Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
El cuestionamiento es sobre una
permanencia militar sin propuestas,
planes, acciones ni ánimos de
relevarla en estas tareas.
El artículo quinto transitorio del decreto que publicó la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional (Diario Oficial 26/03/2019), establece: “ Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Por su parte el párrafo 10 del artículo 21 constitucional, precisa que: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.”
Este es el marco jurídico vigente, en el que se encuadra la figura de la Guardia Nacional, que se pretende modificar para adecuarlo a modo de la 4T. La parálisis sufrida, en materia de seguridad, durante estos cuatro años de gobierno, hizo que la idea de organizar, preparar, capacitar y profesionalizar una policia civil quedara sólo en una buena intención, al igual que se dejó pendiente el desarrollo de la “estructura, capacidades e implantación territorial” propias de la Guardia Nacional, como lo ordenaba el mencionado quinto transitorio.
La realidad nos muestra que la negligencia, decidia, falta de interés o, algo peor, hizo que en este campo no hubiera avances y que el tiempo se viniera encima. Como solución, ahora se plantea, como indispensable, prorrogar la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad, y la operación de la Guardia Nacional en los términos y circunstancias en que fue creada, bajo mando militar e integrada mayoritariamente por personal castrense. Está claro que el tema de la seguridad pública no ha sido el más exitoso de esta administración y que la delincuencia organizada y la no tan organizada, se ha despachado con la cuchara grande en perjuicio de la ciudadanía, ante la impotencia oficial para enfrentarla y combatirla.
Por eso, hablar de sacar a la Guardia Nacional de las calles y regresar a los militares, el 80 por ciento de sus integrantes, a los cuarteles, en las condiciones en que se encuentra el país entero, o casi, causa polémica y preocupa, porque, como se menciona, no hay policía civil capacitada que la pueda sustituir, lo que genera temor en la población de quedar desprotegida. El problema es complejo, pues al tema de inseguridad, por los tiempos anticipados de la sucesión, se adereza una politización inevitable que complica, aún más, encontrar soluciones, al hacer planteamientos alarmistas, de uno y otro bando, que confunden y distorsionan el problema.
La realidad es que las FFAA llevan 27 años realizando labores de seguridad pública en nuestro país, a decir de la senadora Olga Sánchez Cordero. Según menciona la legisladora, fue el presidente Ernesto Zedillo quien solicitó su apoyo en funciones de seguridad pública y, a partir de entonces, los mandatarios sucesores las mantuvieron en funciones de seguridad, de facto, hasta ahora que se les dio un fundamento jurídico, aunque temporal.
Tras casi tres décadas en que las FFAA han participado, cada vez más en funciones de seguridad pública, los resultados en el combate a la inseguridad no son satisfactorios. Esto nos lleva a pensar que el problema no se soluciona con la presencia militar en las calles durante más tiempo, sino que se requiere formar una corporación civil capacitada y profesional, lo que no se ha hecho. La creación de la Guardia Nacional creó grandes expectativas, pero en los casi cuatro años que lleva operando, no hay cambios y, en contra, la inseguridad aumentó. Algo no funciona.
Discutir únicamente sobre su permanencia por unos años más, hasta 2028, bajo la dependencia de mandos militares, no va a dar otros resultados que los alcanzados hasta ahora. O sea, nada que convenza de su operación. Se requiere hacer un planteamiento más robusto, que considere el fortalecimiento de las policías municipales, locales y federales, su capacitación y profesionalización, con recursos suficientes. Además, habría que civilizar a la Guardia Nacional, desprenderla del ejército y especializarla en labores de seguridad pública, con personal propio. No se entiende la disyuntiva que plantea que, únicamente, a través de las FFAA, se pueda lograr la seguridad pública que demanda el país.
En el fondo, hay consenso sobre la inseguridad que persiste a lo largo y ancho de nuestro territorio. También en la necesidad del apoyo de las FFAA en estas tareas. Nadie está pidiendo su retiro total a los cuarteles, como se argumenta por ahí. Su presencia resulta necesaria, por el momento.
El cuestionamiento es sobre una permanencia militar sin propuestas, planes, acciones ni ánimos de relevarla en estas tareas. La iniciativa de modificar el artículo quinto transitorio, refiriéndose sólo al número de años de dependencia de la Guardia Nacional de las FFAA, sin moverle ni una coma, resulta poco serio y sospechosista. Como también lo es someter tema tan delicado, complejo y especializado a un “ejercicio participativo”, no vinculatorio, para conocer la opinión popular. Un verdadero despropósito.
No habría que minimizar los efectos colaterales que este debate legislativo ha causado entre las fuerzas políticas de oposición y su alianza. Su coincidencia en estos tiempos de sucesión adelantada, es de llamar la atención.
