En la noche del viernes 12 de agosto, el presidente Gustavo Petro reveló ante los empresarios, reunidos en Cartagena en el congreso de la Andi, que aún no había terminado siquiera de leer el organigrama que simboliza la arquitectura del Estado colombiano.
Contó que era una larga lista con más de 140 nombres de máxima confianza. De entonces a acá, son visibles muchos espacios vacíos que corresponden a entidades claves para la marcha del país, incluso aún falta posesionar a la titular de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Precisamente, en fuentes de la Casa de Nariño se da como un hecho la inminente posesión de Mery Janeth Gutiérrez Cabezas en ese cargo. “La vamos a nombrar”, dijo Petro, el pasado viernes y también en Cartagena, en la clausura de la Convención de Asobancaria.
La funcionaria, abogada de la Universidad de los Andes y cuota del partido de La U, llega al cargo con el eco de un ruido que aún no se disipa y puede afectar en mayor medida al Gobierno Nacional.
En el pasado, ella presentó una millonaria demanda que debía dirimir la ANTV, autoridad de televisión que fue liquidada en el 2019. Sus funciones, entonces, fueron asumidas por el Ministerio de las TIC. Se evidencia un posible conflicto de intereses que, sin embargo, Petro dijo tener la respuesta para actuar:
“Cuando haya conflicto de interés se debe declarar impedida la persona que no actúa en los casos donde exista el conflicto”.
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Los dos hechos son ciertos. La funcionaria tiene las posibilidades legales para actuar de manera correcta, pero también está innegables que existen sectores bien informados que cuestionan el nombramiento.
Ella, en su defensa, ha dicho que ya no tiene que ver la empresa Programar Televisión que demandó por $45.000 millones. Ella ha reiterado que renunció a cualquier derecho litigioso que se derive del pleito.
Es un ruido distinto al que ocurre con otro miembro del gabinete. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a quien lo acusan de haber plagiado varios textos en las publicaciones que él ha presentando como propias en amplia carrera profesional.
Guillermo Reyes molesto por retrasos en el aeropuerto El Dorado.
Ministerio de Transporte
Reyes, abogado con doctorado en Derecho y una trayectoria académica, que incluye la rectoría de la Universidad Católica, niega las acusaciones e incluso anunció con demandas legales contra el prestigioso jurista Rodrigo Uprimny, quien lo ha acusado de este delito.
“Petro ha nombrado un gran gabinete. Lamento el de Guillermo Reyes cómo ministro. Plagio recurrente no es falta menor”, dijo argumentó el investigador del centro de estudios DeJusticia, quien ha dicho, además, que su nombramiento es “incomprensible con un gobierno comprometido con el cambio”.
Ante estos cuestionamientos, el ministro Reyes aseguró en La W que se encuentra “bastante cansado” de esta situación con Uprimny, al punto en que aseguró que “el tema lo voy a elevar a denuncia penal”.
“Yo me pregunto, ¿cuál es el interés que tiene él conmigo? Ni siquiera se ha sentado a mostrarme o a comparar conmigo cuáles son las evidencias que tiene. En esta pelea con Rodrigo Uprimny llevo 10 años”, aseguró Reyes.
El caso ha ido creciendo y varios analistas políticos dicen que el presidente Petro sostendrá a Reyes, cuota del Partido Conservador, porque, también hay factores de índole personal. En efecto, detallan que Reyes y su esposa, la sexóloga Carmen Larrazábal, son amigos personales de vieja data de la pareja Petro- Verónica Alcocer.
A estos casos se suman los nombramientos de dos personas que fueron miembros del M-19 y que ahora ocuparan cargos de enorme importancia para la seguridad del país: Manuel Alberto Casanova Guzmán, director del Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, DNI; y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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Casanova, que es filósofo de la Universidad de los Andes, será el encargado de dirigir la inteligencia y contrainteligencia del Estado tanto nacional como internacional mientras que su excompañero de armas, ingeniero químico de profesión, deberá manejar la entidad que se encarga de garantizar la seguridad de los amenazados, incluidos los de oposición.
Un hecho es irrefutable. Tras su desmovilización, el M-19 cumplió a cabalidad su palabra de aceptar las normas legales. Casanova y Rodríguez han sido transparentes como el mismo Petro en participar en la vida democrática al punto de alcanzar por los votos la presidencia. Pero, teniendo en cuenta sus propios perfiles, ¿no hubiera sido mejor ponerlos en otros cargos? ¿No están más capacitados para gestionar otras áreas?
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Manuel Casanova, nuevo director de la DNI.
En buena parte de la sociedad la palabra exguerrillero tiene una carga muy fuerte porque en el imaginario de amplios sectores asocian alzado en armas a todas las siglas que han tenido un papel protagónico en la historia de la violencia: M-19, Farc, Eln, Ado, Epl, etc.
De hecho, el propio Petro ha sido víctima de la estigmatización cuando, por ejemplo, en la campaña, lo agraviaban diciendo que era uno más de las Farc o del Eln.
Está muy bien que quienes dejaron a un lado las armas tengan todos los derechos de cualquier otro colombiano a aspirar a ocupar cargos en la conducción del Estado, pero ¿en los de inteligencia y seguridad personal?
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Son, pues, varios nombres que hacen fruncir el ceño a los observadores en plena luna de miel del nuevo gobierno con sus ciudadanos. ¿El presidente ha medido los riesgos para su gobernabilidad de estas las polémicas designaciones?
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