J.M. Rincón
Así lo ha manifestado este miércoles el secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero, durante una rueda de prensa en la que ha realizado un recorrido por todo el procedimiento que se está llevando a cabo y que tiene como investigadas a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Mabel Deu.
La asociación, la cual se presenta como acusación particular, ha dado a conocer las principales conclusiones tras haber estudiado el sumario del procedimiento iniciado, valorándose las acciones impulsadas por la Fiscalía, tras ser informada por la jefa del Área de Menores de la ciudad autónoma de Ceuta, Maria Antonia Palomo, del presunto incumplimiento de la legislación vigente.
Durante su comparecencia, Escudero ha avanzado que el próximo día 7 de septiembre, tanto Mateos como Deu tendrán que acudir nuevamente a sede judicial para testificar, pero en este punto ha resaltado que para Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado “es tanto o más importante las testificales de la jefa del área de Menores, que precisamente fue la que puso en marcha este proceso al comunicarse directamente con la Fiscalía de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta para alertar de que se estaban cometiendo irregularidades, algo que ratifican todos los que han pasado por las testificales”.
Por este motivo, lo primero que va a llevar a cabo la asociación será la petición de ampliación documental así como una ampliación de testigos, que serán de los diferentes ministerios implicados una vez que estos sean señalados, “ya que sabemos, por más documentos y correos electrónicos, que hay y hubo comunicaciones con hasta cuatro ministerios implicados en todo este procedimiento, algo que se negó por parte del Ministerio del Interior y de los que comparecieron a instancia nuestra ante la Audiencia Nacional”.
Otras de las cuestiones denunciadas por Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado son que, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta en mayo de 2021, se produjo “un gasto desorbitado, superior al 1,8 millones de euros en la acogida, con un gasto inicial de casi dos millones, y del que no tenemos noticia de por qué se hizo con las empresas Fundación Samu y Asociación Engloba, y qué criterios se siguieron”.
A este respecto, Escudero reconocía que “aunque el negociado sin publicidad permite un proceso de contratación de emergencia muy laxo, hemos observado que en algunos puntos podría haberse vulnerado”. Igualmente, como organización, Escudero ha considerado que “se han señalado y se han destapado las vergüenzas de estos diferentes órganos, en concreto de los ministerios del Gobierno de España que han tenido que ver en este asunto”.
Durante la comparecencia, Escudero ha afeado que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta despreciase a las entidades sociales que procedieron a ofrecerse gratis con profesionales cualificados a atender la delicada situación de todos los migrantes que entraron de manera irregular en mayo de 2021, de ahí que avanzara que también pedirán la testifical de funcionarios y funcionarias del Gobierno de Ceuta para que se aclare “el tema de los contratos y los gastos originados, y conocer con quien hablaron, y cuándo y por qué”, ya que tal y como insistió Escudero “ha habido, como mínimo, un extraño uso de los fondos públicos que necesitan más explicación, y por ello pediremos explicaciones en sede judicial”.
El secretario general de Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, sobre esta cuestión considera necesario pedir explicaciones al área de Servicios Sociales de la ciudad autónoma de Ceuta y al Área de Menores, sobre cómo puede justificar técnicamente que “a mayor número de menores tutelados, menor sea el precio, ya que eso no ha pasado ni pasa en ningún centro de menores de ninguna comunidad autónoma de este Estado, y esto es una cuestión vergonzosa que requiere de una explicación objetiva”.
Escudero se mostraba convencido que la actuación llevada a cabo por el Gobierno de España “es contraria a la ley”, y por ello se han adherido al criterio de la Fiscalía, la cual respetan y respaldan plenamente, y se adherirán a las actuaciones puestas en conocimiento por una parte de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que alertaron de esta situación.
Para finalizar, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, tras examinar el sumario, observan por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta y su vicepresidenta primera, y por parte también de la Delegación del Gobierno en Ceuta, “un cúmulo de excusas que tienen como único nexo común que no querían a los niños en la ciudad y que consideraban eso como una invasión”, algo que para Escudero no es más que “la retórica empleada por Donald Trump y algunos grupos de la extrema derecha”.
Como organización humanitaria y social se ha querido trasladar la “hondísima preocupación” generada por este asunto, reiterándose que también han podido observar “incumplimientos de carácter administrativo y de resoluciones de tutelas de la legislación general”, por lo que también pedirán la testifical de las que fueron directoras generales en el ámbito del Gobierno de España en materia de Infancia, a la vista de los escritos que el Ministerio de Derechos Sociales dirigió a otros ministerios oponiéndose a determinadas situaciones y alertando de determinadas actividades”.
Para finalizar, Escudero ha reconocido que este procedimiento se va a alargar en el tiempo, como mínimo un año, poniendo de manifiesto que todo lo que se está viendo hasta el momento es que “esa mala práctica a día de hoy se sigue dando en la ciudad de Ceuta, ya que ni se han cambiado los gestores de los centros, ni se ha tomado ninguna decisión frente a todo lo que se ha expuesto, algo realmente preocupante”.
De momento, las únicas investigadas están siendo la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Mabel Deu, quienes se enfrentarían, al ser investigadas por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada, a penas de entre 12 y 15 años de inhabilitación de cargo público, pero desde Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado se considera que “si la Fiscalía entiende que ambas tienen una responsabilidad penal por ejecutar estas repatriaciones, aquellos que tuvieron impulso, responsabilidad y coordinación, si finalmente se demuestra, también deberán tener responsabilidad penal”, en clara alusión a miembros del Gobierno de España.
Por todo ello, desde la asociación se han mostrado convencidos que les llevará a que, como mínimo, tengan que ser llamados como testigos esos integrantes del Gobierno de España, “y si se dan suficientes elementos probatorios, tendremos que proponer otras calificaciones para esas personas”.
El gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta se ha negado a mantener ninguna reunión con nuestra organización y nos comunicó formalmente, desde que iniciamos acciones judiciales el año pasado, que se anulaba cualquier tipo de relación institucional con nuestra organización, y eso es sectarismo, algo preocupante.
