El viernes 23 de septiembre, se realizó el primer encuentro sobre las novedades de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas: RITE, casos e impacto del primer acuerdo. El evento tuvo lugar en el salón Manuel Belgrano del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y fue transmitido de manera online.
La actividad fue organizada por la Oficina Anticorrupción (OA) junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio Público Fiscal, IAE Business School y Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
La actividad tuvo como objetivo compartir las novedades con funcionarios y funcionarias del sector público y actores del sector privado para sensibilizar sobre la ley en su faz preventiva y como herramienta de investigación y sanción de la corrupción y la criminalidad económica.
En el inicio del evento, Raúl Saccani, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explicó que la jornada pretende impulsar un diálogo que retoma los intereses de especialistas en compliance sobre “qué interpretación va a tener la Ley respecto a temas abiertos y que comprende al compliance”. En cuanto a la estructura de un programa de integridad, Saccani contó que es “es una gran novedad y está conectado con el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), sumado a los puntos de vista del Poder Judicial y el mundo académico”.
La apertura de la jornada fue encabezada por Laura Roteta y Diego Velasco, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Velazco hizo hincapié en que “la novedad en este tipo de legislación es poner a la empresa en un lugar distinto al que antes tenía”, “coloca a las entidades y a los oficiales de compliance, que tienen una función específica que marca la ley, en un lugar de filtro, y las empresas forman parte del cambio en materia anticorrupción”.
Por su parte, Laura Roteta dijo: “si hoy estamos acá es porque hubo un trabajo mancomunado para que sea posible”, en este sentido agradeció a la OA y comentó que se trata de “un tema nuevo para nosotros como aplicadores de la Ley”. “Tenemos que potenciar nuestros esfuerzos para la aplicación de estas herramientas de manera seria”, resaltó Roteta al tiempo que agregó: “hoy nos sumamos al escenario de discusión los aplicadores de la ley, el sector privado, para darle vida a esta ley”.
En el primer panel abordaron a la Ley 27.401 como un nuevo paradigma para la investigación y sanción de la corrupción y la criminalidad económica: teoría y estrategia del caso. La moderación estuvo a cargo de Ángel Bruno, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción quien en sus palabras iniciales contó que esta normativa tiene cuatro años de vigencia lo que le parece “un tiempo suficiente para ver sus beneficios y debilidades”. Destacó también que hay que entender que “la corrupción no es aislada, es un problema mundial que cada vez más ha sido objeto de toma de conciencia de la sociedad” y que “no es patrimonio de un gobierno político en particular” por ello “estos esfuerzos de colaboración son imprescindibles para la lucha contra la corrupción”. Angel Bruno destacó que “la OA ha cambiado el paradigma porque la Oficina está para diseñar políticas de prevención. En este punto la ley es un instrumento valioso porque pide a las empresas que tengan un programa de integridad, oficiales de transparencia; enmarcados allí propicia la articulación de políticas públicas de prevención”.
Alice Berggrun, analista de la División de Integridad del Sector Público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) participó de manera virtual en este panel donde explicó que “la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene cambios esenciales a nivel de la doctrina penal. Desde la OCDE vemos que uno de los cambios importantes en la doctrina, es el sujeto, el sector privado y los incentivos para que tengan oficiales de cumplimiento”. La analista de la OCDE dijo que uno de los desafíos es “cómo traducir esto en programas de cumplimiento efectivo” porque “dentro de las empresas por lo general el programa tiene que ver con el área legal, pero para que se vean reflejados en otras áreas, tiene que haber conexión con las personas que están dentro de esos riesgos detectados”. “Los retos para América Latina es cómo traducir la política preventiva y que las empresas las hagan efectivas y los programas no queden en un papel”.
Seguidamente, Sergio Rodríguez, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas contó que la “Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) es el organismo del Ministerio Público Fiscal federal especializado en investigaciones de hechos de corrupción en la administración pública nacional o cuando están en juego recursos del Estado”. Sobre ello, Rodríguez expresó que “investigar corrupción es difícil, es difícil investigar al poder político o al verdadero poder que es el poder económico”. Rodriguez declaró también que es “importante el aspecto preventivo, la verdadera lucha contra la corrupción viene desde la prevención”.
A su turno, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción explicó que “la Ley tiene dos patas una punitiva y otra preventiva” y dijo que en este marco hay que comprender “a la corrupción como un fenómeno complejo, multicausal, donde hay un poder económico que mueve muchas de esas circunstancias y no podemos desentendernos”. En este sentido, el funcionario de la OA explicó que en un análisis futuro “dentro de algunos años, los delitos enunciados quedarán cortos, estaremos pensando en la integridad sostenible, en temas de derechos humanos y de ambiente”. “En este camino estamos dando la discusión”, expresó Villanueva y agregó sobre la ley que “va a depender de cómo asimilemos la corrupción, tenemos asentado en la sociedad que la corrupción pasa sólo desde el sector público y por ello es necesario deconstruir este concepto”.
El segundo panel trató sobre programas de integridad y los criterios para su evaluación. La moderación la realizó Natalia Torres, directora nacional de Ética Pública de la OA quien contó que “un programa de integridad es el nudo de la normativa”. En este marco, Torres dijo que “el sector público empezó a contemplar los programa de integridad en las unidades de compra” y destacó que “había y área de vacancia desde el que surgió el RITE, creemos que es un instrumento clave para analizar programas de integridad en función de criterios claros”. Sobre estos criterios que son base de los formularios ya disponibles en la [web]https://www.rite.gob.ar/) del Registro, la funcionaria de la OA detalló que son “uniformes, brindan la posibilidad de comparación entre las empresas; son transparentes, el RITE es también una herramienta de transparencia activa; se adaptan a las diversidades de la empresa en función de su tamaño; y los criterios tienen legitimidad por su proceso de coconstrucción con empresas, academia y sector público”.
En este panel, Fernando Basch, representante de la Red Marítima Anticorrupción en Argentina contó que la Red está compuesta por más de 200 empresas de la industria marítima y que fue impulsada en “2011 en reacción a la entrada en vigencia de la ley de soborno internacional en Estados Unidos”. En este contexto, hizo hincapié en que “la red piensa a los programas de integridad desde un estándar global a partir del trabajo de la OCDE” y remarcó que la “evaluación debe estar pensada sobre ante quién y para qué se desarrolla y por ello es importante las guías y recomendaciones que hay disponibles”. Por último, Basch explicó que en la Red “la evaluación, autoevaluación se realiza entregando a los miembros un formulario similar al RITE y en función de eso se les muestra cómo están posicionados en relación a otros miembros de la red y se los ayuda a ir mejorando”.
Seguidamente, Keyne Taniguchi, coordinador general de integridad privada en la Contraloría General de la Unión, participó de manera virtual desde Brasil, y contó sobre la actualización respecto a los parámetros de evaluación de programas de integridad dentro de su organización. En este sentido, explicó que “se desarrollan en tres grandes grupos de preguntas: uno tiene que ver con la cultura organizacional de integridad donde se atiende a cuestiones de formación, comunicación y gestión riesgos; el segundo tiene que ver con mecanismos y procedimientos de integridad, son las rutinas e instrumentos para prevenir y reparar, donde analizamos la prevención, denuncia, procedimiento de debida diligencia y monitoreo del programa; y el tercer grupo hace referencia a cómo reaccionó el programa de integridad y ahí se evalúa la prevención y la remediación de los actos, las políticas o acciones para prevenir los mismos actos”.
Más adelante, Gonzalo Fuentes Arballo, gerente de cumplimiento, integridad y transparencia de Trenes Argentinos Operaciones realizó una contextualización de los requisitos dentro del programa de integridad que estipula este sistema normativo en su escenario internacional, “la debida diligencia nace en los noventa, surge como innovación del mapeo de riesgos desde donde sale un estándar y cuando lo supera, surge la necesidad de la debida diligencia”. Se trata, dijo Fuentes Arballo, de un proceso en plena construcción donde hay que derribar sesgos internos y externos. En este sentido,explicó: “no todas las empresas tienen la misma capacidad, el proceso de acompañamiento a los proveedores es fundamental, y el RITE va más allá de un registro, porque es un adecuador a este sistema”.
Por su parte, Dorothea Garff, consultora voluntaria de Alliance for Integrity en base a su experiencia dijo que “llama la atención que las PyMEs son abiertas no tienen miedo de hablar de los problemas y buscar una solución, y el trabajo con empresas con programas de integridad robustos la experiencia es distinta. Analizamos si está plasmado acorde a los riesgos”. En este sentido, contó que “siempre hay alertas. Cuando señalamos algunos riesgos, el compliance se siente ofendido lo que evidencia la falta de respaldo de la alta dirección” por eso es importante “el diálogo abierto en la empresa”.
En el cierre del encuentro, Natalia Torres expresó: “cada empresa es un mundo, cada programa de integridad es diferente y el análisis es muy artesanal. El aprendizaje es a través de los esfuerzos de los compliance officer” y agregó que “las iniciativas que busca estandarizar el RITE pueden aportar la línea de mayor integridad”.
El análisis y debate continuará en una segunda jornada que se realizará el viernes 30 de septiembre de 15 a 17 hs, la inscripción puede realizarse aquí. En este encuentro se analizarán los acuerdos de colaboración establecidos en la Ley -en ocasión del primer caso tratado en la justicia- y el concepto de beneficio indebido.
