de tierra y medio ambiente, con 26 personas asesinadas, seis casos más que los registrados un año antes. En esa lamentable lista está el nombre de Isaac Tembé, líder del pueblo Tenetehara, quien fue asesinado, según indica el reporte, por miembros de la policía militar de Brasil.
En el informe de Global Witness se menciona que, de acuerdo con los integrantes del pueblo Tembé-Theneteraha, la policía militar de Brasil actúa como una milicia privada, defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos que están ocupando ilegalmente áreas de que pertenecen a los territorios indígenas, la mayoría de ellos ubicados en la Amazonía.
En 2021, el 78 % de los ataques letales que se registraron en Brasil, Perú y Venezuela ocurrieron en la cuenca amazónica.
Control y uso de territorio
No en todos los casos documentados se logró identificar a un sector vinculado con la violencia en las zonas en donde realizan su labor los defensores. En las cifras del 2021, eso se consiguió solo en una cuarta parte de los 200 casos. Esos datos muestran que la actividad minera está vinculada en, por lo menos, 25 casos de ataques letales en contra de personas defensoras de tierra y ambiente; 15 de ellos se registraron en México, seis en Filipinas, cuatro en Venezuela, uno en Nicaragua y uno en Ecuador.
Las otras actividades presentes son la agroindustria, el sector maderero y las represas hidroeléctricas, señala Marina Comandulli.
En la mayoría de los casos en los que no se pudo identificar a un sector vinculado con la violencia, se descubrió que los conflictos por la tierra son un factor clave de los ataques contra los defensores.
El informe destaca que el control y uso del territorio es un tema central en los países en donde las personas defensoras están amenazadas: “Gran parte de los crecientes asesinatos, violencia y represión están relacionados con los conflictos territoriales y la búsqueda del crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales de la tierra”.
Además, “las disputas por la tierra son una fuerza impulsora detrás de muchos asesinatos”, una violencia que afecta, sobre todo, a los pequeños agricultores y los pueblos indígenas.
Ángel Miro Cartagena, por ejemplo, era un pequeño agricultor en Antioquia, Colombia, que fue desaparecido en junio de 2021 y encontrado muerto en un río. Él participaba en un programa de desarrollo dirigido a producir café de alta calidad. Sin embargo, en el territorio hay grupos que están intentando tomar el control de la tierra en la zona.
Miro Cartagena es uno de los 50 pequeños agricultores, defensores de tierra y medio ambiente, que fueron asesinados en 2021.
El informe también resalta que entre las causas estructurales que están detrás de la violencia contra los defensores ambientales se encuentra la desigualdad en la distribución de la tierra. Como ejemplo menciona el caso de Colombia, país en donde el 81 % de la tierra está concentrada en latifundios.
También se destacan a la corrupción y la impunidad empresarial como factores que alientan la violencia contra los defensores: “Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre el daño humano y ambiental. Este poder corporativo irresponsable, respaldado por políticas gubernamentales, es una fuerza subyacente importante que no solo ha llevado al límite la crisis climática y de biodiversidad, sino que ha seguido perpetuando el asesinato de personas defensoras”.
Un llamado urgente para proteger a los defensores
En el informe, Mike Davis, director ejecutivo de Global Witness, resalta que “las y los activistas, así como las comunidades, juegan un papel crucial en la primera línea de defensa contra el colapso ecológico, además de ser líderes en la campaña para prevenirlo”, por lo que uno de los esfuerzos globales debe ser proteger a las personas defensoras.
En su informe Global Witness hace un llamado a los gobiernos para crear un entorno seguro para las personas defensoras de tierra y medio ambiente, no criminalizando su labor, respetando los derechos de los pueblos indígenas y promoviendo la responsabilidad legal de las empresas.
En el caso de América Latina y el Caribe, en el informe se recuerda que el 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú. El primer instrumento jurídicamente vinculante que contempla el prevenir e investigar los ataques en contra de los defensores ambientales.
Países que son peligrosos para los defensores, como Brasil y Colombia, no han ratificado el Acuerdo de Escazú. México que ya lo ratificó, se destaca en el informe, no lo ha implementado de manera efectiva: “Hay poca capacidad estatal y presupuesto para apoyar a los defensores, reduciendo la probabilidad de que las personas y comunidades tengan acceso a la justicia y reparación”.
También se hace un llamado a las empresas para que prevengan, mitiguen y remedien cualquier daño en sus operaciones. “Las políticas de las empresas deben incluir explícitamente protocolos para salvaguardar los derechos de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”.
Marina Comandulli, de Global Witness, señala que “las empresas deberían estar priorizando la vida humana por encima del lucro y los Estados deben garantizar que los defensores tengan un ambiente seguro para su labor”.
El informe subraya que se necesita una acción urgente a nivel regional, nacional e internacional para poner fin a la violencia y la injusticia que enfrentan.
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