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Una nueva caravana migrante salió desde la ciudad fronteriza de Tapachula en Chiapas; como en ocasiones anteriores, ciudadanos centroamericanos buscan en México la oportunidad de transitar de forma libre y segura por el territorio en su arduo camino por buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos, no obstante, uno de los principales obstáculos que enfrentan es precisamente la regulación de su estadía temporal en el país azteca.
Cabe mencionar que la crisis migratoria no es un fenómeno actual, por el contrario, países como México y Estados Unidos por décadas han enfrentado los estragos que el desplazamiento de personas genera, de modo que el tema se ha consolidado como uno de los principales a tratar dentro de las agendas de la mayoría de las naciones del continente americano.
Bajo ese tenor, resulta pertinente conocer qué acciones está tomando México para controlar el flujo migratorio así como para garantizar la seguridad de las personas migrantes que diariamente transitan por el territorio y, para ello, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se adentró a investigar a profundidad la política migratoria que actualmente acata el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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A inicios del mes de julio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó a la ciudad de Washington D.C para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden en un cordial encuentro que tenía como misión llegar a acuerdos en temas de coyuntura que afectan o influyen en ambas naciones vecinas.
Entre los múltiples puntos a tratar, destacó por su importancia el tema migratorio y, al respecto, el mandatario tabasqueño pidió a Joe Biden incrementar la expedición de visas de trabajo para migrantes mexicanos y centroamericanos.
En aquel entonces el presidente estadounidense prometió 600 mil visas, el doble del récord del año pasado, sin embargo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que, detrás de esa presunta negociación en el tema migratorio, se escondía una historia de austeridad que ha diezmado la política migratoria de México.
Y es que, de acuerdo a la asociación civil, todo se remonta al año 2018 cuando en campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió ofrecer trabajos a migrantes centroamericanos y anunció que el objetivo de su gobierno sería el de lograr que la migración sea optativa, no obligatoria.
No obstante, desde que comenzó su sexenio el número de migrantes mexicanos que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos ha crecido en un 370%, señaló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Del mismo modo y dejando de lado el impresionante ascenso del número de migrantes mexicanos, el país que gobierna Andrés Manuel López Obrador también ha fungido como el principal corredor de migrantes centroamericanos al norte, lo que nos habla de un deficiente desempeño en materia de migración.
“El discurso humanitario del gobierno federal no ha venido acompañado del presupuesto necesario para hacer de las palabras una realidad”, citó la organización civil a Eunice Rendón. coordinadora de la organización Agenda Migrante.
De acuerdo con lo expuesto por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), desde 2019 el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha sido continuamente reducido pese a que las solicitudes de asilo en México han roto récords.
En ese mismo año se recibieron 70 mil 400 solicitudes mientras que en 2020 aumentaron a 120 mil y en 2021 alcanzaron las 130 mil. Todo parece indicar que la tendencia ascendente continuará este 2022.
Asimismo, la organización civil detalló que aproximadamente el 70% de las solicitudes cada año son presentadas en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas lo que también ha influido en que la COMAR actualmente se encuentre rebasada pues de enero a agosto de 2021 se resolvieron únicamente 23 mil de las 78 mil solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado.
A pesar de ello, en ese año la Secretaría de Gobernación (Segob) otorgó únicamente 44 millones de pesos a la institución, lejos de las necesidades calculadas en 200 millones de pesos, puntualizó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Por su parte, el titular de la COMAR, Andrés Ramírez, reconoció que la dependencia no tiene suficientes recursos y declaró que “se necesitan alternativas migratorias, como darles documentos a los migrantes par el libre tránsito y permisos de trabajo temporal, además de aumentar el presupuesto”.
Cabe mencionar que el incremento drástico de solicitudes de asilo se ha dado por una ola de migrantes haitianos que han llegado de Brasil y de Chile pero que no son considerados como refugiados porque buscan mejores prospectos económicos y no escapar de alguna persecución o violencia como ocurre en el caso de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Para aquellas personas que no migran por razones humanitarias queda otra institución: el Instituto Nacional de Migración (INM), no obstante, históricamente se ha visto plagada de escándalos de corrupción.
Dicha situación se ha dejado ver con datos de la misma dependencia, los cuales señalan que se han interpuesto un total de 68 denuncias penales por cargos de corrupción ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el comienzo de la actual administración.
Dicha cifra demuestra un incremento del 20% en comparación al del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, sin embargo lo que permanece igual son las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación mala alimentación y carencia de servicios médicos que presentan las estaciones migratorias.
Por ello, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que el manejo deficiente de los fondos destinados al INM, aunado a más recortes presupuestales, sólo agrava la situación de una dependencia que lleva diez años como una de las cinco instituciones más señalada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías individuales.
La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso que aunque la autodenominada Cuarta Transformación no ha destinado más y mejores recursos a la COMAR y al INM, si ha existido una respuesta por parte de la actual administración a la crisis migratoria.
Desde 2019, señalaron, se ha instruido a la Guardia Nacional para administrar 19 delegaciones estatales de INM, además de desplegar a más de 10 mil elementos de esta misma dependencia en los estados con más detenciones migratorias: Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Por ello, la organización civil aseguró que las corporaciones de seguridad pública no tienen la capacidad de implementar las medidas de protección a personas migrantes que establecen tanto las leyes de México como las convenciones internacionales de las que el país es parte.
Fue así como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) concluyó que el actual abandono de los campos migratorios, la reducción de presupuesto a instituciones clave para el bienestar de los migrantes y la militarización de la administración migratoria han dejado en el aire el destino de cientos de miles de personas que se ven obligadas a salir de sus países.
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