Diana Atamaint: Determinar si un candidato o un partido tiene fondos de dudosa procedencia le corresponde a otra autoridad | Política | Noticias

De cara a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de febrero del 2023, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, explica a EL UNIVERSO qué tipo de medidas está adoptando el organismo para atajar algunas prácticas de las agrupaciones políticas reñidas con la ética, como los cambios de candidatos elegidos en los procesos de democracia interna por otros con los que se negocian puestos, o la campaña proselitista anticipada. Aclara, además, hasta qué punto puede actuar en el control del financiamiento del crimen organizado a las campañas electorales o el uso de firmas falsificadas para el registro de organizaciones políticas.

Está desarrollándose la etapa de inscripción de candidaturas, que viene luego de un proceso de lo que se llama “democracia interna”. ¿Pero realmente es así? ¿Hay democracia interna? ¿Se ha cumplido?

Nosotros tenemos la responsabilidad de dar asistencia técnica y verificar que este proceso de democracia interna se desarrolle en la hora y fecha que las agrupaciones políticas hacen el pedido; levantamos un informe para que luego cada delegación provincial siga con el siguiente paso que es la inscripción de candidaturas. Se ha criticado que estas primarias son cuestiones ya decididas de los dirigentes y líderes de los partidos, que tal democracia interna no hay, etcétera, pero quiero destacar que nada es perfecto en un sistema democrático, que siempre está en construcción, que siempre se busca fomentar la participación democrática en igualdad de condiciones. Hay que tener presente que una contienda electoral también es una competencia en la que las organizaciones políticas tienen que escoger a los mejores cuadros, que ganen votos, y eso significa tener varias estrategias. Lo importante es que no se afecten los derechos de participación política de, por ejemplo, mujeres y jóvenes, y eso se ha avanzado con algunas reformas legales.

Hay casos de partidos que nominan en primarias a unas personas pero resulta que ha sido para “guardarles el puesto” a otras con las que siguen negociando. Y luego se amparan en el Código de la Democracia que permite sustituir candidatos cuando estos renuncian por alguna causa. ¿No cree que eso es un fraude?

Son casos aislados. Tenemos muchos precandidatos, no puedo decir ahora el número, pero en las elecciones pasadas fueron más de 80.000; hay esas circunstancias aisladas que pueden tener esa intención, que no es éticamente correcto, lo reconocemos, pero no podemos poner sobre la balanza y decir que es lo general. Hemos visto que sí se dan renuncias por diferentes circunstancias: les ha pasado a algunas mujeres que ganan las primarias y las obligan a renunciar; algunas hasta ganan la elección y las violentan tanto que las obligan a renunciar para que el suplente asuma.

Aunque sea algo “aislado” como usted dice ¿hay alguna forma de controlar y sancionar eso?

Hay estudios serios de ONU Mujeres que mostraron esto y con base en esos estudios promovimos reformas al Código de la Democracia, porque eso se identifica como violencia política de género y ahora tiene sanción, esto tiene que ser juzgado a través del Tribunal Contencioso Electoral. No es un tema que está suelto, estas reformas buscan cambiar estas malas prácticas que sí afectan a los procesos de democracia interna.

Para cumplir con la cuota de mujeres y jóvenes en las listas muchos partidos están escogiendo gente de fuera de sus filas. ¿Pero no se supone que los partidos deben procurar la formación de cuadros propios? ¿No se usa el fondo partidario permanente para eso?

Precisamente ese análisis, y con mi experiencia personal porque fui candidata y legisladora y jamás tuve la posibilidad de recibir un curso de orientación ni antes ni después de haber sido electa autoridad, fue que planteamos en las últimas reformas del 2020 que rindan cuentas del fondo partidario y que en su mayor proporción sea para capacitación, para la lucha contra la violencia de género, dando evidencias de que han realizado esas actividades…

¿Cómo se está realizando el control de la campaña anticipada de algunos precandidatos?

Se están registrando y cuantificando con las delegaciones provinciales todos los artículos promocionales que se puedan evidenciar en los ahora sí precandidatos; cuando la junta provincial los califica y las candidaturas quedan en firme podemos considerar que todo lo que se registró fue precampaña y le descontamos del límite del gasto electoral que tiene. Si esta contabilización supera el límite del gasto nos corresponde denunciar al Contencioso Electoral y ese organismo es el que establece las sanciones.

¿Se consideran también los mítines?

Sí, todo lo que se puede ver, pero también debemos ser objetivos al registrar estos casos porque, por ejemplo, hay mítines para las primarias, y en esa competencia interna todos los precandidatos hacen su campaña. A esas actividades no se las puede considerar como campaña anticipada. Hay que tener cuidado con eso.

¿Hay un vacío legal respecto a ese tema entonces? Porque no hay un artículo que defina qué es la campaña anticipada o cuánto tiempo antes del inicio formal se considera como tal.

Es que no se puede decir si algo fue campaña anticipada o no hasta que no exista la calificación del candidato, porque puede ser que haga fiestas, mítines, que empapele toda la ciudad o vallas y a la final no participa. Entonces nunca fue candidato, no fue campaña anticipada.

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, ha dicho que sí existe un vacío legal sobre este tema.

Un ejemplo: en el caso de las autoridades electas que van a la reelección, están en permanente difusión de sus actividades. Hay que ver si eso es campaña anticipada o no cuando luego ellos ya se califican como candidatos. Pero aquí hay la prohibición de difusión de propaganda de obras sin autorización del CNE. O sea lo que le digo es que sí hay herramientas para evitar que haya desventajas entre candidatos.

También se ha denunciado que hay “partidos de alquiler”. O sea agrupaciones políticas fundadas o creadas por ciertos actores políticos en las que luego aparecen otros como directivos o candidatos que nunca han tenido relación de ningún tipo.

Cuando hablamos de alquiler significa que se está pagando, ¿cierto? Que hay dinero de por medio. A mí no me consta eso. Lo que puedo decir es que todos los partidos tienen la posibilidad de renovar sus directivas; por ejemplo, en Pachakutik, que conozco de cerca, vemos que tiene su coordinador que cambia cada tres años. Y eso no quiere decir que estén alquilando al movimiento.

Para esta campaña hay quienes advierten del peligro de la penetración de dineros del crimen organizado para el financiamiento político. ¿De qué forma el CNE prevé controlar esto?

En esto quiero ser enfática en lo que nos corresponde a nosotros como autoridad electoral. Si hablamos de que un candidato o un partido tienen fondos de dudosa procedencia o no justifica la licitud de sus fondos, determinar eso le corresponde a otra autoridad, a otra función del Estado. Eso es un delito penal que tiene que ser investigado por la Fiscalía, la UAFE (Unidad de Análisis Financiero Económico). Incluso si alguien presentara una denuncia con pruebas de que eso está sucediendo no somos la entidad competente para juzgar ese tipo de delitos. Las infracciones electorales las juzga el TCE. Si tuviéramos algún indicio o sospecha o prueba, nos corresponde poner la denuncia en la Fiscalía. Lo que nos compete a nosotros dentro de la ley es pedir cuentas y que los partidos declaren de forma pública y documentada los montos y los aportantes de campaña, nuestra responsabilidad llega hasta ahí.

¿El CNE puede cotejar los montos reportados con los ingresos de los aportantes?

Esa no es nuestra labor. Por ejemplo, no tenemos la potestad para levantar el sigilo bancario. Pero si tenemos alguna denuncia, alguna alerta, podríamos mirar lo que todo el mundo puede: las declaraciones del impuesto a la renta, sus ingresos… Hasta ahí podemos llegar, sí lo hemos hecho alguna vez por pedido de la Asamblea, pero no es nuestra competencia.

Usted dice que el CNE no puede hacer este tipo de juzgamiento, pero la ley dice que si se descubre que hay financiamiento ilícito, la autoridad electa puede perder la dignidad. ¿Quiere decir que para poder aplicar esa sanción deben esperar a que exista una sentencia penal en firme?

Definitivamente, tenemos que acatar la sentencia de un juez competente, ya sea de la justicia ordinaria o del Contencioso Electoral.

Si el Gobierno convoca a una consulta popular que coincida con los comicios del 2023, habrá que hacer ajustes en el presupuesto. ¿De cuánto sería?

No le puedo dar una cifra. Depende del número de preguntas, de los anexos, porque a veces las preguntas son cortas, pero los anexos son sábanas… Aparte hay que considerar que hay que difundir la consulta, debe haber un fondo de promoción para el Sí y para el No… Estamos haciendo cálculos para realizar el requerimiento al Ministerio de Finanzas. Obviamente será mucho menor a lo que costaría una consulta popular sola.

Algunos sectores políticos, e incluso la consejera Elena Nájera, están cuestionando la integración de las juntas provinciales electorales. ¿Cómo fue el proceso de selección?

Ha sido un proceso participativo en el que se pidieron opiniones a todas las consejerías. El primer criterio que hemos considerado es la participación de los que ya estuvieron en procesos electorales anteriores luego de una evaluación rápida, pero en la mayoría de los casos se han buscado perfiles que demuestren liderazgo, que sean limpios y transparentes en su trayectoria profesional e incluso política, porque no podemos negar que algunos han estado en algún momento en la política pero son de reconocido prestigio. Y en esta conversación los consejeros llegamos a un acuerdo; tal es así que la señora Nájera que critica votó a favor.

Una queja persistente es la de ciudadanos que aparecen afiliados a organizaciones políticas sin haber firmado nunca nada y esto les perjudica a la hora de hacer trámites, buscar empleo e incluso postularse a dignidades como el Consejo de Participación. La denuncia de las afiliaciones con firmas falsas se dio en la administración de Domingo Paredes hace más de doce años, ¿qué se ha hecho al respecto?

Primero, en el transcurso de estos años el CNE pidió la reinscripción de los partidos políticos para de alguna manera subsanar los problemas. Pese a esos esfuerzos, los problemas persisten. Pero aquí hay una corresponsabilidad de todos. La responsabilidad de presentar las firmas y tener sus bases de datos actualizadas en sede es de los partidos políticos, tienen la obligación de actualizar sus afiliaciones y desafiliaciones ante el CNE. Lo que le corresponde al CNE es la verificación de las firmas, de su autenticidad, y por eso es que, con recomendaciones de la Contraloría, se hace todo un proceso para pasar por el sistema las firmas, los números de cédula, y se vuelve a repetir, se hace un segundo barrido de los nuevos adherentes de esas agrupaciones políticas. El sistema con el que se trabaja se adquirió hace muchos años y lamentablemente no tenemos los códigos fuentes para mejorarlo y ajustarlo. Esto es un problema de recursos, no de voluntad política.

Si el problema es responsabilidad de todos, ¿el CNE ha denunciado a la Fiscalía a los partidos que han presentado firmas falsas?

Nosotros no somos la autoridad competente para determinar si una firma es falsa o no porque eso vuelve a ser un delito de carácter penal. Lo que hacemos es invalidar las firmas cuando no coinciden con la que está registrada en el padrón electoral, se las rechaza. ¿A quién le corresponde denunciar? A las organizaciones políticas, porque son estas las que reciben estas firmas falsas. O no necesariamente son falsas. A mí me ha tocado repetir diez veces una firma para mandarla al Banco Central porque no se firme igual. O puede ser que alguien llenó los formularios de forma malintencionada. Investigar eso y denunciar no nos corresponde. Es un juez competente el que determina si son o no falsas.

La consejera Nájera denunció supuestas injerencias del consejero presidencial Aparicio Caicedo en la elaboración del reglamento de candidaturas del Consejo de Participación. El resto de integrantes del CNE lo desmintió. ¿Qué conflictos hay entre los consejeros?

Mi actuar ha sido siempre el mismo con todos los consejeros: respeto y cordialidad; respeto la diversidad de criterios, lo que no puedo aceptar es cualquier declaración que tenga la intención de desprestigiar el trabajo de la presidencia o de la institución. No puede emitir juicios de valor sobre los comportamientos de los consejeros, eso no está dentro de mis principios, yo actúo siempre apegada a la Ley y a la Constitución. Emitimos un pronunciamiento sobre esa denuncia, y si es el caso iremos donde nos llamen para demostrar documentadamente que esas afirmaciones son falsas.

Pero en el afán de buscar una “coordinación” entre funciones del Estado, ¿ha habido algún acercamiento del Ejecutivo, no necesariamente del señor Caicedo, o del Legislativo para incidir en las decisiones del CNE?

En absoluto, en lo personal, al señor Caicedo lo he visto en dos ocasiones en reuniones de carácter institucional. Las conversaciones con el Ejecutivo y el Legislativo siempre han sido transparentes, generalmente para dar información de algún tipo a asambleístas o ministros. No ha habido incidencia o presión política para actuar por fuera de la ley. (I)